Exparlamentarios de varios partidos exponen sus 'recetas' para una reforma la Constitución de corte federal

La Asociación de ex Diputados y ex Senadores de las Cortes Generales ha expuesto este viernes en el Congreso un documento con sus 'recetas' para promover una reforma de la Constitución de 1978 que consideran "pertinente" y "necesaria", y que, entre otras cuestiones, plantea transitar del Estado autonómico actual a un Estado federal de cooperación interterritorial.

El documento, cuya redacción inicial data de 2015, contempla algunas consideraciones generales sobre los aspectos que la asociación considera que deberían repensarse ante una posible reforma de la Carta Magna, ahora que esa posibilidad está de nuevo encima de la mesa tras el compromiso del el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, de abrir la próxima primavera un debate en el seno del Congreso.

El informe ha sido coordinado por el catedrático de Derecho Administrativo Jaime Rodríguez-Arana, diputado del PP en el primer gobierno de José María Aznar y uno de los ponentes a los que el PP ha propuesto para que desfile en enero por la nueva comisión de reforma territorial del Congreso, que podría convertirse en la antesala de una futura reforma constitucional.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Rodríguez-Arana ha glosado aquellos aspectos constitucionales que consideran susceptibles de ser reformados aunque sin entrar en lo concreto, porque considera que ésa no es la función de la Asociación.

Mentalidad abierta y sensibilidad social

Tras mostrar su deseo de que pueda llegar a darse la misma "mentalidad abierta" y "sensibilidad social" que favorecieron el alumbramiento de la Constitución en 1978, el catedrático ha indicado que la cuestión territorial reclama nuevas perspectivas para encontrar nuevas soluciones a los nuevos retos.

En concreto, los exparlamentarios plantean desde una reforma del Senado hasta una mejor regulación de las competencias de los diferentes niveles de gobiernos, una mejor definición de la autonomías de los entes locales y una más adecuada ubicación institucional de los diferentes gobiernos territoriales.

No hacerlo, según ha apuntado Pedro Bofill, diputado por el PSOE en la primera legislatura de mayoría absoluta de Felipe González y ahora jefe de Departamento de la Presidencia del Consejo Económico y Social de España (CES), sólo provocará más conflictos entre los poderes centrarles y los autonómicos.

Aunque ni él ni Rodríguez-Arana lo han citado, en el informe aboga por pasar del Estado autonómico actual, que responde a un modelo de corte federal, "a un Estado federal, pluralista, social y corporativo como punto de encuentro para una reorganización territorial desde la lealtad al compromiso democrático que animó el consenso constitucional".

Apuesta federal

Según argumentan, el federalismo está acreditado históricamente que es un modelo "integrador" al tener capacidad de asimilar democráticamente la convivencia de "todos, personas y territorios", en la diferencia, que "no en la desigualdad".

A su juicio, es "el mejor espacio para el ejercicio de la participación y de las libertades para el mantenimiento y desarrollo del Estado social, así como para la canalización de los intereses comunes, fortaleciendo simultáneamente la autonomía territorial, la unidad del Estado y la igualdad".

Asimismo, los exparlamentarios apuestan por la inclusión de la dimensión social de los derechos fundamentales de la persona, por revisar el régimen electoral, "petrificado desde hace más de 30 años, para asegurar mayores cotas de pluralismo político, por acabar con la primacía del varón en la sucesión a la Corona y por regular determinados aspectos de la integración de España en la UE.

De la misma forma, abogan por democratizar los partidos, con la celebración de primarias para elegir a sus dirigentes y candidatos, por hacer obligatorio el cumplimiento del contenido de los programas electorales.

Independencia judicial

Además, plantean garantizar la autonomía del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado, cambiar el sistema de elección de los miembros del Tribunal Constitucional.

Sobre el Alto Tribunal sugieren que sus integrantes tengan carácter vitalicio hasta los 75 años, preservando así su independencia frente a los intereses partidistas.

Entre otras cuestiones, la Asociación también proponen acabar con las "prerrogativas" y "privilegios" de los parlamentarios, suprimiendo los aforamientos, por evaluar el cumplimiento de las leyes y por incrementar la participación de los ciudadanos en la vida política.