La Guardia Civil sitúa a Rovira y Mas en la cúspide del proceso independentista

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ya tiene en sus manos el informe de la Guardia Civil que describe pormenorizadamente cómo se desarrolló el proceso independentista y qué papel jugó cada uno de sus protagonistas, como la número dos de la lista de ERC, Marta Rovira, o el expresidente de la Generalitat Artur Mas, hasta llegar a la declaración unilateral de independencia. Con él el magistrado podrá decidir si amplía los imputados que hay en la causa que sigue por rebelión.

El instituto armado sitúa tanto a Rovira como a Mas en la cúspide del proceso secesionista por encima de los que exmiembros del Govern. Estaban en el comité ejecutivo, junto con, entre otros, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y exvicepresidente Oriol Junqueras. Ella, además, participó en las reuniones clave de la hoja de ruta independentista, que el que era número dos de la Conselleria d'Economia con Junqueras, Josep Maria Jové, reflejó a mano en la agenda que se intervino en el registro de su domicilio el pasado 20 de septiembre.

El informe, al que ha tenido acceso este diario, sitúa en el comité estratégico a los cuatro, la presidenta del Parlament Carme Forcadell, los portavoces parlamentarios Lluís Corominas, Anna Gabriel y Mireia Boya, así como a los presidentes y vicepresidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ACN) y de Òmnium Cultural. También se incluye en él a los directores de las oficinas de desarrollo del autogobierno, Carles Viver, Víctor Cullell y Josep Maria Reniu, así como los presidentes y secretarios generales de los partidos independentistas.

Desde el Gobierno de Mas

Según los agentes, "durante el gobierno de Mas se formalizaron el acuerdo de transición nacional y la declaración de soberanía. Además, se creó el Consejo Asesor de Transición Nacional (CATN) y el libro blanco, que contemplaba la estrategia y los objetivos de los ideólogos de una Catalunya independiente", lo que pasaba por la internacionalización del conflicto, los procesos de autodeterminación y constituyente y la creación de estructuras del Estado (Mossos, Educación, Agencia Tributaria, Seguridad Social...), así como el control de infraestructuras estratégicas, incluso las exigidas por la Unión Europea.

Durante su mandato se realizó la consulta del 9-N y "los actores independentistas suscribieron una hoja de ruta unitaria" para lograr la independencia sin supeditar sus deciciones al Estado español. El Govern salido de las urnas en septiembre de 2015, "con el respaldo y las movilizaciones de la ANC, Òmnium, Associació de Municipis per la Indendencia (AMI) y los Comités de Defensa de la República (CDR)", fueron adoptando acuerdos y aprobando normas para declarar la independencia y culminar el proceso de transición nacional.

Todos ellos avanzaron en la ruta marcada por el libro blanco realizado durante el mandato de Mas, avances que se plasmaron en Enfocats, donde se diseñó y aprobó "un marco legal paralelo a la legalidad vigente violando la Constitución y el Estatut" y desoyendo al Tribunal Constitucional, lo que se plasmó en las leyes de referéndum y de transitoriedad.

El Govern en un segundo nivel

Los miembros del depuesto Govern formaban parte de otro comité, el ejecutivo, situado en un segundo nivel por los expertos, así como el propio Jové y el que era secretario general de Presidencia Joaquin Nin, así como los responsables civil y policial de los Mossos, César Puig y Josep Lluís Trapero. Ambos junto a su director general, Pere Soler, "constituían la cúpula del cuerpo que resultaba imprescindible" controlar para "no dar al traste con la celebración del referéndum", lo que se logró con su inactividad durante el 1-O.

El informe destaca que ello obligó a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado las que procedieron a intervenir, "produciéndose escenas de odio, resistencia, intimidación, amedrentamiento y violencia", con la que, según "la estrategia de manipulación" de los actores independentistas, permitiese acusar "al Estado de represión". Según Enfocats, "era algo deseable, dentro de su objetivo de confrontación, conflicto, desobediencia y ruptura". El informe califica de "estrategia de tergiversación" la hipotética amenaza de que se podían producir muertos que esgrimieron Puigdemont y Rovira. 

Diadas y movilización ciudadana

Según el informe, "es indudable que ha existido una simbiosis absoluta y una unidad de acción y ejecución plena e inescindible entre todos los actores independentistas en los últimos años", lo que explica "muchas de las decisiones políticas" que Junts per Sí ha tomado "con el apoyo de la CUP" y que no hubieran sido posibles sin el apoyo de la ANC, Òmnium y la AMI. La Guardia Civil incluye aquí "el comportamiento ciudadano dificultando e impidiendo la labor de comitivas judiciales (20 y 21 de septiembre en Barcelona en la operación Anubis) y de las fuerzas y cuerpos del Estado" el 1-O.

Entre las movilizaciones que cita las diadas desde 2013, como la de 2016, en la que Forcadell hizo un llamamiento a desobedecer al Constitucional por haber sido sancionada por permitir la votación que abría la puerta a un referéndum ilegal. Añade que en una movilización paralela de la CUP se quemaron imágenes del Rey y la Constitución.

Los agentes cifran el gasto realizado en la creación de las estructuras del Estado y en la celebración del referéndum en 5.02.639 euros, cantidad que, añaden, "se incrementará según vaya avanzando la investigación".

Mossos

La Guardia Civil también ha incorporado a la causa como anexos la actividad de las organizaciones soberanistas y los Comités de Defensa de la República, creados en octubre. También figura un informe jurídico sobre los Mossos d'Esquadra, en el que se señala que debería incluirse en las leyes de transitoriedad una modificación de la normativa que regula el cuerpo policial para suprimir su deber de hacer cumplir la Constitución y su obediencia a los jueces y fiscales. El instituto armado también enumera los escraches que ha sufrido en Catalunya desde septiembre hasta noviembre: 117.