López Madrid trata de justificar con asesoramientos en Valdemoro las presuntas mordidas

El expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir y su yerno, el exconsejero delegado de la compañía Javier López Madrid, han coincidido este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en negar el pago de comisiones a cambio de adjudicaciones de contratos públicos de la Consejería de Transportes de Madrid, cuando la dirigía Francisco Granados, pese a que así lo declaró su socio durante años, el constructor David Marjaliza, informaron fuentes jurídicas. 

Estas prácticas presuntamente corruptas también aparecieron en el caso hermano de Púnica, Lezo, donde se escuchó al expresidente madrileño Ignacio González contar que este pago de comisiones se lo había confirmado el propio López Madrid.

Sin embargo, ante el magistrado, López Madrid aseguró con vehemencia, según fuentes presentes, que todos los pagos que recibió de Marjaliza se debían a labores de asesoramiento inmobiliario para la construcción de casas en Alemania. Lo que resulta más chocante es que también se atribuyó estas labores en el feudo de Majaliza, Valdemoro, y la cercana población de Parla.

El magistrado Diego de Egea, refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, les imputó a ambos por los delitos de prevaricación, malversación, fraude, cohecho, organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación de documentos mercantiles y tráfico de influencias en el 'caso Púnica'.

También declararon Rafael Martín de Nicolás, expresidente de Construcción de Obrascón Huarte Lain (OHL), y Antonio Martín Jiménez, directivo de Obrum, empresa esta última vinculada a Marjaliza. Fuentes jurídicas señalaron que pese a que todos negaron cualquier irregularidad discreparon a la hora de explicar el motivo de los pagos: unos hablaron de ventas de empresas, otros de la clasificación y López Madrid, de asesoramientos.

Última confesión

El pasado 17 de enero el constructor, que desde 2015 colabora con la Justicia, dijo que tanto él como Francisco Granados y Javier López Madrid, se repartieron una comisión de 3,6 millones de euros por la adjudicación a una empresa de Marjaliza de tres obras de Metro de Madrid en 2004. Se refirió al Metro Ligero a la localidad de Boadilla del Monte, el tramo 1-B del Metro Norte y el 1-C de la conexión entre la Línea 10 y el Metro Sur.

Con su declaración, De Egea redactó un auto en el que decía que de las pesquisas desarrolladas se deduce que Granados, "abusando de su posición" al frente de esta Consejería, garantizó un lote de adjudicaciones a favor de la empresa Obrum a cambio del pago de "importantes comisiones". En dicho concierto participaría Javier López Madrid que aportó las calificaciones precisas que ostentaba la mercantil Elsan, del Grupo Villar Mir, para que la empresa de Marjaliza pudiese presentarse a los concursos, que se acomodarían a su favor.

El juez recordaba que la constructora OHL aparecía como donante del Partido Popular madrileño de acuerdo con las anotaciones recogidas en la agenda intervenida a Granados, lo que se investiga en el 'caso Púnica' en la pieza que investiga la presunta financiación irregular del PP madrileño.

Entramado empresarial

Durante su declaración, mientras Villar Mir menospreciaba las cantidades inferiores a tres millones de euros, indicando que en cantidades similares no era necesario ponerlo en conocimiento del consejo de administración, López Madrid aportaba facturas para tratar de neutralizar las que entregó Marjaliza.

Las intervenciones telefónicas permitieron revelar que el exconsejero delegado de la empresa pública Mintra Jesús Trabada, constituyó la empresa Bustren que se capitalizó presuntamente con dinero de procedencia ilícita aportado por él mismo, por López Madrid y por Granados. Mintra fue la entidad a través desde la que se adjudicaron los contratos licitados para la construcción determinadas líneas de metro.

El magistrado también menciona los correos cruzados en enero de 2011 entre Rafael Martín de Nicolás, quien fuera ejecutivo de la constructora de OHL, López Madrid e Ignacio Palacios, entonces consejero de Arpegio, de cara a que la empresa Elsan, perteneciente al Grupo de Villar Mir, resultase adjudicataria de los contratos licitados por Arpegio.