El Constitucional se reúne este martes para decidir 'in extremis' si da marcha atrás con Puigdemont

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido que volverá a reunirse este martes a la una en sesion plenaria, tan sólo dos horas antes de que comience la sesión de investidura prevista en el Parlament, para dar respuesta al escrito que en la tarde de este lunes le remitió Carles Puigdemont y los diputados electos de Junts per Catalunya (JxCat), solicitando que se deje sin efecto el auto recién dictado en torno a la investidura. Dicho auto prohibe cualquier intento de ser investido que no sea presencial y advierte de que si el 'expresident' decide presentarse en el Parlament, previamente deberá pedir permiso en el Supremo.

Ante esto, el Alto Tribunal ha optado por conceder a las demás partes personadas, la Abogacía del Estado y la Cámara catalana, un nuevo plazo hasta las once de la mañana de este martes para que puedan presentar también sus propias alegaciones. A continuación se reunirán los magistrados y habrán de determinar con la presión del reloj sobre ellos si suspenden o no las medidas cautelares que ellos mismos dictaron el pasado sábado.

Esto se ha conocido en la misma jornada en que se ha hecho público ese auto en el que el TC justifica la decisión que adoptó de impedir la investidura telemática de PuigdemontPuigdemont y de avisar que, en caso de decidir regresar a España, el político catalán tendrá que pedir plácet judicial para poder optar en el Parlament a renovar el cargo del que fue destituido. El Alto Tribunal admite que no existe precedente de lo que determinó hace 48 horas, esto es, aplazar la decisión sobre si admite o no a trámite un recurso del Ejecutivo y, sin embargo, aceptar poner en marcha medidas cautelares por entender que existen "razones de urgencia" y que si no pusiera por el momento freno a una posible investidura a distancia este martes se podrían "causar daños de imposible o difícil reparación"en caso de finalmente tramitar la impugnación del Ejecutivo central.

El Alto Tribunal argumenta, en los fundamentos jurídicos de la resolución que, por un lado, aplaza su decisión sobre la admisión a trámite diez días para no dañar los "derechos e intereses legítimos" de los diputados del Parlament que solicitaron la personación, de forma que en ese plazo podrá estudiar alegaciones de los parlamentarios pero también del Gobierno central y del Parlament catalán.

No obstante insiste en que para no "malograr" la prerrogativa gubernamental que, según el artículo 161.2 de la Carta Magna, tiene derecho a  reclamar la suspensión de las disposiciones de las Comunidades Autónomas hasta que haya fallo del Constitucional, se decide adelantar unas serie de medidas cautelares que dejen claro que no será posible una investidura telemática al menos hasta que haya pronunciamiento oficial sobre si se admite o no a trámite el recurso de La Moncloa.

Fruto de un largo debate

Aún van más allá en las medidas cautelares los magistrados del TC cuando apuntan que aún en caso de que Carles Puigdemont -que ha pedido amparo a Torrent- decidiera cambiar de planes y regresar a España para tratar de ser investido no podrá hacerlo legalmente, insisten, si previamente no ha recibido la autorización expresa para ello del juez del Tribunal Supremo que instruye su caso. Tampoco se le permitirá ni a él ni a cualquier otro diputado huído sobre el que pese orden de busca y captura la posibilidad del voto delegado.

Esta decisión se dio a conocer, de forma resumida, en la noche del sábado, después de seis horas de un debate de seis horas de duración, inédito también para decidir si un recurso se admite o no trámite, extremo que además quedó aplazado. 

Ahora el auto completo va a ser notificado a todos los integrantes de la Mesa de la Cámara de Catalunya, incluído su presidente, a los que se recordará los riesgos legales a los que se enfrentan si decidieran desobeceder alguna de las medidas cautelares dictadas por el Constitucional. Asimismo se les recalca que más allá de las responsabilidades a los que ellos tuvieran que hacer frente si le dan la espalda a este auto, se declararía "radicalmente nulo y sin valor y efecto alguno" cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga lo decidido.