Blasco, Díaz Alperi y Castedo, al banquillo

Con apenas unas horas de diferencia, tres de los que fueran grandes referentes del Partido Popular de la Comunitat Valenciana han visto confirmado que se sentarán en el banquillo de los acusados. El exconsejero Rafael Blasco lo hará por una pieza del llamado 'caso Cooperación' por el que actualmente ya está en prisión y que analiza el desvío de fondos públicos destinados, mientras que Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, exalcaldes de Alicante, lo harán por el presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad para beneficiar al empresario Enrique Ortiz, que también será juzgado.

En el caso de Blasco, la titular del juzgado de Instrucción 21 de València ha decretado la apertura de juicio oral para 24 personas. A 11  de ellas, incluido el exdirigente popular, se les acusa de formar parte de una organización criminal que habría desviado cerca de cinco millones de euros de fondos que habría tenido que llegar a países en desarrollo y que habrían acabado presuntamente en sus bolsillos, bien en efectivo o en propiedades.

Al que fuera consejero también se le imputan delitos continuados de malversación de caudales públicos, de prevaricación administrativa y de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público. Él, por ejemplo, habría sido uno de los responsables de que el dinero destinado a construir un Hospital en Haití nunca llegara a su destino. Por eso, además de los 16 años de prisión se le pide que junto con el resto de cabecillas asuma una indemnización que pasa de los ocho millones de euros.

La trama de Alicante

En el caso de los exalcaldes populares de Alicante, el titular del juzgado de Instrucción 5 de la ciudad asegura que existen "indicios suficientes" de que la planificación del desarrollo urbanístico se realizó en beneficio de Enrique Ortiz y les acusa de revelación de información privilegiada, de cohecho y de tráfico de influencias. También cree que se aprovecharon de dádivas del promotor.

Tanto el hermano del empresario como el de Sonia Castedo están también entre los acusados y a todos ellos se les pide que aporten solidariamente una fianza de 1,3 millones.

El auto recoge algunas conversaciones entre Castedo y Ortiz en la que la popular le asegura que le han "apañado" algunas cuestiones en el PGOU y acepta la petición del empresario de reunirse con él "y me enseñas y me contestas alguna pregunta que tengo que hacer, que tengo que comprar algo por ahí".

En este caso, el auto es aún recurrible y el juez da ahora 30 días a las partes para que presenten sus escritos y se espera que la fiscalía pida unos 10 años de prisión para los alcaldes, parecido a lo que solicita Esquerra Unida, y dos menos para el empresario. El Ayuntamiento de Alicante pide cuatro años para sus extitulares y cinco para Ortiz