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CAUSA POR REBELIÓN

El Supremo puede reactivar la euroorden contra Puigdemont tras procesarle

El magistrado puede reactivarla en cualquier momento, pero lo ideal es una vez perfilada la imputación

Se espera que el auto se dicte en marzo y al adquirir firmeza suponga la suspensión de los diputados

Ángeles Vázquez

Carles Puigdemont, reunido en Bruselas con los diputados de JxCat

Carles Puigdemont, reunido en Bruselas con los diputados de JxCat / YVES HERMAN (REUTERS)

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena tiene una baza todavía por jugar contra el 'expresident' catalán Carles Puigdemont, que lejos de dar signos de su disposición a entregarse a la justicia española parece cada vez más dispuesto a prolongar su estancia en Bruselas. Esa baza es reactivar la euroorden que dejó en suspenso al hacerse cargo de la totalidad de la causa por rebelión, sedición y malversación por la que tiene imputados a las 28 personas que considera responsables del intento de secesión de Catalunya.

Fuentes del alto tribunal señalan que el momento óptimo para proceder a hacerlo será una vez dictado el auto de procesamiento, sin necesidad de esperar a que sea firme, porque Puigdemont, al estar huido y no estar personado en el procedimiento, ni siquiera podrá recurrirlo, lo que implica que los hechos que se le atribuyan como "líder" del plan secesionista serán inamovibles al menos en lo que a él conciernan.

Si los cálculos del Supremo no fallan, esa resolución se dictará en marzo y cuando adquiera firmeza, lo que no se demorará en demasía teniendo en cuenta que este es el único sumario que instruye el alto tribunal, supondrán la suspensión automática de los diputados elegidos el pasado 21-D que aún no han renunciado a su escaño y sigan presos, como parece que ocurrirá según las últimas resoluciones del juez Llarena. Son las dictadas respecto al 'exconseller' Joaquim Forn y al expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez.

Tanto este, como el exvicepresidente Oriol Junqueras y los huidos que aún no han renunciado al escaño, el propio Puigdemont y el 'exconseller' Toni Comín, son los directamente afectados. Contra ambos se dictó auto de prisión para acompañar a las euroordenes anuladas y se les considera por las fuentes consultadas en la misma situación que los presos. 

La carta que jugará Llarena entonces es que los hechos que se ofrezcan a la justicia belga ya no serán una mera imputación, un simple formulario rellenado para cumplir los requisitos de la euroorden, sino la imputación construida sobre "indicios racionales de criminalidad" tras siete meses de instrucción. De esta forma, las autoridades belgas ya podrán pronunciarse sobre la reclamación española con todos los datos -atestados e informes policiales, declaraciones de imputados y de testigos- en los que se basa para procesar a los responsables del concierto necesario con su correspondiente reparto de tareas para llegar a la declaración de independencia.

No tendría sentido que el alto tribunal no intentara utilizar todos los medios a su alcance para tratar de poner a disposición de la justicia española al considerado máximo responsable de la rebelión investigada, y más sabiendo dónde se encuentra. Aunque el momento de hacerlo será una vez fortalecida la acusación que pesa sobre él con el auto de procesamiento.

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