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BALANCE DE GESTIÓN

Sanidad: reducir la desigualdad sin mejorar el sistema

La contratación del sector privado para reducir las listas de espera quedó en entredicho

Las demoras en diagnósticos e intervenciones quirúrgicas no han dejado de crecer

Àngels Gallardo

Un quirófano de un hospital del Institut Català de la Salut (ICS). 

Un quirófano de un hospital del Institut Català de la Salut (ICS).  / JOAN CORTADELLAS

Los ejes que han marcado la acción de la Conselleria de Salut en la última legislatura, bajo la dirección de Antoni Comín, se concretaron en la pretendida reducción de la desigualdad social, abordada desde su repercusión en la salud –Comín no tolera que los vecinos de Nou Barris estén sujetos a una expectativa de vida más corta que los de Pedralbes-, y la decisión de evitar que los centros sanitarios privados se beneficien de contratos de actividad procedentes de un sector público saturado de demanda.

Observada desde sus resultados, la gestión del departamento desde enero del 2016 muestra un empeoramiento notable en el acceso a los servicios, ya sea para conseguir un diagnóstico, una visita médica o una intervención quirúrgica. Las demoras para todo ello, son ahora peores que hace año y medio.

En el balance de Comín, en cambio, abunda el diseño de planes, nacionales, auténticas refundaciones de las áreas que implicaban –urgencias, salud mental, asistencia primaria, investigación biomédica-, que no se llegaron a desarrollar, dotados de presupuestos ínfimos en relación a la enormidad del proyecto que pretendían sostener, invariablemente presentados por Comín con un entusiasmo incuestionable. 

Mejora no percibida

La financiación de la asistencia sanitaria pública adolece de insuficiencia presupuestaria desde mucho antes de que la crisis económica la condujera al límite de su eficacia, alertan los analistas del sistema. Los recortes del 2011, de 1.460 millones de euros, situaron a la sanidad pública en un estado de supervivencia en progresivo deterioro que en absoluto se ha suprimido en la legislatura 2016-17. Esa deficiente financiación sostenida durante más de un lustro ha erosionado al sistema en sus principales parámetros: ha perdido 6.500 profesionales, de los que más de un millar son médicos, y no se han actualizado estructuras y tecnología médica, entre otros déficits.

Hasta tal punto alcanza el deterioro, que cuando el último titular de Economía, Oriol Junqueras, incrementó en 408 millones de euros el capítulo sanitario del presupuesto aprobado el pasado marzo -lo situó en 8.806 millones de euros-, esa mejora no logró ser percibida por quienes se ocupan de que el sistema funcione.

La partida económica se dispersó en numerosos proyectos de bajo presupuesto, que en la mayoría de casos no han llegado a ejecutarse. El más llamativo fue la reordenación interna de los hospitales del Vall d’Hebron, dotada de un presupuesto de 122 millones de euros que debían invertirse a lo largo de cinco años. Las obras no se han iniciado, salvo aquellas que dependen del mecenazgo.

El proyecto estrella que debía reordenar el recinto del Hospital del Vall d'Hebron no se ha realizado

El citado incremento presupuestario no se ha traducido en una recuperación del salario de médicos y enfermeras, mermado entre un 25% y un 35% desde el 2010, ni ha permitido ejecutar un plan de renovación tecnológica que actualizara los servicios. Tampoco ha mejorado las enormes listas de espera quirúrgicas y diagnósticas que registran los hospitales. Las demoras, al contrario, han aumentado un 3,4% desde el pasado junio, indica la web del Servei Català de la Salut (CatSalut).

La dotación médica de la red de asistencia primaria (CAP) sigue siendo notablemente escasa, mientras la población demandante de atención no ha dejado de crecer. Los 57 millones que Salut destinó hace nueve meses a reducir las listas de espera han sido una imperceptible ayuda, cuya éjecución frenó la creciente escasez de médicos especialistas de que adolece el sistema.

Cumplió su promesa

La desprivatización sufrió una suerte desigual. En cuanto tomó posesión de su cargo, Antoni Comín anunció que la Clínica del Vallés y el Hospital General de Catalunya (HGC) dejarían de ser contratados por la Generalitat. Ambos son propiedad del grupo Fresenius Helios, y recibían, respectivamente, 3.700 intervenciones quirúrgicas y 6.250 actos médicos anuales que aligeraban la carga de demoras en el Hospital del Parc Taulí, de Sabadell. La Clínica el Vallés dejó de trabajar para Salut en agosto del 2016, devolviendo al Parc Taulí una presión asistencial que se le compensó con un suplemento presupuestario insuficiente. El contrato con el HGC no fue fácil de disolver y sigue activo.

Comín convirtió esta medida en estandarte de su mandato, aunque no resolvió algo que, desde la perspectiva que se propuso combatir, resulta una incongruencia: la histórica opción, vigente desde los gobiernos de Jordi Pujol, que permite que los mejores especialistas de la sanidad pública catalana, a cuyo ámbito deben formación y prestigio, ejerzan por las tardes en centros pertenecientes al potente sector sanitario privado y mutualista de Catalunya.

La desigualdad social que se refleja en los centros de asistencia primaria (CAP) fue reconocida, y Salut trazó el mapa geográfico de los centros que reciben a la población más pobre. Se modificó el método de reparto presupuestario de la primaria, de forma que los que atienden a la población más afectada por la precariedad recibieran un plus. Los 155 CAP más críticos fueron compensados con 13 millones de euros.

las claves

1. PRESUPUESTOS MENGUADOS La Conselleria de Salut recibió un presupuesto de 9.660 millones de euros en el 2010, y de 8.220 en el 2014. El del 2017 ascendió a 8.806 millones

2. SATURACIÓN IRRESUELTA Los cíclicos colapsos asistenciales en los servicios de urgencia se han repetido en la legislatura recién finalizada.

3. BENEFICIO MUTUALISTA. El deterioro de la sanidad ública ha coincidido con un aumento de las póluizas suscrits con aseguradoras sanitarias privadas.

       

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