La policía acusa a los Mossos de espiar a Alicia Sánchez-Camacho

El 26 de octubre la policía, por orden de la jueza Carmen Lamela, impidió que los Mossos d'Esquadra destruyeran en la incineradora de Sant Adrià de Besós (Barcelona) los documentos que transportaban en dos furgonetas y que se suponían relacionados con el 1-O. Tras analizarlos, los agentes han redactado un informe, que entregarán este lunes en la Audiencia Nacional para incorporarlo en la causa abierta por sedición contra responsables de la policía autonómica. En él se afirma que los mossos realizaron seguimientos a personas y políticos del ámbito no independentista.

El documento cita el control que se habría hecho a la expresidenta del PP catalán Alicia Sánchez-Camacho, al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, durante sus visitas a Catalunya, y al abogado José María Fuster Fabra, según adelantó este viernes el diario El Mundo. No aparece ninguno relativo al actual líder del PP en Catalunya y candidato del PPC al 21-D, Xavier García Albiol -que hasta dio una rueda de prensa- o al delegado del Gobierno en esa comunidad, Enric Millo, informan fuentes jurídicas.

La policía concluye que los mossos "estarían vulnerando el principio básico de neutralidad política e imparcialidad", ya que a través de ese seguimiento y control hacían "una tarea de apoyo al desarrollo y ejecución de la llamada hoja de ruta del independentismo, tratando por ello de controlar las acciones de aquellas entidades o personas que mostraban oposición al mismo, con el fin de subvertir el orden constitucional y la forma de Gobierno en una parte del Estado, poniendo para ello esta parte esencial del aparato de la Administración catalana a disposición de dicho fin".

Según el informe, Sánchez-Camacho tenía asignados a cuatro mossos "de marcada tendencia nacionalista" con la "instrucción expresa de comunicar cualquier movimiento" que hiciera al entonces 'conseller' de Interior, Felip Puig. El abogado Fuster Fabra ya ha presentado una querella por prevaricación, malversación de caudales públicos, descubrimiento y revelación de secretos y obstrucción a la Justicia contra los responsables de los seguimientos ante los juzgados de Barcelona.