Las nuevas hojas de ruta cara a las elecciones del 21-D en Catalunya

Los partidos ofrecen sus recetas de futuro respecto al 'proceso soberanista'

Carles Puigdemont conversa por videoconferencia con candidatos y simpatizantes durante la inauguración de la sede de campaña de Junts per Catalunya.

Carles Puigdemont conversa por videoconferencia con candidatos y simpatizantes durante la inauguración de la sede de campaña de Junts per Catalunya. / periodico

Xabi Barrena, Júlia Regué, Roger Pascual, Rafa Julve, Fidel Masreal, Beatriz Pérez

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Tras una legislatura de vértigo, practicamente todos los partidos se presentan a las elecciones del 21D con una nueva oferta de futuro respecto a las relaciones entre Catalunya y el Estado. Todos coinciden en que se abre una nueva etapa, si bien los independentistas no renuncian a sus objetivos y los constitucionalistas apuestan claramente por dejar atrás el secesionismo. Entre ambos, los ‘comuns’ tratan de poner la agenda social en el frontispicio político.

Junts per Catalunya: Aplicar el 1-0 pero esta vez sin plazos

 Junts per Catalunya no es Junts pel Sí. Esta vez no habrá plazos para llegar a la independencia, como se prometió en el 2015, en unas elecciones que ya se definieron como decisivas. A falta de sorpresas, esta vez no habrá un gran acto como el de hace dos años en la sede del Colegio de abogados de Barcelona, en el que (esa vez juntos) Convergència y ERC prometían llegar a la independencia en 18 meses, tras una serie de pasos que entonces no incluían ningún tipo de referéndum sino que se basaban de la implementación de las llamadas estructuras de Estado y una declaración unilateral de independencia, que posteriormente fue redefinida como una «declaración de intenciones».

El programa de esta nueva etapa reivindicará el referéndum del 1 de octubre y sus resultados. Pero queda por saber cómo encara el programa electoral -que se presenta oficialmente este lunes- la cuestión de la unilateralidad para acceder a la soberanía. Por un lado, la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha dejado claro en varias intervenciones públicas (la penúltima, una entrevista en la cadena SER) que en esta nueva legislatura toca abrir una nueva etapa. Y que la «pantalla» de la unilateralidad ya está pasada y que ahora es el tiempo de la negociación, la bilateralidad y la tarea interna consistente en hacer crecer la mayoría soberanista. Lo mismo ha dicho, en una entrevista a EL PERIÓDICO, el jefe de filas del partido en Madrid, Carles Campuzano, que no se cansa de recetar para los nuevos tiempos una prioridad: la negociación, el diálogo y el pacto con Madrid, por difíciles que sean.

Sin embargo, frente a estas tesis, están las del cabeza de cartel y ‘president’ cesado, Carles Puigdemont. En su discurso, siempre cargado de vehemencia y nervio, no deja ni mucho menos atrás la unilateralidad. «Si ante nosotros alguien no excluye la unilateralidad, nosotros no podemos excluir nada», es su receta (en declaraciones la semana pasada a TV-3). 

Los más cercanos a Puigdemont en la candidatura de Junts per Catalunya también sostienen que ha de hacerse valer el resultado del referéndum del 1 de octubre y restablecer además al Govern, comenzando por el ‘president’, aunque ganen las elecciones los republicanos. Este discurso, sin embargo, no especifica si hay que dar por buena la declaración de independencia.

Una vez más, las discrepancias internas se ven claras en esta materia, porque en la dirección del PDECat se recomienda prudencia sobre esa DUI no ejecutada. Voces como la ya mencionada de Carles Campuzano o incluso la del ‘expresident’ Artur Mas eran claramente partidarias de convocar elecciones autonómicas antes de tener que llegar a la DUI. En todo caso, y jugando con cierta ambigüedad, lo que puede ponerse sobre la mesa (y además de forma acordada con ERC y la CUP) es la apertura del llamado proceso constituyente para que los ciudadanos definan qué Catalunya quieren crear cara al futuro. Pero quedará claro que ya no hay plazos (Mas ha hecho clara autocrítica sobre los mismos) para llegar a la Itaca del Estado catalán.

ERC: Independentismo firme pero tranquilo

A falta de mayor concreción del programa, ERC tratará de ofrecer a sus electores un independentismo «firme y tranquilo». Firme porque se propone desplegar la «República proclamada el 27 de octubre» y tranquilo porque se ha «cambiado de fase y la unilateralidad nos permitió llegar hasta esas declaración y ahora toca llenarla de contenido».

Esquerra se fija, pues, rescatar y poner en práctica todas aquellas leyes de carácter social que el independentismo ha aprobado y el Gobierno de Mariano Rajoy ha recurrido al Tribunal Constitucional y, por ello, se hayan suspendidas. Una especie de ‘desobediencia o unilateralidad social’ . Los republicanos han tomado nota de la reacción del Estado y parecen muy poco dados a abrir nuevas batallas por hechos simbólicos. Si tiene que haber hostilidades,  que sea por cuestiones que se pueda considerar de esas que afectan directamente a la gente. Por ejemplo, la ley de pobreza energética y la renta mínima garantizada.

El despliegue de la república, entiende ERC, debe servir, también, para ganar base social favorable a la independencia. La apertura de un proceso constituyente, puede ser secundado, por ejemplo por los ‘comuns’ que en esta nueva legislatura contarán con un perfil bien distinto de lo que fue Catalunya Sí que es Pot: Xavier Domènech y ELisenda Alamany no son Lluís Rabell y Joan Coscubiela.

    Las cuestiones sociales, no sin sus tiranteces negociadoras, deben de acercar a los republicanos también con la CUP, aunque ERC sabe que los anticapitalistas irán trufando la legislatura de exámenes a Esquerra y a Junts per Catalunya.

Eso sí, lo que no habrá, de nuevo, es la autoimposición de plazos de ejecución de ese relleno de la nueva república. Los plazos autoimpuestos fueron fruto de la tendencia que adoptó el independentismo de pensar que el objetivo, la secesión, estaba únicamente en su mano. Que si el Estado se avenía a negociar, mejor, pero que todo dependía de los partidos y del Parlament, en definitiva, de los ciudadanos de Catalunya.

Cualquier nuevo movimiento, siempre en el escenario independentista, tiene que ser negociado con el Estado. No hay otra si se quiere una secesión pacífica.

El resultado, clave. Los ojos de los republicanos se centran en que los tres partidos independentistas revaliden la mayoría absoluta, por eso son unas elecciones parlamentarias, pero son conscientes de que el programa de verdad deberá trazarse con los resultados del 21-D en la mano.

Un recuento con un voto a los tres partidos secesionistas por encima del 50% supondría un espaldarazo al proyecto independentista que acusaría el Gobierno de Mariano Rajoy, sobre todo ahora que, desde el referéndum del 1-O, la cuestión catalana está plenamente internacionalizada. Los republicanos sostienen, de hecho, que la inmediatez de las elecciones convocadas por Rajoy, para el 21-D, cuando todas las quinielas apuntaban a un periodo de seis meses antes de los nuevos comicios, vino impuesta por la comunidad internacional a modo de referéndum.

Ciutadans:demoler la herencia del 'procés'

Respecto al ‘procés’, las propuestas de Ciutadans requieren más de una bola de demolición que de un bisturí o de esparadrapo. Empezando por una «auditoría integral de gasto público» para detectar y fulminar cualquier partida destinada al independentismo, Ciutadans aboga por «abrir una nueva etapa de convivencia, estabilidad económica y democracia» donde el soberanismo quede completamente apeado de las instituciones.

La candidatura de Inés Arrimadas defiende la necesidad de volver a participar «en todos los órganos de cooperación del Estado y con las comunidades autónomas», en referencia a la conferencia de presidentes y a las negociaciones sobre la reforma de la financiación autonómica que desdeñó el Govern de Carles Puigdemont. Asimismo, se compromete a suprimir todas las ‘estructures d’Estat’, eliminando «todos los chiringuitos políticos destinados a promover el independentismo» y «suprimiendo todas las duplicidades y estructuras administrativas innecesarias». En esa ‘operación derribo’ Ciutadans incluye el cierre del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat), dedicado en los últimos años a promover la imagen de Catalunya en el exterior, y también del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) porque en su opinión no garantiza la pluralidad en los medios de comunicación públicos «y se ha convertido en una herramienta más del separatismo». Sobre la tele y la radio autonómicas el partido naranja deja entrever un buen recorte al sostener que «TV-3 es la televisión autonómica con más presupuesto» y que se debe «garantizar una gestión eficaz» acorde con «las necesidades reales de los catalanes».

Otras enmiendas son «despolitizar» los medios públicos, acabar con la «publicidad institucional repartida a dedo para financiar medios afines a la causa independentista», revisar el funcionamiento de la Agència Tributària y «despolitizar» también los mandos directivos de los Mossos. Y finiquitar la inmersión lingüística e implementar un modelo trilingüe de castellano, catalán e inglés.

PSC: La receta Iceta para la reconciliación

 Nada menos que 700 platos incluye el libro de la ‘receta Iceta’ para cambiar Catalunya. El manual de cocina del PSC para bajar el suflé es de lo más variado y pensado para todo tipo de paladares, desde los que siguen dietas democristianas como Ramon Espadaler hasta los que les gusta más la pimienta roja como el expodemista Carlos Jiménez Villarejo.

El primero de la extensa lista de puntos del programa socialista es plantear un «acuerdo por la estabilidad y la confianza» para el retorno de las empresas que se han ido desde el 1-O. Iceta ha puesto énfasis en la necesidad de «coser y curar las heridas» y de trabajar desde el «catalanismo social» para lograr la «reconciliación entre catalanes, con el resto de españoles y con Europa». En el paquete de promesas, también brilla con luz propia el impulso de un nuevo modelo de financiación que culmine en un «pacto fiscal federal». Su idea de negociar con el Ejecutivo español una quita de la deuda para Catalunya y otras autonomías que han realizado «un esfuerzo excesivo» para intentar reducir su déficit ha provocado que Ciutadans, el PP y varios barones socialistas refunfuñaran. Igual que también ha sido recibida con recelo su oferta de Hacienda federal.

La reforma constitucional en clave federal vuelve a ser la solución que ponen sobre la mesa para resolver el encaje de Catalunya y España; una propuesta que implicaría una doble votación (una en toda España para validar la nueva Constitución y otra en Catalunya del nuevo Estatut federal) para la que prefieren no fijar calendario porque creen que es una carrera de fondo. Para evitar indigestiones como la actual, el libro de recetas de Iceta apuesta por aparcar el ‘fast food’ del ‘tenim pressa’ para volver a la cocina a fuego lento.

Catalunya en Comú: plan para salir del bucle

Los 'comuns' se habían marcado el reto de cambiar la hoja de ruta independentista, rompiendo el matrimonio de conveniencia de ERC y el PDECat. Pero las expectativas electorales no les son, de momento, muy favorables para postularse a los republicanos como sustitutos de los posconvergentes como compañeros de Govern. A la espera de la aritmética que se dibuje tras el 21-D,Catalunya En Comú-Podem se presenta a los comicios como la alternativa a los bloques de la DUI y del 155 para salir del bucle e impulsar una agenda social.

Su hoja de ruta pasa por priorizar el perfil social del Govern y abandonar la unilateralidad para volver a insistir en la búsqueda de un referéndum pactado, la bandera que les llevó al doble triunfo en Catalunya en las dos últimas elecciones generales. Junto a esta consulta acordada reclaman también la libertad de los 'consellers' presos y de los Jordis y la recuperación del autogobierno con el fin del 155. "Estos son los únicos puntos de consenso de país más allá de los puntos de cada parte", explicó Xavier Domènech. 

El candidato de los 'comuns' desplegará durante la campaña su oferta de "un 'New Deal' para Catalunya", un pacto de país abierto a "absolutamente todo el mundo" que permita "nueva relación de tú a tú" con España. Un acuerdo político, social y nacional que incorpore el impulso de una ley de la claridad, como la canadiense, para conseguir un referéndum pactado. 

La sombra de los recursos al Tribunal Constitucional no tendría que ser, para ellos, una excusa para no intentar con audacia abordar políticas más sociales. Por eso han perfilado 300 medidas en materia social, como por ejemplo fijar un suelo de inversión social en los presupuestos de la Generalitat, garantizando que el gasto en protección social se iguale a la media europea, pasando de un 21% a un 28% del PIB. Poniendo la Barcelona de Ada Colau como espejo de que otra política es posible, se propugnan iniciativas en política redistributiva (renta garantizada y más gravamen para los más ricos) y para controlar, entre otros, el precio de los alquileres. Para poder financiar todas estas medidas se aboga por una Hacienda propia solidaria. 

PP: vuelta a la legalidad

Acabar con el procés, devolver las instituciones y los medios de comunicación públicos a la neutralidad y obedecer de nuevo al Estatut y a la Constitución. Así reza, según han avanzado fuentes del Partido Popular de Catalunya (PPC) a EL PERIÓDICO, su programa electoral para las elecciones del 21-D, aún por presentar públicamente.

La prioridad de los populares, que no es ningún secreto, pasa por formar un gobierno constitucionalista en Catalunya que aparte a los independentistas del control de las instituciones. Por ello, aseguran a sus votantes que nunca apoyarán iniciativas que puedan colocar a un soberanista al frente «esté a favor o no de un referéndum pactado».

Constantes apelaciones a la legalidad y a la estabilidad política inundan el escrito, que defiende el desmantelamiento de los «chiringuitos independentistas» que ha edificado el Govern de Junts pel Sí para «difundir el independentismo». Es decir, la eliminación de las embajadas de la Generalitat en el exterior y el cese de los que «difunden mentiras sobre Catalunya y España», en palabras del líder de la candidatura, Xavier García Albiol, algo que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya ha ordenado con la aplicación del 155.

Los populares no omiten su ofensiva contra los medios de comunicación públicos por su cobertura del proceso soberanista. Aunque Albiol propuso «cerrar TV-3 y volverla a abrir con gente normal», en el programa se rebaja el tono y se apela a una «redimensión» para recortar su presupuesto. Al mismo tiempo, llaman a vestirlos de mayor pluralidad ideológica.

CUP: República o "boicot"

No hay vuelta atrás. La República derivada del referéndum del 1 de octubre debe ser desarrollada e implementada. Es el punto principal del programa con el que la CUP se presenta a las elecciones del próximo día 21, cerrando así la puerta a cualquier negociación con el Estado. Eso sí, la candidatura (cuyo cabeza de lista es Carles Riera seguido de María Sirvent) llama a «no repetir los mismos equemas de clase» y las «mismas indefiniciones políticas» en los que el bloque independentista, según ellos, ha incurrido en los últimos dos años.

Es aquí donde aboga por introducir de nuevo la «perspectiva de clase». La agenda social vuelve a ser prioritaria. Y, junto a ella esta vez, la lucha por la libertad de los políticos independentistas en prisión y la amnistía.

Otra novedad: la CUP llama a hacer «boicot» a ERC y Junts Per Catalunya (JxCat) en caso de que reculen y no acaten el compromiso de hacer efectiva la República. Este «boicot» se hará mediante la no asistencia a los plenos o el voto de bloqueo. La finalidad es «desenmascarar el verdadero programa autonomista de algunos autodenominados independentistas».

Renovación

El sábado, a dos días del inicio de la campaña electoral, el secretariado de la CUP dimitió ante la necesidad de un «proceso de renovación» tras «días de debates». Mantendrá sus funciones hasta el nuevo período.

Los sondeos dan a los anticapitalistas menos 10 escaños, los que consiguieron en la anterior legislatura. Esto se entiende, en parte, por un retorno del voto prestado de aquellos votantes de ERC que en en el 2015 no quisieron apoyar la lista de JxSí, encabezada por CDC.