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Mariano Rajoy y Albert Rivera, el pasado 7 de septiembre en el Palacio de la Moncloa

DAVID CASTRO

DESDE MADRID

Rivera encarece el precio de su apoyo a Rajoy tras el 21-D

C's reclama para apoyar las cuentas 500 millones para equiparación salarial policial

La prioridad del partido naranja es que la reforma electoral esté lista el 30 de junio

José Antonio Zarzalejos

Cuando este jueves Albert Rivera cruzó el umbral de la puerta del Palacio de la Moncloa lo hizo con una inédita capacidad de interlocución frente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El catalán presentó sus nuevas cartas credenciales: además de sus 32 escaños en el Congreso, los 36 diputados en el Parlament respaldados por 1.100.000 votos, 365.000 más que en los comicios del 27-S de 2015, de los que al menos 200.000 han procedido de anteriores votantes de los conservadores. La situación política española ha experimentado un cambio cualitativo a propósito del 21-D: Ciudadanos se encuentra en condiciones de exigir con más autoridad y mayor capacidad de intimidación política el cumplimiento de los 150 "compromisos para mejorar España" que firmaron el 28 de agosto de 2016 Juan Carlos Girauta y Rafael Hernando.

La investidura de Rajoy se acordó tras negociar ese documento cuyo cumplimiento se calcula no ha superado, después de casi año y medio de vigencia, el 25% de sus previsiones. De ahí que el líder de Ciudadanos acudiese a la Moncloa, no solo a respaldar al Gobierno en la aplicación del 155 en Catalunya, asunto en el que se mantiene la sintonía, sino también para acelerar el ritmo de ejecución de los pactos de agosto del año pasado. Hasta el momento, tanto el Gobierno como el PP han venido arrastrando los pies en la aplicación de los compromisos asumidos con Ciudadanos, no tanto en los aspectos socioeconómicos, como en los políticos: regeneración democrática y reformas institucionales.

Equiparación salarial policial

Rivera exige a Rajoy, además de la aprobación en 2018 del nuevo sistema de financiación autonómica, determinadas condiciones para apoyar los Presupuestos Generales del Estado para el 2018. Para Ciudadanos es "condición imprescindible" que se contemple una partida de 500 millones de euros para la equiparación salarial entre la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional y la Guardia Civil.

En la actualidad, el diferencial salarial entre los policías autonómicos y los estatales es de un 30% a favor de los primeros, una "falta de equidad" que Ciudadanos se ha comprometido solemnemente a suprimir. C's ha comunicado al Gobierno que sin esa equiparación no apoyará las cuentas del próximo año, que requerirán también del concurso del PNV, todavía en el aire mientras sigan vigentes en Catalunya las medidas amparadas en el artículo 155.

La ley electoral

Para Rivera es también prioritario que el 30 de junio de 2018 esté listo el dictamen de la subcomisión del Congreso que estudia la reforma de la ley orgánica de régimen electoral general (1985), aprobada por el Congreso en marzo y constituida el pasado mayo. Los trabajos van a marcha lenta y de ahí que Ciudadanos quiera tener la seguridad de que en la legislatura actual se apruebe una nueva ley que permita acudir a unos comicios generales con mayor proporcionalidad.

El cambio de la LOREG es también de vital importancia en Catalunya porque prima de una manera "absolutamente injustificable" a las opciones nacionalistas y penaliza el voto urbano, especialmente de Barcelona y su área metropolitana. “Sin la actual ley electoral –según fuentes de Ciudadanos- los independentistas no hubieran tenido mayoría absoluta”. Catalunya es la única comunidad autónoma que no ha aprobado su propia ley electoral.

La reforma constitucional

Ciudadanos también seguirá participando en la comisión de estudio del modelo territorial que se aprobó por el Congreso el 15 de noviembre y que preside el socialista José Enrique Serrano. No obstante, Rivera está incómodo con la marcha de esta comisión. Por una parte, Ciudadanos desea que se abra el angular y que no se debata solo una posible reforma constitucional con el foco puesto en Catalunya, y por otra, quiere extender la discusión a otros aspectos de la Carta Magna que "regeneren" la democracia como la supresión de los aforamientos políticos, aunque mantendría los llamados "profesionales" (magistrados), pero reduciéndolos también. Además, exige al PP el saneamiento de las personas implicadas --muchas en calidad de imputados-- en casos de corrupción.

El presidente Rajoy se  abstuvo de recomendar a Rivera que Inés Arrimadas "tome la iniciativa" en las negociaciones para formar el Govern de la Generalitat. Para Ciudadanos es una "ocurrencia" que la aritmética hace imposible y sostiene que resulta especialmente improcedente que se reclame por un partido cuyo presidente se negó a intentar su investidura cuando el Rey se lo pidió tras las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015. Arrimadas está dispuesta, eso sí, a "pelear por la presidencia del Parlament" aunque en Ciudadanos se reconoce que "será difícil, por no decir que imposible, lograrlo".

Con la vista en el 2019

En el PSOE consideran que Ciudadanos ha dado el 'sorpasso' a Podemos y que, por ello, dispone de una mayor capacidad de presión sobre el PP para que "haga política" tanto en Catalunya como en el conjunto de España. Rivera y la ejecutiva de su partido son conscientes de que tras el 21-D los términos de su relación con el PP han cambiado y les permiten, no solo una mayor influencia en las decisiones gubernamentales, sino capacidad de presión para que se cumplan los 150 compromisos acordados con los conservadores.

Para Ciudadanos, la ejecución de una parte sustancial del acuerdo con el PP del 28 de agosto de 2016 es esencial para enfrentar las elecciones autonómicas y municipales del 2019 y, eventualmente, las generales que podrían también celebrarse ese año si el Gobierno no revalida el pacto presupuestario. Catalunya y la victoria de Ciutadans el 21-D ha transformado el escenario de la política española.

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