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BALANCE DEL MANDATO

Sin 'procés' no hay Parlament

La actividad legislativa de la Cámara catalana sobre cuestiones ajenas a la hoja de ruta independentista quedó reducida a la mínima expresión en la pasada legislatura

Rafa Julve

El bloque soberanista aplaude la aprobación de la ley del referéndum, el 6 de septiembre pasado. 

El bloque soberanista aplaude la aprobación de la ley del referéndum, el 6 de septiembre pasado.  / FERRAN SENDRA

Si se descuentan los proyectos de ley, proposiciones, interpelaciones, comisiones, resoluciones, mociones, propuestas, votaciones y demás iniciativas relacionadas con el ‘procés’, la actividad legislativa del Parlament durante la pasada legislatura queda reducida a la mínima expresión. Desde la investidura de Carles Puigdemont en enero del 2016 hasta el mes de noviembre, la Cámara catalana ha aprobado 25 leyes, la gran mayoría relacionadas con la hoja de ruta independentista y tantas como conflictos abiertos tiene abiertos la institución con el Tribunal Constitucional.

Por ‘días históricos’ en el recinto del parque de la Ciutadella no habrá quedado en la XI legislatura. El 27 de octubre, JxSí y la CUP aprobaron con voto secreto una declaración unilateral de independencia cuyos efectos prácticos fueron la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Ejecutivo central -con la consiguiente destitución del Govern de la Generalitat y la convocatoria de elecciones autonómicas por parte de Mariano Rajoy-, el encarcelamiento de la mitad de ‘consellers’ y la marcha a Bélgica del ‘expresident’ y el resto de su equipo.

Por 'días históricos' no quedó en el curso pasado, que no acabó con una república, sino con el 155 y nuevas elecciones 

La trascendencia de aquella DUI engalanó el Parlament del ambiente de las grandes jornadas, con la presencia incluida de decenas de alcaldes soberanistas con la vara de mando en mano y algunos miles de personas celebrándolo frente a la estación de França. Dentro del hemiciclo, sin embargo, la tensión dialéctica, pese a ser elevada, no alcanzó los decibelios de sesiones anteriores.

Dos días esperpénticos

El 6 de septiembre, los grupos independentistas sacaron adelante la ley del referéndum con la que horas después el Govern en pleno convocó el plebiscito del 1 de octubre, y al día siguiente hicieron lo propio con una ley de transitoriedad hacia la república independiente que nunca llegó a aplicarse. En esos dos días sí que saltaron más que chispas entre los escaños de uno y otro bloque. Fueron dos maratonianas y esperpénticas sesiones en las que JxSí y la CUP reprocharon el "filibusterismo" de la oposición mientras el otro bloque afeó el "partidismo" de la presidenta, Carme Forcadell, y acusó a los independentistas de saltarse la Constitución, el Estatut, los dictámenes del Consell de Garanties Estatutàries y el reglamento del Parlament, cuya reforma también acordaron los soberanistas esta legislatura para aprobar leyes por la vía exprés.

Tanto esa normativa como todas las leyes que encaminaban hacia la secesión acabaron suspendidas por el Constitucional, convertido en un actor más de la legislatura catalana a instancias principalmente del Ejecutivo de Rajoy, aunque también con algunos recursos del PSC y Ciutadans y, en sentido inverso, con los presentados por el Parlament por la supuesta invasión de competencias por parte del Gobierno central.

Por la sede del TC han pasado otras normas aprobadas estos dos años como la del impuesto a los bienes de lujo, la de la Agència de Protecció Social, diversos artículos de la ley para afrontar la pobreza energética y las partidas destinadas al referéndum del 1-O en los presupuestos del 2017. Porque aquellas cuentas de la Generalitat sí que logró Puigdemont ponerlas en marcha, no como las del año anterior, cuando el veto de la CUP (y del resto, por supuesto) forzó al entonces ‘president’ a someterse a una cuestión de confianza, de la que salió triunfante en otro 'día histórico' con aquel "referéndum o referéndum", plebiscito que su grupo parlamentario había descartado meses antes al entender que era pantalla pasada desde las elecciones del 27 de septiembre del 2015.

Clubes cannábicos

La ley de la comunidad catalana en el exterior, la regulación de los 400 clubes cannábicos que hay en Catalunya, el registro de los grupos de interés y el impuesto a las bebidas azucaradas fueron otras normas que vieron la luz durante la legislatura, en la que destacaron sobremanera otras dos: la de la reparación jurídica de las víctimas del franquismo, que anula todos los juicios de la dictadura, y la creación de la Renta Garantizada de Ciudadanía de 664 mensuales para luchar contra la exclusión social.

El impulso de esta última reglamentación, el mayor logro social de los últimos 21 meses parlamentarios, clamaba al cielo, pues partía de una iniciativa legislativa popular (ILP) del 2013 en la que se reunieron más de 120.000 firmas. Otras tramitaciones por la misma fórmula, sin embargo, deberán esperar una buena temporada, entre ellas la de protección de los animales, que reclama la prohibición de los 'correbous'; la de medidas urgentes para la vivienda, la de la ley electoral de Catalunya y la de modificación de las finanzas públicas. Las cuatro deberán seguir tramitándose el próximo curso.

La comisión sobre corrupción nació descafeinada y pasó sin pena ni gloria tapada por las banderas

También queda pendiente el nombramiento de 83 cargos de designación parlamentaria, como los cuatro miembros de la Sindicatura de Comptes y el presidente del Consell de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, responsabilidad que ostenta provisionalmente Núria Llorach desde mediados del 2016. Lo que sí quedó finiquitado fue la comisión de investigación sobre la 'operación Cataluña', que con la ausencia del PSC, PPC y Ciutadans concluyó que el Gobierno central hizo una "guerra sucia" para desprestigiar al independentismo. Otra comisión de investigación, la que debía aclarar las declaraciones del exjuez y exsenador de ERC Santi Vidal de que el Govern había obtenido ilegalmente los datos fiscales de los catalanes, entre otras, nació muerta porque JxSí y la CUP vetaron todas las comparecencias. Sí sobrevivió (aunque como comisión de estudio) la referente a la corrupción que continuaba los trabajos de la 'comisión Pujol', pero pasó sin pena ni gloria y con unas conclusiones que no fueron más que un plagio de las aprobadas dos años antes y que siguen sin aplicarse. A tenor de lo visto, en esta legislatura tocaba más hablar del 'procés' que de la corrupción.

LAS CLAVES

1. El Parlament aprobó 25 leyes la pasada legislatura, la gran mayoría relacionadas con el 'procés.

2. La creación de la Renta Garantizada de Ciudadanía fue el mayor logro social tras cuatro años de debate.

3. La Cámara tiene 25 conflictos abiertos con el Tribunal Constitucional.

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