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CAUSA POR REBELIÓN

El juez decidirá sobre los 'exconsellers' la víspera de la campaña

El fiscal pide que el Govern siga preso al no ver "un atisbo de sometimiento a la legalidad" en sus alegatos

Junqueras acata el 155, pero a diferencia de Forcadell se niega a responder a la fiscalía

Ángeles Vázquez

El juez Pablo Llarena se lo comunicó así a los abogados de los diez procesados. / JUAN MANUEL PRATS / EFE VÍDEOS

Todo estaba listo para celebrar su excarcelación: dinero para hipotéticas fianzas y minibuses listos para ir a las cárceles madrileñas de Estremera, Soto del Real o Alcalá Meco, donde están internados el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros siete 'exconsellers' desde el 2 de noviembre, y el líder y el exlíder de Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC), respectivamente, desde el 16 de octubre. Pero todo se ha trasladado al lunes, horas antes de que, a medianoche, dé comienzo la campaña electoral para las elecciones del 21-D.

El juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena escuchó este viernes los argumentos de todos ellos para defender su puesta en libertad. Con unas u otras palabras acataron el 155, aunque no compartan cómo se aplicó, porque tras su aplicación no hicieron actos de partido, ni se han fugado y comparecieron ante la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ya como 'exconsellers'. También de una forma u otra renunciaron a volver a recurrir a las vías unilaterales al mostrarse dispuestos a actuar dentro de los cauces de la Constitución, que, sostuvieron, son flexibles y dejan margen para la controversia política y para alcanzar su objetivo de una futura República catalana. Raül Romeva y Carles Mundó, por ejemplo, apelaron a la vía escocesa, lograda desde el diálogo. Las fuentes jurídicas consultadas discrepan sobre si Junqueras también lo hizo o no.

Compromiso insuficiente

Pero, para la fiscalía, de sus palabras "no se ha podido inferir un atisbo de sometimiento a la legalidad vigente". Por eso, la exfiscala general del Estado Consuelo Madrigal y el fiscal Jaime Moreno defendieron que sigan en prisión, circunstancia que, entienden, debe prevalecer sobre la inminente campaña electoral. En su informe recordaron la huida del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a Bruselas, las altas penas con las que se castiga la rebelión, la sedición y la malversación y el intento de destruir documentos en una incineradora.

No obstante, diferenciaron entre la responsabilidad de Mundó, Dolors Bassa y Meritxell Borràs de la del resto. Situaron a los tres en un plano inferior, lo que facilita que el juez Llarena pueda imponerles una medida cautelar menos gravosa que la solicitada, como hizo con la presidenta del ParlamentCarme Forcadell, y los otros cinco miembros de la Mesa de la Cámara.

La acusación que ejerce Vox también informó en contra de la libertad. "Una parte importante del Gobierno golpista de la Generalitat está huido. Además, la reiteración delictiva no ha sido negada por ninguno de ellos, porque, a preguntas de esta acusación, ninguno negó que quiere la independencia de Catalunya, aunque a partir de ahora sostengan, en fraude de ley, que lo harán por vías democráticas", explicó el abogado y secretario general de la formación de extrema derecha, Javier Ortega

Elecciones, situación excepcional

Por su parte, el abogado Jordi Pina, que representa a varios de los candidatos de Junts per Catalunya al 21-D, explicó que en su informe planteó al juez que tenga en cuenta esta "situación excepcional" para que puedan concurrir en igualdad de condiciones y "los ciudadanos tengan las mismas posibilidades de escuchar los argumentos de todos los candidatos que concurren".

En su opinión, el acatamiento al 155 se produjo "desde el momento en que concurren a las elecciones". "En la comparecencia se ha añadido que si son escogidos actuarán desde el marco constitucional y la legalidad vigente -señaló-. Se ha planteado que la Constitución puede ser modulable y dentro del diálogo con el Gobierno central y el respeto a la democracia se pueden alcanzar los fines que se persiguen políticamente, que no se oculta que responden al anhelo que determinada parte de Catalunya tiene de conseguir una República independiente".

A diferencia de la presidenta del Parlament y los miembros de la Mesa de la Cámara catalana el pasado 9 de noviembre, ni Junqueras ni Romeva quisieron responder a la fiscalía. Sí lo hicieron Mundó y Bassa, al igual que Josep Rull Jordi Turull, que se negaron a contestar a Vox, al igual que el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y el exlíder de la ANC y actual número dos de JxCat por Barcelona, Jordi Sànchez. Sí respondieron a todo Joaquin Forn y Borràs, la única que no seguirá en política.

Con abogados fuera 

A la comparecencia no pudieron asistir ni los abogados del miembro de la Mesa del Parlament Joan Josep Nuet ni el 'exconseller' de Presidència y condenado por el 9-N Francesc Homs, quien quería estar como coordinador de la defensa de los exmiembros del Govern del PDECatEnrique SantiagoJuan Moreno y Enrique Leiva presentaron un escrito de queja al impedirles el magistrado participar, al entender que el contenido de la vista no les afectaba por versar sobre la revisión de la situación personal de otros querellados. Ello pese a que Borràs sí declaró.

Tampoco pudo entrar Gonzalo Boye, abogado de Toni Comín y Meritxell Serret, que están en Bélgica, donde este lunes se celebrará una vista en la que las defensas se opondrán a la euroorden cursada por España para lograr la entrega del 'expresident' y del resto del Govern fugado.