La fiscala jefa de BCN frena una investigación contra García Albiol

La hasta la semana pasada fiscala jefa de Barcelona, Anna Magaldi, frenó en noviembre del año pasado una investigación abierta contra el actual diputado del PP en el Parlament, senador y exalcalde de Badalona, Xavier García Albiol, y también contra el director del Institut Català del Sol (Incasol), Damià Calvet, por el presunto trato de favor al club de baloncesto Joventut a través de ayudas con fondos públicos a una fundación y operaciones urbanísticas especulativas. La que era máxima responsable de la fiscalía provincial, ahora jubilada, decretó el archivo de este procedimiento con la oposición del fiscal delegado de medio ambiente y urbanismo de Catalunya, Antoni Pelegrín, que, tras más de dos años de pesquisas, fue apartado del caso y que consideraba que se habían acreditado la existencia de varios delitos, como el de malversación de fondos públicos, fraude y prevaricación.

La decisión por parte de Magaldi de archivar las actuaciones contra García Albiol ha llegado a la Fiscalía General del Estado, según ha podido saber EL PERIÓDICO. Un sector de la fiscalía sostiene que la actuación de la que era fiscal jefe de Barcelona, no fue la correcta, pues el asunto debería haber sido trasladado, como solicitó el fiscal Pelegrín, a la Fiscalía Anticorrupción y que fuera este organismo el que decidiera si debía seguirse adelante con la investigación.  Eso no se hizo y el caso fue archivado directamente por la jefa de la fiscalía barcelonesa bajo el argumento de que los hechos investigados podrían haber “irregularidades” e “ilegalidades” pero administrativas, no penales. Entre las anomalías, cita la "ausencia" del control de ayudas públicas. El carpetazo fue ratificado por la Fiscalia Superior de Catalunya.

La investigación contra García Albiol se inició el 12 de junio del 2015 a raíz de una denuncia ante la fiscalía de la Asociación de Propietarios de la Unidad Residencial Mas Ram de Badalona-Tiana . La fiscala jefa, Anna Magaldi, incoó las diligencias y delegó la investigación a Antoni Pelegrín, delegado de urbanismo en Catalunya y experto en esta materia. Desde entonces hasta noviembre se reunió documentación sobre el supuesto trato a favor y, sobre todo, en referencia a una serie de operaciones urbanísticas destinadas a proporcionar beneficios económicos al club de baloncesto, que presentó concurso de acreedores en el 2010 por las deudas que tenía.

Especulación inmobiliaria

La denuncia detallaba, en síntesis, que el Ayuntamiento de Badalona y el Incasol habrían venido desarrollando operaciones inmobiliarias de “marcado signo especulativo” con el “único y exclusivo fin” de beneficiar económicamente al Joventut. Al entender del fiscal Pelegrín, estas actuaciones “eran contrarias a los más elementales principios que rigen el derecho urbanístico”, en tanto priorizan el interés económico del club de baloncesto “en detrimento de los ciudadanos de Badalona”. Se da la circunstancia que García Albiol había jugado en las categorías inferiores de este club.

Antes estos indicios, el fiscal Pelegrín instó en junio del 2017 que se trasladara el caso a la Fiscalía Anticorrupción por la "existencia de indicios de criminalidad". En un principio, recibió el beneplácito de sus superiores en la fiscalía de Barcelona. Sin embargo, al cabo de unos meses, la fiscala jefa  le ordenó que archivara el caso porque las irregularidades detectadas no eran relevantes a nivel penal. Ante la negativa del fiscal de urbanismo de acatar ese mandato, Magaldi le apartó del asunto y cerró la  investigación. Mientras un sector de la fiscalía opina que esta actuación contraviene la normativa que rige esta institución, otro defiende que como fue la fiscal jefe abrió las diligencias, ella puede decidir. 

Tres fases

Los hechos investigados se remontan a 1998-1999, cuando se iniciaron contactos entre el Ayuntamiento de Badalona, cuya alcalde era la socialista Maite Arqué, y el Joventut, presidido por Jordi Villacampa, con la finalidad de procurar que el club pudiera obtener recursos económicos. Fruto de estas conversaciones, en enero del 2002 el consistorio creó la fundación 'Badalona, Capital Europea del Basquet', en la que participaba el club. Un objetivo era ejecutar un proyecto comercial en unos terrenos municipales. Según el fiscal Pelegrín, la fundación sirvió para destinar fondos públicos al Joventut.

De las investigaciones se desprenden, a su parecer, la “clara voluntad por parte de responsables políticos de distintas administraciones públicas (especialmente del Ayuntamiento de Badalona y del Incasol) de ayudar económicamente de manera claramente ilícita” al Joventut. En su opinión, el proceso de Wayudas públicas ilegales" al club se puede dividir en tres fases: la utilización de la fundación (a la que se adjudica “directamente y gratuitamente” el uso de terrenos municipal), la promoción de una operación urbanista en el barrio de Mas Ram, que resultó fallida, y otro proyecto inmobiliario en el Pomar .