BRUSELAS

El Tribunal belga decidirá el 14 de diciembre sobre la extradición de Puigdemont

La defensa rechaza la euroorden porque los delitos de los que se acusa al 'expresident' y los 'exconsellers' no son delictivos en Bélgica

Los abogados alegan también ante el juez que ejecutar la orden europea vulneraría los derechos fundamentales de los políticos catalanes

Videoconferencia de Puigdemont, junto a un cartel de Junts per Catalunya.

Videoconferencia de Puigdemont, junto a un cartel de Junts per Catalunya. / EFE / ALBERTO ESTÉVEZ

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Silvia Martínez

El calendario del expresident Carles Puigdemont y los exconsellers que siguen con él en Bélgica, Clara PonsatíLluis PuigMeritxell Serret y Toni Comín, tiene una nueva fecha marcada en rojo: el 14 de diciembre. Ese día a las 9 de la mañana-justo una semana antes de las elecciones catalanas del 21D- el tribunal de primera instancia de Bruselas que examina la euroorden cursada por la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, decidirá si entrega o no a los cinco políticos catalanes a España.

La fecha, que coincide con el viaje de Mariano Rajoy a Bruselas para participar en la cumbre europea del 14 y 15 de diciembre, la ha decidido el magistrado encargado del caso tras la vista de tres horas y media celebrada en la Cámara del Consejo de Bruselas. Durante la audiencia, a puerta cerrada, la Fiscalía ha solicitado la ejecución de la euroorden por los delitos de rebelión, sedición, desobediencia y malversación de fondos públicos que, según el ministerio fiscal, equivale a los de “conspiración de funcionarios” y “desviación de funcionarios”. Solo han dejado fuera la prevaricación y la corrupción.

Por su parte la defensa, formada por 19 abogados, ha rechazado la entrega bajo un doble argumento. Para empezar porque consideran que “los hechos contenidos en la euroorden no serían delictivos conforme al ordenamiento jurídico belga” y, en segundo lugar, porque “en caso de extradición no existen suficientes garantías de que en España puedan tener un juicio justo con todas las garantías que exige el derecho internacional y las normas europeas”, ha explicado Jaime Alonso-Cuevillas que ha comparecido junto a los abogados Paul Bekaert y Christophe Marchand.

Diez días para decidir

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El juez se ha dado ahora diez días para examinar las alegaciones de unos y otros y tomar una decisión. Una vez adoptada tanto la defensa como la Fiscalía podrán recurrirla en un plazo de 24 horas ante un Tribunal de Apelación. En ese caso se fijaría una nueva audiencia que, según fuentes de la defensa, no tendría lugar antes de principios de enero. Esa decisión también sería recurrible ante un Tribunal de Casación lo que podría prolongar el proceso al menos hasta finales de mes e incluso durante meses si el caso termina en pregunta prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE. Fuentes de la defensa estiman que el 14 de diciembre podría haber “sorpresas” y avisan de que ese día no se acabará el proceso. “Se quemará una primera etapa” pero “vender la piel del oso en un procedimiento judicial es un mal negocio”, han asegurado criticando la precipitación de la jueza Lamela.

Las mismas fuentes han explicado que tres de los políticos catalanes, Puigdemont, Comín y Ponsatí, han hecho uso de la posibilidad de dirigirse al magistrado durante la vista y que los dos primeros han subrayado ante el juez que desde 2005 no es delito en España convocar un referéndum. Los abogados de la defensa también han trasladado al juez la decisión del Tribunal Supremo de mantener en prisión preventiva al exvicepresidente Oriol Junqueras y al exconseller Joaquín Forn para mantener “transparencia absoluta” con las autoridades belgas. “Ni nos beneficia ni nos deja de beneficiar pero nos parecía peor salir de la vista y que luego se enterara”. Los cinco políticos catalanes han vuelto a llegar a dependencias judiciales en furgoneta esquivando una vez más las cámaras de los medios de comunicación.