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CAMINO DE LAS URNAS

La 'operación Sijena' turba la campaña electoral

El independentismo culpa del "expolio" de los bienes al PSC por apoyar el artículo 155

Los socialistas, Ciutadans y el PP muestran cierta incomodidad por la decisión

Jose Rico

Los Mossos cargan contra las personas concentradas ante el Museu de Lleida. / DANNY CAMINAL

Discurría la campaña electoral en Catalunya en atípicas condiciones pero sin mayores sobresaltos cuando el Gobierno central decidió ejecutar precisamente ahora, aprovechando que el 155 pasaba por Lleida, la orden judicial de devolución de las obras de arte sacro de Sijena desde el museo ilerdense hasta el monasterio enclavado en los Monegros oscenses. El mandato se ha hecho efectivo entre protestas políticas y vecinales que han incluido cargas de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil a los concentrados que trataban de impedir desde la madrugada el acceso a la pinacoteca de los técnicos del Gobierno de Aragón.

La (in)oportunidad política del traslado de las 44 piezas en litigio ha acaparado el protagonismo de la séptima jornada de campaña, aunque el previsible rifirrafe partidista por esta cuestión no ha trasegado en demasía la carrera hacia el 21-D. Los partidos independentistas han utilizado la 'operación Sijena' para denunciar el enésimo "expolio" del Estado a Catalunya, aunque se han despachado más a gusto contra el PSC, al que han acusado de ser "cómplice" de la decisión por apoyar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. De hecho, todas las fuerzas constitucionalistas han tenido que hacer algún que otro equilibrio para evitar afirmaciones demasiado impopulares, sobre todo en la Terra Ferma.

Los equilibrios socialistas

Los socialistas han tenido el rol más complejo. Avalador del 155 pero contrario a usarlo para zanjar en plena campaña electoral un conflicto que se remontaba más de dos décadas atrás, el candidato socialista, Miquel Iceta, ha considerado "precipitada" la devolución cuando todavía quedaban por dirimirse recursos judiciales, como el del Ayuntamiento de Lleida. Precisamente su alcalde, Àngel Ros, que ha sido el blanco de las críticas en las protestas ciudadanas ante el museo leridano, tuvo que hacer equilibrios el pasado domingo en un mitin con el líder del PSOE, Pedro Sánchez. Ros clamó contra el retorno de los bienes a Sijena frente al silencio de Iceta y Sánchez.

Pero el PDECat y ERC han puesto el foco en que la ejecución de la orden judicial, promovida por el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, en calidad de 'conseller' del ramo, nunca hubiera sido posible si el 155 no hubiese entrado en escena, y que si lo ha hecho ha sido por la aquiescencia de los socialistas. Desde Bruselas, el 'president' cesado y candidato de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha denunciado que "el expolio de las obras de Sijena se ha hecho con los votos del PSC, que ha bajado la cabeza ante los intereses de Madrid".

Soberanismo en tromba

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha tildado de "verdadera vergüenza" el traslado de los bienes "aprovechando que el Govern de Catalunya está intervenido" y ha alertado de que esto es "lo que pasará si las fuerzas que apoyan el 155 acaban gobernando" Catalunya. La candidata republicana, Marta Rovira, a la que acecha la imputación judicial por el 1-O, se ha mordido algo más la lengua y se ha limitado a "respetar pese a no compartir" la resolución judicial. Desde el foro Primera Plan@ de EL PERIÓDICO, el candidato de los 'comuns', Xavier Domènech, ha emplazado al PSC a explicar cómo un 155 "quirúrgico" ha servido para sacar el arte sacro de Lleida.

La candidata de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha criticado que la Generalitat se decantase por la "confrontación" con el Estado sobre los bienes de Sijena en lugar de buscar convenios de colaboración, pero ha dejado claro que, "como demócratas", no pueden oponerse al cumplimiento de las resoluciones judiciales. Al cabeza de lista del PPC, Xavier García Albiol, tampoco le ha gustado la decisión, pero ha recordado que es una orden judicial y hay que acatarla, pasando por alto que el Gobierno del PP podría haber optado por hacerla efectiva más adelante, y no en plena campaña electoral.