El Consejo de Estado avisa de que al TC no le gustan los recursos "preventivos"

El Consejo de Estado avisó el jueves al Gobierno de que el paso jurídico que se disponía a dar, la presentación de un recurso contra la simple propuesta de Carles Puigdemont como aspirante a la investidura, puede encontrarse con problemas en el Tribunal Constitucional (TC) por tener un carácter "preventivo o hipotético". "Entraría dentro de lo que el TC considera impugnaciones preventivas o hipotéticas, habida cuenta de que no cabe sostener, más allá de una mera presunción, que el candidato propuesto no vaya a hacer acto de presencia en la Cámara", se apunta.

Pese a esta advertencia, se ha decidido seguir adelante con una arriesgada estrategia jurídica. Tanto que el propio Mariano Rajoy defendió el miércoles tesis parecidas a las alegadas por el Consejo de Estado en una entrevista radiofónica, para cambiar 24 horas después de posición. ¿Por qué? Ningún miembro del Gobierno ni de los partidos que han dado apoyo al recurso, PSOE y C's, entra de momento a especificar qué propició este llamativo cambio.

Este viernes la vicepresidenta apuntó desde la Moncloa que se hace para defender a España y la legalidad vigente y evitar un nuevo "desafío" de Puigdemont con una investidura, argumentos claros pero que también eran válidos hace días, cuando el Ejecutivo no se planteaba recurrir si no había un escrito de la Mesa del Parlament que dejase constancia explícita de que el 'expresident' no haría acto de presencia en la Cámara. O que pretendía delegar el voto. Es más, el Gobierno había asumido que seguramente tendría que impugnar en el TC una vez iniciado ya el Pleno del martes. Sin embargo, algo hizo que modificara lo previsto para tratar de evitar, a toda costa, que Puigdemont protagonice esa sesión parlamentaria.

El estar presente y el voto delegado

Dicho cambio propició que se instara al Consejo de Estado a emitir tres dictámenes distintos. Uno sobre un recurso para frenar "un fraude ley" contrario al orden constitucional, esto es, la propuesta para la investidura de una persona sobre la que pesa una orden de busca y captura y que, en caso de pisar suelo español para tratar de revalidar el cargo, podría ser detenido. Y otros dos sobre si un aspirante puede explicar su programa telemáticamente y si políticos huidos pueden o no delegar el voto.

En torno a estas cuestiones, el Consejo de Estado responde que el candidato tiene el deber constitucional de acudir en persona al debate de investidura; es más, su presencia "es un requisito de validez del acto de otorgamiento de la confianza parlamentaria". Tampoco avala el voto delegado. Eso sí, insiste ante el Ejecutivo en que no se debe entrar en hipótesis sobre lo que hará o no Puigdemont a la hora de recurrir ante el Constitucional y que es peligroso dar como "hecho cierto" que no estará en España el día 30.

"El Consejo debe hacer notar la diferencia entre la verosimilitud de una previsión y la certeza de su realización", apostilla. Alerta, además, el órgano consultivo sobre el riesgo de dar "por seguro" que el candidato será detenido y cuáles serán "las decisiones judiciales que puedan adoptarse en el futuro".