balance del último Gobierno catalán

El fin de la Modelo

Carles Mundó, el pasado diciembre.

Carles Mundó, el pasado diciembre. / ALBERT BERTRAN

J. G. Albalat

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El pasado 8 de junio, la vetusta prisión Modelo de Barcelona cerraba sus puertasprisión Modelo de Barcelona. La histórica reivindicación ciudadana se hacía realidad. Al día siguiente de su clausura, la cárcel de la calle Entença, fiel reflejo del devenir de la sociedad barcelonesa y catalana, cumplía 113 años. Por sus celdas han pasado personajes de todo tipo y condición: el pedagogo Ferrer i Guardia; Lluís Compays; Salvador Puig Antich; Salvadó Seguí, el ‘Noi del Sucre’; Juan José Moreno Cuenca, 'El Vaquilla', y un largo etcétera. El aniversario se celebró con el centro vacío y sin reclusos.

El 'conseller' de Justícia, Carles Mundó, afirmó después de tomar posesión de su cargo: "Diré que cierra la Modelo cuando pueda asegurarlo". Cumplió lo que sus antecesores habían prometido y no pudieron llevar a cabo. Antes, negoció con el Ayuntamiento de Barcelona para la construcción, entre otros equipamientos penitenciarios, de una nueva prisión en la Zona Franca. El traslado de presos al resto de cárceles fue ordenado. La mayoría de sindicatos aceptaron el cierre exprés y pactaron condiciones. Solo un grupo de funcionarios se opuso. Una tarea complicada como es el desmantelar una cárcel se hizo en un tiempo récord. Los reclusos la abandonaron y se abrió una exposición para que los ciudadanos la visitaran. Se está a la espera del uso que el consistorio barcelonés quiere dar a esos terrenos.

En los 21 meses en que estuvo al frente Mundó, el departamento de Justícia ha puesto en marcha proyectos de hondo calado social e histórico. El 3 de abril del 2017, Sandra y Jordi, de 27 y 37 años, vecinos de El Prat de Lluçanès y que acababan de ser padres, se convirtieron en los primeros inscritos en el registro de parejas estable de Catalunya. De esta manera, se ponía en marcha un registro único y gratuito que facilita que las parejas de hecho logren la pensión de viudedad aunque no estén casadas y con independencia de dónde residan. Otro de los registros de nueva creación es el de lobis y que pueden usar todos los ayuntamientos. También se ha empezado a implantar la posibilidad de que los padres inscriban a sus hijos recién nacidos desde los hospitales, sin la necesidad de trasladarse.

Memoria histórica

Un acto que ha tenido una especial carga histórica ha sido la anulación de los juicios políticos del franquismojuicios políticos del franquismo. La primera persona que ha recogido un documento individualizado que los acreditaba , el 8 de septiembre pasado, fue la exjueza Araceli Aiguaviva, viuda del periodista Josep Maria Huertas Claveria, condenado por un tribunal militar en julio de 1995 a dos años de prisión por injurias al Ejército. Hasta el pasado mes de octubre, la Conselleria de Justícia recibió más de 1.500 peticiones de estas características.

A nivel laboral, la 'conselleria' ha buscado la paz. En enero del 2017 firmó un acuerdo con los sindicatos para aumentar la estabilidad de la plantilla de los órganos judiciales. Días antes, en diciembre del 2016, el departamento acordó aumentar en un 1,3% la retribución que reciben los abogados y procuradores del turno de oficiol turno de oficio, que atienden a los ciudadanos con menos recursos

Desde el punto de vista jurídico y a raíz del escándalo de pederastia en colegios Maristas destapado por EL PERIÓDICO, Mundó encargó un informe sobre la prescripción de este delito. El dictamen resolvía que es recomendable ampliar la edad (ahora 18 años y pasar a 30 años) para que la víctima pueda denunciar y que no se archivase el caso por el paso del tiempo. La Generalitat remitió el escrito a grupos políticos y al Gobierno de Mariano Rajoy, que es quien tiene la potestad de legislar al respecto. Nada se ha movido.

El colapso

No ha mejorado el colapso en los juzgados. Es un mal endémico. La Generalitat ha podido hacer poco. Es el Ejecutivo español el que tiene la posibilidad de crear órganos judiciales. En España hay una media de 11,5 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando en Catalunya es de 10,5. Para disminuir esta diferencia, se deberían inaugurar, al menos, 70 nuevos juzgados. Desde el 2010 no se ha abierto ninguno. En el 2018 está previsto que se pongan en marcha 14, cifra que no soluciona el déficit y la actual carga de trabajo. La justicia seguirá siendo la hermana pobre, aunque también necesita una profunda reorganización. "Pondremos medios y personal cuando haya más juzgados", incidía una fuente del Gobierno catalán.

La congestión en los juzgados catalanes es una de las más altas de España. El número de asuntos en trámite ha ido en aumento, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Comparado el segundo semestre del 2016 con el del 2017, ha habido un incremento de unos 16.000 procesos (330.714, frente a 346.096). Y eso que durante los últimos años, según el Col.legi de l‘Advocacia de Barcelona, se ha producido un descenso de la litigiosidad. A finales de junio, había 450.000 sentencias por ejecutar. Otro dato: solo un 7% de los abogados barceloneses creen que la situación ha mejorado. Desde el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) se han reclamado varias veces refuerzos de funcionarios para algunos juzgados.