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DEBATE PARLAMENTARIO

El Congreso aprueba la reforma para anular los juicios políticos del franquismo

PSOE, Podemos, ERC y PNV apoyan la iniciativa del PDECat, C's se abstiene y el PP se opone

La proposición implica iniciar el recorrido legislativo para ampliar la Ley de Memoria histórica de Zapatero

El Periódico

Jordi Xuclà interviene en el Congreso.

Jordi Xuclà interviene en el Congreso. / JUAN MANUEL PRATS

El Congreso ha validado este martes la reforma de la Ley de Memoria Histórica aprobada hace una década en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. A propuesta del PDECat, la Cámara baja admite a trámite una proposición de ley para anular los juicios políticos de la Guerra Civil y el franquismo. El PSOE, Unidos Podemos, ERC y el PNV han mostrado su apoyo. Ciudadanos se ha abstenido y el PP ha expresado su rechazo,  porque considera que la iniciativa puede provocar situaciones de inseguridad jurídica.

Se trata de la primera iniciativa legislativa que se debate esta legislatura en el Congreso para revisar una ley aprobada en diciembre de 2007, pero no será la última, puesto que el PSOE está ultimando su propia reforma para, además de anular esos juicios, sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos o ilegalizar la fundación que lleva su nombre.

La propuesta de los posconvergentes plantea modificar el artículo 3 de la ley para que, además de la ilegitimidad, se declare la nulidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos constituidos durante la Guerra Civil para "imponer por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal", así como la ilegitimidad y nulidad de sus resoluciones.

Condenas nulas

Apuestan por declarar "ilegítimas y nulas" las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualquier tribunal u órgano penal o administrativo constituido durante la dictadura "contra quienes defendieron la legalidad institucional" republicana, "pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución".

El portavoz adjunto del PDECat, Jordi Xuclà, ha recordado que hace 10 años, cuando se tramitaba la Ley de Memoria, algunos grupos intentaron que la norma incluyera ya esa nulidad de los juicios, pero finalmente aceptaron la redacción propuesta por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que se limitaba a declarar la ilegitimidad de aquellos tribunales y sentencias.

Entonces, subrayó, contaban con que fueran los particulares o los fiscales quienes instaran a los jueces a declarar la nulidad de esos procesos políticos, pero finalmente eso no ocurrió. Por eso, ha defendido la necesidad de anular por ley aquellas sentencias, siguiendo el modelo de Alemania que declaró la nulidad de los juicios del nazismo en 1998.

El PSOE ha apoyado la iniciativa, pero ha anunciado que presentará en breve una reforma de la Memoria Histórica más ambiciosa que ponga fin a las lagunas que, admiten los socialistas, dejó su ley. Los 'comuns' respaldan la iniciativa. Su portavoz, Xavier Domènech,  se ha mostrado convencido de que hasta ahora estos juicios no se han anulado porque declarar nulas las resoluciones sobre incautación de bienes por parte del franquismo supondría que habría que reparar económicamente a las víctimas, un asunto que también ha sacado a colación el peneuvista Mikel Legarda.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha anunciado que su formación no se opondrá a la tramitación, aunque duda sobre sus efectos prácticos. Así, se ha preguntado si contribuirá a "una mayor dignificación de las víctimas" y ha avisado de que puede provocar situaciones de "inseguridad jurídica". Aunque ha condenado la "la etapa negra" que se inició con el "golpe de Estado contra la República", ha apostado por "mirar al futuro" y por no utilizar estos asuntos para hacer partidismo.

Desde ERC, su portavoz Joan Tardà ha recalcado que hasta ahora los jueces han dejado muy claro que no podían anular aquellas sentencias porque los tribunales que las dictaron eran legales. En este sentido, ha subrayado que, además de "ilegítimos", los tribunales franquistas deben ser declarados "ilegales", porque sólo así se podrá garantizar que sus sentencias pueden ser declaradas nulas y poner fin al "fraude" que, a su juicio, supuso lo incluido en su momento en la Ley de Memoria.

Tunel del tiempo

El portavoz del PP en la Comisión Constitucional, Francisco Martínez, ha afeado al PDECat que quiera meter al Congreso en el "tunel del tiempo" con una propuesta, a su juicio, "muy deficiente" y que generará "inseguridad jurídica y confusión".

En este sentido, ha argumentado que la ley vigente ya declaró ilégitimos aquellos tribunales y sus sentencias, lo que implica, desde su punto de vista la "expulsión más rotunda de sus actuaciones del ordenamiento jurídico". Pero, según el PP, carece "de rigor jurídico" proponer que tanto los tribunales como sus resoluciones se declaren "nulos".