Investigados tres mandos de los Mossos por desobediencia en el 1-0

Un juez ha ordenado a los Mossos d'Esquadra que identifiquen a un inspector, a un subinspector y al jefe de la comisaría en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) a raíz de la investigación abierta por presunta desobediencia por la pasividad de la policía autonómica durante el referéndum sobre la independencia de Catalunya del 1-O. La intención es citarlos como investigados, según señala la misma resolución. Es la primera vez que se eleva a unos jefes unas pesquisas de este tipo. 

En la providencia, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell requiere a los Mossos para que identifiquen "en la mayor brevedad posible" a estos tres mandos de la policía catalana, después de que varios agentes investigados se hayan referido a ellos en sus declaraciones sobre la pasividad del cuerpo para impedir el referéndum del 1-O. 

El Día de la Constitución marca la campaña de las elecciones del 21 de diciembre

Una vez identificados estos tres mandos, de lo que se proproporciona su número de agente, el juez les citará para que presten declaración como imputados, según ha adelantado el diario El Mundo y recoge la providencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El inspector, el subinspector y el jefe de la comisaría de Santa Perpètua de Mogoda se serán citados como investigados por un delito de desobediencia a la autoridad judicial.

En su escrito, el juez también ha requerido a los Mossos que remitan una copia de las instrucciones por escrito que se hubiesen entregado a los agentes para su actuación a la hora de impedir la votación del 1-O, cumpliendo las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Además, el magistrado ha solicitado a la dirección del Colegio Pere Calders de Polinyà (Barcelona), uno de los puntos de votación del 1-O, para que identifique a la persona que ejerció el cargo o funciones de director del mismo entre los días 27 de septiembre y 1 de octubre, para citarle como investigado en la causa.

El juez ha acordado imputar al inspector, al subinspector y al jefe de comisaría de Santa Perpetua después de que dos agentes de los Mossos d'Esquadra investigados en distintos juzgados por supuesta pasividad el 1-O han alegado que la cúpula les "dejó vendidos", ya que acudieron en parejas a puntos de votación llenos de gente, sin apoyo de unidades de orden público, sin material para precintar, ni vehículos para llevarse las urnas.

Órdenes superiores

En sus comparecencias como investigados, los agentes han detallado que en las reuniones sobre el dispositivo del 1-O sus mandos se limitaron a transmitirles las directrices del TSJC y la orden interna redactada por el entonces jefe Josep Lluís Trapero, que ordenaba precintar los colegios y retirar las urnas, garantizando el principio de proporcionalidad policial.

Según fuentes judiciales, los agentes, varios de ellos destinados a labores administrativas, acudieron por parejas a los puntos de votación, vestidos de uniforme, y cuando llegaron se encontraron en muchos casos que había entre 50 y 200 personas protegiendo el colegio electoral.

Cuando describieron la situación a la sala de mando, sus superiores se limitaron a responderles con un "recibido" y no les mandaron refuerzos de las unidades de orden público (Brimo y Arro), ni les avisaron que irían la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Además, en sus declaraciones ante el juez, según las fuentes, algunos de los agentes también han puesto de relieve que tuvieron que estar todo el día de pie frente al punto de votación, sin poder intervenir, ya que fueron enviados si cintas para efectuar el precinto ni vehículo de apoyo para transportar las urnas que debían requisar. De hecho, algunos agentes han asegurado que el dispositivo no estaba diseñado para evitar la votación.

Las investigaciones abiertas en distintos juzgados catalanes, como el de Sabadell, discurren de forma paralela a la causa abierta por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que mantiene imputado por sedición al ex jefe de la policía catalana, el mayor Josep Lluis Trapero, por la pasividad de los Mossos ante el acoso a la comitiva judicial que el 20 de septiembre registró la consellería de Economía.