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CAMINO DE LAS URNAS

ERC apuesta por la desobediencia en política social tras el 21-D

Los republicanos se proponen burlar las suspensiones del Constitucional sobre leyes como la de pobreza energética

Esquerra intenta vincular la secesión con la mejora del Estado de bienestar para ampliar base y atraer a los 'comuns'

Xabi Barrena

La secretaria general de ERC, Marta Rovira.

La secretaria general de ERC, Marta Rovira. / DANNY CAMINAL

¿Qué sucederá si el bloque independentista vence las elecciones? Esa sería más o menos la pregunta que se esparce en los mentideros secesionistas, aún despistados por la proclamación pero no aplicación de la declaración de independencia. En lo simbólico, la legislatura catalana, abortada por Mariano Rajoy el 27 de octubre, ya alcanzó el cénit secesionista con la proclamación de la nueva república, por lo que ulteriores unilateralidades en este campo se antojan difíciles.

Tanto es así, que tanto el PDECat como ERC no se esconden en afirmar que la independencia, si se da, será fruto de un pacto con el Estado, es decir, bilateral. Los republicanos afirman, de hecho, que ese siempre ha sido el plan, que la unilateralidad no es un estado político deseado, sino que ha venido determinado por la negativa del Gobierno a sentarse a negociar cualquier escenario que superase la Constitución.

De hecho, todas las acciones del Govern han ido encaminadas más a forzar a sentarse a Rajoy a negociar un referéndum que a creer que, por su cuenta, podría convertir Catalunya en un estado. Finalmente, Esquerra no se cansa de afirmar que incluso en el más unilateral de los escenarios incluía, como final de fiesta, una negociación con el Estado para el reparto de activos y pasivo y el asunto de la deuda soberana que tiene contraída el Reino de España y que ya supera el 100% del PIB.

Sin cuerpo para jotas

La implacable acción del Ejecutivo central, tanto en la versión policial, con su brutal persecución de las urnas el 1-O, como en la judicial, con todos los encarcelados, dejan en el cuerpo independentistas pocos ánimos de más jotas simbólicas. Ni se puede hacer más que la ya declarada independencia, ni es prudente hacerlo.

ERC, favorita en las encuestas, se halla en pleno proceso de redacción de su programa electoral que combina con la negociación con PDECat y CUP de una serie de puntos comunes que den consistencia a la idea de frente unitario. Como ya avanzó este diario la semana pasada, los republicanos apuestan por “dotar de contenido” a la nueva república. Es decir, sacar adelante en el Parlament un listado de iniciativas de carácter social que sirvan para identificar la independencia de Catalunya con el bienestar de la sociedad.

Pero es que Esquerra quiere ir más allá. Lejos de desafiar al Estado con nuevas declaraciones de carácter simbólico quiere llevar hasta las últimas consecuencias, es decir, hasta la desobediencia de las leyes españolas, su defensa de las medidas sociales que puedan aprobarse o, es más, que ya hayan sido sancionadas por el Parlament. Se trataría de dar un rodeo por las carpetas sociales y desarrollar una ‘unilateralidad social’. El independentismo no tiene previsto volver a los cuarteles de invierno ni abrazar un nuevo autonomismo.

Pobreza energética

Los motivos son variados y, de hecho, ya fue propuesta por los republicanos cuando el Gobierno recurrió la ley de pobreza energética al Tribunal Constitucional, que acarreó la automática suspensión. El más obvio es la de vincular el pulso con el Estado con medidas que afectan directamente a la población y poner al Ejecutivo en un brete. No es lo mismo arremeter contra quien declara la independencia que contra los que promueven que nadie se quede sin calefacción en invierno. O los que apuestan por la renta garantizada e, incluso, los que buscan la racionalidad mediante una reforma horaria.

Hay otra más política. Y tiene relación con los ‘comuns’, un partido que tiene como ‘lideresa’ indiscutida a Ada Colau, la hoy alcaldesa que construyó el  aura que la aupó al edificio Este de la plaza de Sant Jaume precisamente sobre la desobediencia social, en su caso, con los desahucios.

Queda claro que los ‘comuns’ no apoyarán nunca una declaración de independencia y que su apuesta es un referéndum pactado. Pero, si el nuevo Govern da el rodeo social para desafiar el Estado, ¿de qué parte se pondrán? ¿Puede la fuerza de Ada Colau renegar de la aplicación ilegal de la ley de pobreza energética? 

Previsibles fisuras internas

Otra cosa es que el hecho de abandonar los simbolismos y pasar a debatir de lo que afecta de pleno a los ciudadanos pase factura interna en el frente independentista. El grupo parlamentario de Junts per Catalunya obedecerá, presuntamente, las directrices del PDECat en un momento en el que su coordinadora general, Marta Pascal, se ha fijado como gran objetivo recalcar el perfil propio de los posconvergentes, tras años de excesivo contacto, y ellos temen que contagio, tanto con republicanos como con anticapitalistas.

Y marcar perfil significa, obviamente, distanciarse de los postulados de ERC y CUP. Por el otro lado, los propios anticapitalistas que hacen bandera de la desobediencia total. Y entre unos y otros, ERC, que busca ser la nueva viga maestra del catalanismo, es decir, el morador del llamado gran espacio central, y, a la vez, mantener su talante izquierdoso.

Subráyese que todo el relato se sustenta sobre una eventual mayoría parlamentaria independentista y, obviamente, por eso es su escenario, una victoria de ERC sobre JxC. ¿Y el 50%? Esquerra ve más que posible que se alcance y, si llega, es palmaria que dotaría al discurso independentista de un gran espaldarazo moral sobre todo cara a las cancillerías internacionales. Pero el objetivo primario de ERC es el triunfo en escaños del secesionismo que renueve el mandato democrático del 27-S.

Hay quien sospecha en la sede de la calle de Calàbria que conseguir el 50% es imprescindible justo hasta que se consiga, y que si se alcanza esa variable desaparecerá del discurso constitucionalista como por arte de magia. Pero las mayorías parlamentarias quedan ahí.

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