Los mediadores niegan las amenazas de "sangre en las calles" tras la DUI

Los tres mediadores presentes en las reuniones del Govern previas a la declaración unilateral de independencia (DUI) de Catalunya del 27 de octubredeclaración unilateral de independenciaDUI, el lendakari, Íñigo Urkullu; el Síndic de Greuges y el arzobispo de Barcelona, han desmentido que durante las mismas se hablara explícitamente de una respuesta de "violencia extrema con muertos en las calles" por parte del Gobierno central, tal como expresó la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Esquerra, por su parte, se ha reafirmado en lo dicho por su número dos y ha añadido que esas informaciones, además, coinciden con lo expresado en su día, antes del 1-O, por parte de varios cargos del PP y del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

En concreto, el portavoz republicano, Sergi Sabrià, ha aludido al vicesecretario de comunicación del PP, Pablo CasadoPablo Casado, quien afirmó que el presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, podía acabar "como Lluís Companys"Lluís Companys, en alusión al 'president' que murió fusilado. Sabrià también ha recordado que la secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, recordó en un acto que el Ejército tenía la misión de garantizar la soberanía y la integridad territorial de España.

Fuentes de la Lendakaritza han asegurado a EL PERIÓDICO que Urkullu no tuvo conocimiento, en el transcurso de sus labores de mediación entre el Ejecutivo español y el Govern, de que el Estado hubiera amenazado con "muertos en la calle" si culminaba el proceso hacia la independencia. De esta manera, desde Euskadi quedan en entredicho las declaraciones de Rovira.

El entorno del lendakari ha sido categórico al rechazar que tuvieran el menor conocimiento de una amenaza de ese calibre. De hecho, Urkullu ha defendido que se estuvo "muy cerca de una solución" a la crisis institucional en Catalunya. Y tanto el Gobierno vasco como el PNV han admitido que estaban convencidos de que el Govern iba a

convocar elecciones anticipadas y evitar la DUI, una decisión que finalmente se alteró en el último minuto para sorpresa y decepción de los nacionalistas vascos.

Por su parte, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha descartado que avisara al Govern cesado en tales términos, saliendo al paso de las informaciones publicadas por el diario 'Ara', que aseguraban que el Síndic disponía de informaciones que apuntaban hacia tal escenario. Ribó ha querido matizar sus palabras y, en una entrevista en Catalunya Ràdio, ha asegurado que solo habló de "contundencia".

🔴 @sindicdegreuges :"Vaig dir que determinats moviments per part de les institucions catalanes podrien comportar una reacció dràstica de l'estat, res més"

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— El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) 20 de noviembre de 2017

Ribó ha asegurado que durante la única reunión a la que asistió advirtió al Govern de que "determinados movimientos por parte de las instituciones catalanas podrían provocar una reacción contundente del Estado", de la misma manera que la "gran mayoría" de los mediadores que asistieron a dichas reuniones hicieron. A continuación, ha negado que sustentara dichas advertencias en información directa del Estado.

Las aclaraciones del lendakari y del Síndic coinciden con el desmentido del cardenal arzobispo Juan José Omella, quien ha negado "categóricamente" que en su intento de mediación entre el Gobierno catalán y el central antes de la DUI se advirtiera de violencia del Estado. En un escueto comunicado del Arzobispado de Barcelona, Omella niega "las noticias aparecidas en diversos medios de comunicación sobre las informaciones de violencia de Estado, en caso de que el Gobierno de la Generalitat hubiese hecho una DUI".

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La CUP insiste

La cabeza de lista por Lleida de la CUP, Mireia Boya, mientras, ha asegurado que su formación fue advertida de que podía ser acusada de hipotéticos atentados que ocurrieran en Catalunya: "Se nos podía acusar de algún atentado con muertos en la calle". Boya, por tanto, ha confirmado la versión de Rovira y al hilo de los desmentidos provinentes del Ejecutivo de Rajoy, se ha preguntado si eso significa "que el Estado abandona la vía violenta".