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El fiscal pide 118 años y medio para el líder de Ausbanc y 25 para el de Manos Limpias

La fiscalía acusa a Pineda de extorsión, estafa, delito fiscal y blanqueo como dirigente de una organización criminal

Tanto él como Bernad utilizaban la acusación popular en procesos, como el 'caso Nóos', para extorsionar

Ángeles Vázquez

El secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernard, con periodistas, el año pasado.

El secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernard, con periodistas, el año pasado. / FERRAN SENDRA

La fiscalía de la Audiencia Nacional solicita un total de 118 años y cinco meses de cárcel para el que era presidente de Ausbanc Luis Pineda y 24 años y 10 meses para el exsecretario general del autodenominado sindicato de funcionarios Manos Limpias Miguel Bernad. Al primero se le imputa ser dirigente de una organización criminal y los delitos de extorsión, estafa, blanqueo y delito fiscal. Bernad está acusado de integración y de extorsión, a través del ejercicio de la acusación popular en procedimientos judiciales.

La fiscalía acusa a un total de 11 personas, entre las que se encuentra la abogada que ejerció la acusación en nombre de Manos Limpias contra la infanta Cristina en el juicio del 'caso Nóos'. Cristina López Negrete se enfrenta a una petición fiscal de 11 años y 11 meses de cárcel por los delitos de integración en organización criminal y extorsión.

Según el fiscal, Pineda "ideó la creación de una asociación 'sin finalidad de lucro' y en 'defensa de los consumidores', pero con la que en realidad tenía la intención de lograr un enriquecimiento ilícito personal, así como de sus dirigentes". 

"Planeó un sistema para exigir la entrega de cantidades dinerarias importantes bajo las advertencias, explícitas en ocasiones, veladas en otras, de arremeter contra dicho activo reputacional por medio de la publicación de noticias desfavorables, (...) presionando también en ocasiones con ejercitar acciones judiciales contra dichas entidades", señala en otro momento el fiscal.

El dinero lo conseguía preferentemente por tres medios: campañas públicas de "desprestigio o ejercitar acciones legales en caso de no aceptar sus peticiones económicas"; subvenciones y ayudas públicas sin cumplir los requisitos necesarios para recibirlas, y cuotas de asociados.

Ausbanc presionaba a entidades financieras y mercantiles para lograr financiación a través de que firmaran convenios publicitarios con el grupo a cambio de publicidad positiva y no negativa en las publicaciones. Además, solicitaba imputaciones a través del ejercicio de la acusación popular en procedimientos judiciales, para lo que en 2012 empleó a Manos Limpias a la que además financiaba. La fiscalía, en su escrito, solicita la disolución tanto de Ausbanc como de Manos Limpias, como de sus entidades satélites.

Bancos y la infanta

El ministerio público recuerda los ataques que Ausbanc protagonizó contra las entidades bancarias que no colaboraban con ella, como el BBVA, que firmó convenios con la supuesta asociación de consumidores entre 2003 y 2007, momento a partir del que dejó de anunciarse en los medios de Ausbanc, por lo que el grupo empezó una campaña contra su presidente, Francisco González.

A partir de 2013, las noticias negativas contra el BBVA "se relacionaban con Ausbanc con la investigación del 'caso Nóos'", en la que Manos Limpias era la única acusación que se dirigía contra la infanta Cristina. La abogada del sindicato presentó una denuncia contra Antonio Ballabriga, director global de responsabilidad y reputación corporativas de la entidad bancaria, para que se le imputara en ese procedimiento. Pese a no conseguirlo el intento de imputación fue esgrimida en la junta de accionistas.

El intento de extorsión más sonado fue el intento de cobrar dos millones de euros y luego, tres, para retirar la acusación que pesaba en Nóos contra la infanta Cristina. Primero, el chantaje lo planteó Bernad al entorno de Miquel Roca y luego lo intentó Pineda a través de una persona del Banco Sabadell.

"Del desarrollo de esta estrategia era conocedora la abogada que ejercía directamente la acusación en el caso Nóos, Virginia López Negrete, quien seguía las instrucciones que le daba Miguel Bernad y enviaba la información que obtenía del caso a Pineda", señala el escrito.

El fiscal menciona otros casos como Caja Madrid, Gas Natural, Caja España, Banco Mare Nóstrum, Liberbank, Unicaja (que llegó a pagar más de un millón de euros a Pineda), Nissan, Barclays Bank, Caja Castilla-La Mancha, CAM y Europistas o la empresa concesionaria de la autopista de peaje AP-1, Burgos-Armiñón y Banc March.

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