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TERRORISMO YIHADISTA

Zoido anuncia una reforma de extranjería para evitar casos como el del imán de Ripoll

El ministro también presenta otras medidas como un registro de hospedajes y de alquiler de vehículos a motor

Los partidos nacionalistas no asisten a la reunión y el resto se compromete a estudiar las propuestas

Ángeles Vázquez

Reunión del pacto antiyihadista, presidida por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

Reunión del pacto antiyihadista, presidida por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. / JOSÉ LUIS ROCA

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, anunció este miércoles tras la reunión del pacto antiyihadista una serie de medidas destinadas a prevenir atentados como los de Barcelona y Cambrils del pasado verano. Entre ellas, destaca una reforma de la ley de extranjería para evitar lo que llamó "vacíos legales", como el que permitió al imán de Ripoll Abdelbaki Es Satty evitar su expulsión tras cumplir una condena por drogas en Castellón.

El supuesto "vacío legal" consistió en que 2015 un juez anuló su expulsión al entender que debía considerársele residente de larga duración, lo que obligaba a demostrar su potencial peligrosidad, sin que se pudiera hacer de forma automática tras un delito. La abogacía del Estado no recurrió el fallo y la persona a la que se atribuye el adoctrinamiento de los jóvenes terroristas de Ripoll permaneció en España. De los contactos del CNI con el imán mientras estuvo preso no se habló en la reunión.

Vuelos, explosivos y alquileres

El ministro también planteó transponer a la legislación española una directiva europea sobre transmisión de datos de reserva de vuelos para detectar a sospechosos de terrorismo, así como modificar los reglamentos de precursores de explosivos y de drogas. Además, propone crear registros de personas que hospeden y que alquilen vehículos a motor. En Barcelona, los terroristas compraron grandes cantidades de acetona, necesaria para fabricar el explosivo TATP, conocido como la 'madre de Satán', y alquilaron cuatro furgonetas sin que saltara ninguna alarma.

La batería de medidas incluye la reforma de la ley de protección ciudadana y del registro de ministros de culto de entidades religiosas, en el que, como los sacerdotes católicos, constan los imanes, pero solo los que realizan actos que deben ser inscritos, como los matrimonios. Con la modificación del reglamento de distribución de gases licuados del petróleo se controlarían mejor las bombonas de butano que los terroristas almacenaban en el chalé de Alcanar (Montsià).

También se mostró a favor de reformar la ley general penitenciaria, de la que, dijo, ha sido "uno de los mejores instrumentos en la lucha contra el terrorismo". Todo ello para "garantizar los cuatro objetivos estratégicos: prevenir, proteger, perseguir y preparar".

Sin nacionalistas en la reunión

Pese a que el gran bloque de estudio se dirigía a evitar atentados como los del verano entre sus interlocutores no estuvieron los partidos nacionalistas. El PNV, el PDECat y ERC rechazaron la invitación de asistir como observadores. Sí lo hizo el representante de Podemos, Rafael Mayoral, que destacó la importancia de "haber encontrado un espacio común de trabajo" y pidió "un esfuerzo para incorporar a más grupos, que comparten la misma filosofía" contra el terrorismo yihadista, aunque no suscriban el pacto.

La polémica de la víspera sobre la asistencia de observadores se quedó en nada y solo los representantes del PP, Rafael Hernando, y de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, lamentaron la falta de compromiso de los que se niegan a rubricar el acuerdo. Este último propuso crear un observatorio para determinar si las reformas propuestas supondrán un menoscabo de los derechos y libertades de los ciudadanos, e incorporar el fenómeno 'ocupa' entre las cuestiones a analizar, ya que es como la célula de Ripoll accedió al chalé de Alcanar donde preparó los explosivos.

Por el PSOE, Adriana Lastra, se felicitó por que a finales de enero o principios de febrero se volviera a reunir el pacto antiterrorista. Aseguró que su partido estudiará las medidas presentadas por el ministro, ya que es consciente de que algunas son de "gran envergadura", como las que afectan a la ley de extranjería y la de protección ciudadana, y el PSOE quiere conciliar la seguridad de los ciudadanos con el mantenimiento de sus derechos y libertades. 

La reunión anterior del pacto antiyihadista se celebró el 21 de agosto, cuatro días después de los atentados de Barcelona y Cambrils en los que murieron 16 personas y unas 150 resultaron heridas.

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