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JUICIO POR EL 'CASO ERE'

Chaves y Griñán insisten en que ni conocían ni pudieron conocer el presunto fraude

Subrayan que, según el interventor, el procedimiento de ayudas "pudo ser inadecuado, pero no ilegal"

Díaz augura que "algunos" tendrán que pedir perdón por comparar este caso con los escándalos de corrupción del PP

Julia Camacho

Sigue el juicio. La junta de Andalucía se retira como acusación. / EFE VÍDEO

El juicio por la pieza política de los ERE dejó claro este martes la farragosa senda técnica por la que transitará a partir del próximo año: discrepancias por el empleo de un procedimiento administrativo que la Intervención General de la Junta de Andalucía tildó en sus alertas de "inadecuado, pero no ilegal". Las defensas de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán dejaron claro que ellos no tuvieron por qué conocer el destino final de unos fondos públicos que se otorgaron conforme a la norma y con el visto bueno del Parlamento andaluz. Otra cosa es lo que el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, o incluso sus superiores, acabaran haciendo respecto a la inclusión de intrusos entre los prejubilados pagados con fondos públicos o la concesión de ayudas directas.

Al igual que hiciera la acusación popular del PP, los letrados de los 22 exaltos cargos acusados reclamaron su derecho a leer sus escritos de defensa. Un asunto que dilatará el inicio en sí de la vista hasta ya avanzado enero del 2018, ya que solo intervinieron los letrados de 9 de los 22 acusados, y aún tienen que presentarse las cuestiones previas. Algunas de ellas, fundamentales para el devenir del proceso, porque piden la anulación de parte de la instrucción o que los acusados declaren después de los peritos de la Intervención del Estado.

No obstante, los principales acusados han dejado entrever sus líneas de defensa, y que cualquier responsabilidad penal se ciñe a la Consejería de Empleo, encargada de gestionar sus gastos. Chaves, dijo su abogado, no tenía entre sus competencias conocerlos, no entraba en el detalle. "Ni conocía ni pudo conocer", señaló, porque "nadie le advirtió" del fraude. En la misma línea, el abogado de Griñán, que primero fue consejero de Hacienda, señaló que su responsabilidad se limitaba a "poner orden" en las propuestas de gasto de cada consejería: "No intervino en las concesiones concretas ni se acredita que conociera ese uso fraudulento por parte de terceros".

En cualquier caso, continuó, todos sus movimientos estaban supervisados por la Intervención general -cuyo titular se sienta también en el banquillo- y fueron aprobados por el Parlamento. No se sostiene, ahondaría después la defensa de la exconsejera Magdalena Álvarez,  la tesis de una conspiración política para regar de fondos públicos a los afines al Ejecutivo o al PSOE, que equivaldría en la práctica a que la Cámara andaluza estuvo una década completa "engañada" a la hora de aprobar los Presupuestos generales.

"Errores garrafales"

La defensa del expresidente cuestiona los "errores garrafales", en cantidades y en fechas, de los escritos de acusación, y rebate el cargo de malversación, por el que se le piden 8 años de cárcel y la devolución a la Hacienda pública, junto a otros 14 acusados, de 742 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción considera anómalo todo el dinero que se otorgó mediante transferencias de financiación, pese a lo cual no reclama la totalidad de las ayudas entregadas, por ejemplo, a los 6.000 prejubilados pagados por esta vía. Pero las cuentas de Griñán difieren sustancialmente, y reducen el posible fraude, "si existió", a 80 millones. Y aun así, esa práctica deberá ser juzgada y reconocida como irregular por los juzgados que investigan cada una de esas ayudas.

La estrategia de defensa de ambos expresidentes es asumida por su partido. La presidenta andaluza y líder del PSOE en la comunidad, Susana Díaz, no dudó en alabar la "inocencia y decencia" de sus antecesores y otros funcionarios públicos, criticando que se haya intentado comparar el 'caso ERE' con los escándalos de corrupción del PP de Madrid o de Valencia. "La justicia seguro que pone las cosas en sitio, y algunos tendrán que pedir perdón", vaticinó. 

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