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CASO GÜRTEL

La fiscalía se remite al final del juicio para decidir si actúa contra Camps

La prescripción de los delitos juzgados dificulta actuar penalmente contra el expresidente valenciano

El juicio entra en una nueva fase en el que la exgerente del PP niega la financiación ilegal del partido

Ángeles Vázquez

Álvaro Pérez Alonso, ’el Bigotes’, Pablo Crespo y Francisco Correa, el lunes en el juicio por la ’Gürtel’ valenciana en San Fernando de Henares (Madrid).

Álvaro Pérez Alonso, ’el Bigotes’, Pablo Crespo y Francisco Correa, el lunes en el juicio por la ’Gürtel’ valenciana en San Fernando de Henares (Madrid). / EFE / FERNANDO ALVARADO

La Fiscalía Anticorrupción quiere esperar a que concluya "la totalidad de la práctica de la prueba propuesta por las partes" en el juicio del 'caso Gürtel' relativo a la financiación ilegal del PP en València para pronunciarse sobre una hipotética responsabilidad penal del expresidente de la Generalitat Francisco Camps, según informó la Fiscalía General del Estado. Tanto su número dos en el partido, Ricardo Costa, como el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, 'el Bigotes', le atribuyeron ante el juez central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, la creación de la maquinaria utilizada por el PP de la Comunitat Valenciana para financiarse en b y con facturas pagadas por empresarios adjudicatarios de obra pública.

En este procedimiento, en el que Camps comparecerá como testigo de la defensa, será muy complicado actuar penalmente contra el expresidente valenciano, según fuentes jurídicas. Nueve empresarios, el jefe de la 'trama Gürtel', Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo; Costa, y 'el Bigotes' admitieron que se cometieron tres delitos electorales, por las campañas municipales y autonómicas del 2007 y las generales del 2008. Para que los empresarios pagaran los servicios realizados en realidad al PP se hicieron facturas falsas, lo que supone otro delito de falsedad documental. Pero todos han prescrito sobradamente.

Algunas fuentes apuntan a la posibilidad de que se pudiera abrir un nuevo procedimiento por cohecho, malversación o prevaricación, pero tampoco parece probable que no hayan prescrito, al tratarse de hechos cometidos hace 10 años. El plazo de prescripción a tener en cuenta sería el vigente entonces y no el fijado en la última reforma.

Lo que sí es más fácil es que se puedan incorporar al 'caso Taula' -donde se investigan, entre otros delitos, el blanqueo presuntamente cometido por el PP del Ayuntamiento de València en los tiempos de Rita Barberá- las declaraciones de Costa relativas a cómo se financió el PP con dinero negro y facturas giradas a empresarios que pagaban los servicios que Orange Market prestaba al partido. Aunque Costa no mencionó València, sí contó cómo se pagaron gastos electorales municipales de CastellónAlicante y Elda

Negar la mayor

El juicio entró este jueves en una nueva fase, en la que los acusados empezaron a negar las acusaciones que dirige en su contra Anticorrupción. La gerente del PP valenciano entre 1995 y 2015, Cristina Ibáñez, negó que existiera un sistema de financiación irregular o haberlo creado.

Ofendida por la declaración del expresidente de Les Corts Vicente Rambla, que calificó de "chapuza" las campañas electorales juzgadas, Ibáñez aseguró que el único efectivo que ingresaba en las cuentas del partido era el procedente de donativos anónimos legales, inferiores a 3.000 euros, según lo que ordena el Tribunal de Cuentas.

Sostuvo que, cuando Costa y Adela Pedrosa fueron nombrados vicesecretario y secretaria general del PP valenciano en el 2004, les informó del sistema de financiación "legal", porque no existía ningún otro y aseguró que ella solo pagaba facturas tras recibir el visto bueno de Costa sobre cada evento.

La vista había comenzado con una peregrina petición de 'el Bigotes' para someterse a un careo con Rambla relacionado con el pago de 350.000 euros del empresario Enrique Ortiz. Fue rechazado por innecesario.