Exdirectivos de Cofely confiesan ante el juez los pagos por contratos municipales

Durante toda la semana el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha tenido la oportunidad de oír cómo los exdirectivos de la empresa Cofely imputados en el 'caso Púnica' admitían con toda normalidad cómo pagaban comisiones a cambio de contratos de eficiencia energética en un total de 10 municipios madrileños y el extremeño de Almendralejo. Se encubrían con facturas falsas que se incluían en el concepto 'Business Plan'

Hasta tal punto llegó la confesión del exdirector de Desarrollo e Innovación de Cofely Constantino Álvarez y su subordinado Pedro García que el magistrado no dudó en preguntar al primero si la práctica presentada como habitual y generalizada de redactar ellos mismos los borradores de los pliegos de condiciones de los concursos públicos, que debían hacer los responsables municipales, no le suponía problemas morales o éticos. Según fuentes jurídicas, el imputado respondió que sí y que cuando llevaba año y medio de trabajo pensó en dejarlo, pero no lo hizo.

García, que este viernes continuó compareciendo ante el juez y volverá a hacerlo el próximo, aseguró que la práctica de redactar los pliegos para asegurarse la adjudicación a cambio de una comisión se utilizó en Brunete, Moraleja de Enmedio, Serranillos, Casarrubuelos y Almendralejo. 

De Moraleja dijo en concreto que un intermediario les pidió 40.000 euros para el que era su alcalde, Carlos Alberto Estrada, también imputado, y otros 40.000 para él, pero que el constructor y principal conseguidor de la Púnica, David Marjaliza, logró la adjudicación de 30.000.

Pero se cuidó de implicar en estas prácticas al exalcalde de Alcalá de Henares Bartolomé González, actual diputado autonómico por el PP de Cristina Cifuentes, pese a que Cofely también hizo el informe de eficiencia energética de la localidad y era uno de los que tuvo más coste, 13,9 millones de euros.

La Guardia Civil en uno de sus informes atribuía un pago a González de 60.000 euros por trabajos contratados con una de las empresas de Marjaliza que nunca se hicieron. También exculpó y con vehemencia García al que era asesor del asesor jurídico del Ayuntamiento, Fernando García Rubio. 

Autorización de París

Tanto Pedro García como Constantino Álvarez coincidieron en declarar ante el juez cuando se trataba de pagos de cuantías importantes se debía informar a París: cuando el importe era superior a 500.000 euros se debía comunicar, mientras que si alcanzaba el millón de euros debía contar con autorización expresa.

Ambos implicaron en la operación al exdirector general de Cofely Didier Maurice, también imputado en la causa. El empresa implicada en las prácticas corruptas, según sus exdirectivos, es filial de la multinacional francesa GDF.

Ninguno mencionó en ningún momento al principal imputado del 'caso Púnica', el exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados, que declarará otra vez en la causa el próximo lunes.