Tenso 'impasse' ante el calendario judicial

El farragoso proceso hacia la investidura de un nuevo ‘president’ se ha tomado un receso. A partir de este martes y hasta el miércoles 21 los citados por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena acudirán a prestar declaración como investigados en el proceso que se sigue por el 1-O. En esta segunda oleada están Carles Viver Pi-Sunyer y el exjuez Santi Vidal, la exdiputada de la CUP Mireia Boya (el miércoles), Marta Rovira y Marta Pascal (el lunes 19); Artur Mas y Neus Lloveras (el 20) y, finalmente, Anna Gabriel, el 21. Todos ellos imputados como presuntos miembros del comité estratégico que impulsó el referéndum ilegal. Boya, por cierto, ha señalado este lunes que acudirá al Supremo, pero que “no acatará la Constitución” ni piensa “arrepentirse de nada”.

El parón llega, además, con la tensión entre posconvergentes y republicanos en máximos. En una entrevista, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado, desde su celda del Centro Penitenciario Madrid VII, que rechazaba la posible investidura de Carles Puigdemont por cuanto "es obvio que el Estado jamás permitirá que sea efectiva".

Los efectos de la pausa judicial ya se han dejado notar en las últimas fechas. No es casual que Marta Rovira se halle prácticamente desaparecida. Y es que presentarse, vistos los antecedentes, ante Llarena con un eventual acuerdo para ungir a Puigdemont no hubiera sido el mejor aval para poder volver a Barcelona. 

Euroorden a la vista

Lo judicial, como siempre desde los últimos meses, sigue mandando. Así, este lunes, según ha revelado ‘La Vanguardia’, se ha conocido que Llarena trabaja a marchas forzadas para finalizar la instrucción del sumario y dictar el auto de procesamiento. Eso conllevará, por un lado, que se reactive la euroorden que el propio Llarena guardó en un cajón el pasado cinco de diciembre. Y por el otro, en cumplimiento de la ley de enjuiciamiento criminal, se inhabilitará a los diputados que se hallen en la cárcel o huidos de la justicia. Esto es, Carles Puigdemont, Toni Comín, por un lado, y Oruiol Junqueras y Jordi Sànchez, por el otro.  

En cuanto a lo afirmado por Junqueras a Tele 5, en un cuestionario rellenado hace 15 días, señala que el problema de la presidencia de Puigdemont ”no es si se puede gobernar desde Bruselas o no", sino si sería "una presidencia efectiva". El líder republicano considera que él mismo puede ser candidato válido porque no ha perdido sus derechos como diputado, pero cree que no le corresponde postularse a la Generalitat, y no rechaza renunciar a su escaño si fuera necesario: "Siempre he estado dispuesto a todas las renuncias en beneficio del proyecto colectivo".

Defensa del 'expresident'

Pero el pragmatismo de ERC contrasta con la reivindicación de JxCat de que Puigdemont sea investido 'president' al margen de cualquier circunstancia. Quien fuera su 'conseller' de Territori, Josep Rull, ha vuelto a defender este lunes su legitimidad. "Puigdemont no será un presidente simbólico, será un presidente legítimo y operativo", ha afirmado. En el mismo sentido se ha pronunciado el diputado del PDECat en el Congreso Ferran Bel.

Sin embargo, fuentes posconvergentes también dan por hecho que las negociaciones para la formación del nuevo Govern van a ralentizarse hasta después de las declaraciones en el Supremo. En cualquier caso, Rull y otros dirigentes de JxCat son optimistas, a pesar de que ERC se ha desmarcado de decisiones como la de reformar la ley de presidencia de la Generalitat: "Estoy convencido de que finalmente acabaremos haciendo que este acuerdo sea una realidad".

Entre tanto, JxCat ha presentado ante el Tribunal Constitucional sus alegaciones contra la impugnación de la investidura de Puigdemont. La formación entiende que aceptar el recurso del Gobierno constituiría "una clara extralimitación del ejercicio de control de la constitucionalidad", y que sería una actuación "preventiva, fundamentada en situaciones hipotéticas". El abogado de los posconvergentes, Jaume Alonso-Cuevillas, se apoya, entre otros textos jurídicos, en el dictamen del Consejo de Estado.