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DESDE MADRID

El Supremo investiga a Rovira y al resto del comité estratégico independentista

El instructor urge a la Guardia Civil una exhaustiva investigación que implica la tramitación de un macroproceso

La sentencia se prevé a finales del 2018 o en el primer trimestre del 2019 y podría ser por conspiración para la rebelión

José Antonio Zarzalejos

Marta Rovira y Oriol Junqueras, en el Consell Nacional de ERC. 

Marta Rovira y Oriol Junqueras, en el Consell Nacional de ERC.  / ACN

Todos los ojos políticos miran a la plaza de la Villa de París s/n de Madrid, sede del Tribunal Supremo de Justicia. Su Sala Segunda se dispone en el otoño del año que viene a enjuiciar los delitos sobre los que se desarrolla la instrucción del magistrado Pablo Llarena en la causa especial 20907/2017 contra los miembros del cesado Govern de la Generalitat, los líderes de ANC y Òmnium Cultural y la presidenta del Parlament y dos miembros de su Mesa. La previsión es que el instructor concluya sus actuaciones entre marzo y abril, dicte auto de procesamiento por los delitos que entienda se han acreditado -todo apunta que se decantará por el de conspiración para la rebelión y la sedición para Sánchez y Cuixart- y traslade las actuaciones a una sección de la Sala Segunda que deberá resolver las apelaciones que se presenten y elevar los autos para la celebración de la vista pública.

Las fuentes consultadas del Supremo consideran que este sería el calendario "deseable" pero no están en condiciones de afirmar que sea "el posible". Llarena, añaden, deberá recibir muchas testificales, entre ellas, a todos los miembros del llamado Comité de Estrategia, algunos de los cuales podrían ser imputados, como muy probablemente, Marta Rovira, candidata de ERC el 21-D. 

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Providencia de Llarena

Providencia de Llarena

También subrayan que deberán ser citados a declarar los cargos consultivos que hayan intervenido en la creación de las denominadas "estructuras de Estado", a tal punto que "los imputados en esta causa especial podrían ser muchos más de los que ahora lo están". En este punto se da por "muy probable" que Carles Viver Pi-Sunyer, al que se atribuye la redacción de las leyes de desconexión, sea llamado, al menos, como testigo en la causa. Los fiscales Javier Zaragoza Fidel Cadena, desplazados a Barcelona, están tratando de aportar pruebas adicionales a la instrucción para desvelar todas las ramificaciones presuntamente delictivas, incluidas las cometidas por responsables "de segunda línea" y "no funcionarios" citándose expresamente a Oriol Soler.

El magistrado-instructor imprimió ayer un fuerte impulso a la investigación mediante una providencia de cuatro folios en la que solicita un gran número de investigaciones a la Guardia Civil. Reclama información sobre "actos de ejecución relativos a la independencia de Catalunya" de personas vinculadas con CDC, PDECat, ERC, ANC, Òmnium Cultural y la Associació de Municipis per la Independència. Llarena exige que la investigación se extienda a "episodios violentos" y que se describa el "posicionamiento" de cada uno de los miembros del Comité Estratégico "definido en el documento Enfocats", del que formaban parte Rovira por ERC, Artur Mas por el PDECat y Anna Gabriel por la CUP, entre muchos de los ya imputados y otros activistas y asesores. Pide también datos sobre los Comités de Defensa de la República (CDR) y del Referéndum y sobre la disposición de fondos públicos. Finalmente se pide por el magistrado-instructor “una indagación sobre las órdenes dadas por el Consejero de Interior” respecto al cumplimiento de las resoluciones de los jueces y tribunales. En definitiva, Pablo Llarena se plantea un auténtico macroproceso.

Sin pausas

Además de estas actuaciones, el magistrado del Supremo entiende que las ratificaciones de los peritos –especialmente de la Intervención General del Estado y de la Generalitat- serán "necesarias" para contrastar las versiones de los imputados. Y aun cuando Pablo Llarena está dedicado en exclusiva a la instrucción de este caso –es decir, eximido de ponencias en la Sala Segunda- quizás la rapidez de las diligencias no sea la que se ajuste al calendario previsto. En todo caso, el objetivo es evitar toda demora e imprimir al procedimiento un ritmo cuidadoso pero "sin pausas". A este respecto, las fuentes consultadas advierten que Puigdemont y los cuatro exconsellers huidos en Bélgica no pueden ser juzgados en rebeldía a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países de la UE y el juicio no esperará a su detención. También avisan de la próxima resolución de los recursos de casación de Mas, Ortega y Rigau contra la sentencias del TSJC que les condenó a inhabilitación por el delito de desobediencia, el mismo por el que la Sala Segunda sancionó a Francesc Homs.

La Sala Segunda del TS, presidida por un jurista respetado como Manuel Marchena, fiscal de carrera, se constituirá en tribunal de enjuiciamiento con cinco magistrados –se baraja que participen, además del presidente, que podría ser el ponente de la sentencia, los magistrados Antonio del Moral, Luciano Varela Alberto Jorge Barreiro, estos dos últimos del ala progresista- y dictará sentencia firme, solo recurrible, sin efectos suspensivos, en amparo ante el Constitucional- no más tarde del primer trimestre del 2019. La fiscalía estaría representada por la que fuera Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal. De producirse sentencia condenatoria, la legislatura catalana que empieza el 22 de diciembre quedará de hecho abortada porque los ahora imputados, y los que podrían serlo en el curso de la instrucción, serán, en el mejor de los casos, inhabilitados y deberán dejar sus responsabilidades públicas.

En la Sala Segunda se desmiente que España tenga que hacerse cargo de ningún gasto procesal por la revocación de la euroorden dictada por Pablo Llarena. Carlos Bautista Samaniego, fiscal de la Audiencia Nacional, es el mayor conocedor de este procedimiento en nuestro país y su tesis doctoral publicada en 2015 bajo el título 'Aproximación crítica a la orden europea de detención y entrega' (Editorial Comares), se considera de referencia para resolver cualquier duda que pueda plantearse. "En ningún caso España deberá pagar las costas del procedimiento en Bruselas porque la demandante de la euroorden es la fiscalía belga. Y se trata además de un procedimiento penal. No sé de dónde ha salido esa idea. El asunto está claro en el artículo 30 de la Decisión Marco de 13 de junio de 2002" asevera el fiscal. La creencia de que el Estado español quedaría obligado a pagar, entre otros gastos, la minuta de honorarios del letrado belga del expresident Puigdemont, Paul Bekaert, ha sido una más de las noticias falsas que han abundado a lo largo de los últimos días.

Los miembros de la Sala Segunda son conscientes de que deben actuar con extraordinaria pulcritud para que las actuaciones que puedan desempeñar en la instrucción de la causa especial contra los dirigentes secesionistas no les contaminen. De ahí que los miembros de la sección que resuelva los recursos de apelación contra el procesamiento y abra juicio oral no formarán parte del tribunal de enjuiciamiento. Por supuesto, tampoco lo hará el instructor Pablo Llarena. De tal manera que la composición de la Sala enjuiciadora es uno de los puntos clave teniendo en cuenta que ahora existen cuatro vacantes (la plantilla de la Sala es de 15 magistrados) sin fecha para ser provistas.  La causa especial  20907/2017 "es crítica" y la Sala Segunda se empeñará en no dejar ni un solo resquicio para que no se cuele ningún reproche de la justicia europea si, como parece, los ahora investigados y los que puedan serlo, eventualmente condenados, recurren a Estrasburgo.

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