El juez pregunta si amplía la instrucción de la causa por rebelión a 18 meses

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha decidido consultar a las partes la petición fiscal de declarar compleja la causa abierta por rebelión, sedición y malversación para que la instrucción sobre la declaración unilateral de independencia de Catalunya pueda prolongarse hasta 18 meses, prorrogables. Una circunstancia que no tiene por qué afectar a los plazos barajados por el alto tribunal para dictar el auto de procesamiento contra los considerados sus responsables el próximo mes de marzo.

Según la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la instrucción de las causas debe durar seis meses, salvo si son declaradas complejas, caso en el que el plazo se amplía hasta 18, prorrogables. El Tribunal Supremo comenzó a investigar a la cúpula del 'procés' a raíz de las querellas fiscales presentadas el 30 de octubre contra los entonces miembros del Govern y de la Mesa del Parlament.

Si no se declara compleja la causa, su instrucción tendría que terminar en abril, un plazo que puede ser escaso para tener listos algunos de los informes solicitados, en concreto, los que pueden ser más complicados porque se refieren a las finanzas de la Assemblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural o a la utilización de dinero público para los fines independentistas. La fiscalía lo ha ha pedido por el número de personas investigadas (28), la abundamente prueba documental existente y los investigados fugados, a los que este mismo martes se sumó la exdiputada de la CUP Anna Gabriel.

Procesamiento

En cualquier caso, sea cual sea la decisión final de Llarena, tras escuchar a las partes, la declaración de complejidad de la causa no tiene por qué afectar a los plazos previstos para dictar el auto de procesamiento contra los presuntos responsables del proceso independentista.

Un auto, previsto para marzo, que una vez firme supondrá la suspensión de funciones de los cargos públicos presos o huidos. En este caso, afectaría al exvicepresidente Oriol Junqueras, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, el 'expresident' Carles Puigdemont y el 'exconseller' Toni Comin.

Aunque lo habitual es dictar el auto de procesamiento cuando se dé por concluida la instrucción, lo que dice la ley es que debe pronunciarse en cuanto aparezcan "indicios racionales de criminalidad" contra alguien, por lo que es perfectamente compatible dictarlo entonces contra los imputados que han comparecido ante el alto tribunal e incluso contra los huidos, en rebeldía. 

A Puigdemont y los cuatro 'exconsellers' que le acompañan en su exilio en Bruselas, se ha sumado también la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que a través de un medio ha anunciado que no comparecerá este miércoles como estaba previsto en el alto tribunal. Su incomparecencia supondrá que se dicte contra ella la correspondiente orden de detención nacional e internacional y se reclame su entrega a las autoridades suizas.

Precisamente el momento ideal para reactivar la euroorden anulada contra el 'expresident' y los huidos en Bruselas será entonces, ya que se entiende que el auto de procesamiento es una imputación mucho más delimitada e investigada que la emitida inicialmente por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que fue anulada por Llarena. Previsiblemente ese será también el criterio para reclamar a la justicia suiza la entrega de Anna Gabriel.