Suiza rechaza extraditar a Gabriel pese a que el Gobierno confía en ello

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, no prevé "ninguna dificultad" para la extradición de Anna Gabriel si Suiza el juez del Supremo Pablo Llarena emitiera una orden internacional para su detención. Una afirmación que choca frontalmente con la posición del gobierno suizo, que ha vuelto a reiterar que no es posible "ninguna extradición ni tampoco ninguna otra forma de ayuda jurídica por delitos políticos".

Folco Galli, portavoz del Departamento de Justicia, se ha reafirmado en las declaraciones del martes en las que descartaba extraditarla. "Incluso si resulta que los hechos alegados contra la señora Anna Gabriel también fueran punibles en Suiza -por ejemplo, en virtud de los artículos 265 o 266 del Código Penal [«cualquier persona que lleva a cabo un acto con el objetivo, mediante el uso de la violencia, de cambiar la constitución de la Confederación"]-, la extradición a España no sería posible", ha zanjado Galli. En declaraciones en los pasillos del Congreso, el ministro Catalá ha recordado que el Estado español tiene un tratado de extradición firmado con Suiza, en el que se establecen los procedimientos y circunstancias para concederla, por lo que si el juez emitiera una orden internacional "no hay que prever ninguna dificultad".

Llarena de momento ha ordenado la detención y puesta a disposicion del Tribunal Supremo de Anna Gabriel, ante su incomparecencia hoy ante el instructor, sin alegar causa legítima que se lo impida. En virtud del articulo 487 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, este tipo de incomparecencias sin causa pueden convertirse en orden de detención. De momento no ha hecho caso de la petición de la fiscalía de que iniciara el procedimiento para pedir su detención y extradición a las autoridades suizas. Pero será detenida si entra en territorio español.

"Determinar si existe doble incriminación"

"No se me ocurre qué podría suceder para que las autoridades judiciales suizas no concedan la extradición de una persona perseguida e investigada por el Tribunal Supremo en España", ha afirmado Catalá al ser preguntado por esta posibilidad. Ha destacado que el derecho de extradición es "propio de sociedades democráticas" y ha explicado que será el juez competente en Suiza quien tendrá que determinar si existe el principio de "doble incriminación", para ver si los delitos por los que "hipotéticamente" se pueda acusar a Gabriel en España existen en ese país.

Pero no prevé dificultades porque el código penal suizo es "propio del siglo XXI", al igual que el español, y contempla los delitos de traición a las instituciones y el Estado. En todo caso, ha puntualizado que aún no se sabe qué delitos se van a atribuir a Gabriel y habrá que ver si luego esos delitos existen y están configurados de manera equivalente en el derecho de Suiza y "si el juez suizo así lo considera".