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EL PULSO SOBERANISTA

El Tribunal de Cuentas aprovecha el 155 para buscar nuevas pruebas contra Mas por el 9-N

El órgano fiscalizador eleva de 5 a 10 millones sus sospechas por el posible uso de dinero público en la consulta

El Secretario de Estado de Hacienda exige nueva información a la Interventora de la Generalitat

Rosa Maria Sánchez

El expresidente de la Generalitat Artur Mas, en la tribuna de invitados del Parlament.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas, en la tribuna de invitados del Parlament. / FERRAN NADEU

El Tribunal de Cuentas,  que preside Ramón Álvarez de Miranda, ha dado un vuelco en su investigación sobre la posible utilización de fondos públicos en la consulta popular del 9 de noviembre del 2014 en Catalunya (9-N), causa en la que el 'expresident' Artur Mas figura como principal implicado. El órgano fiscalizador, que en principio estimó en 4,8 millones de euros la posible utilización de dinero público de la Generalitat en la consulta del 9-N, eleva ahora sus sospechas a una cuantía cercana a los 10 millones y le ha pedido al Ministerio de Hacienda que, en su calidad de nuevo responsable político de la Conselleria de Economia tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, aporte la información requerida antes del 20 de noviembre.

El Tribunal de Cuentas exigió a Artur Mas el pago de una fianza de algo más de 5,2 millones de euros, a partir de una estimación provisional de daños de 4,8 millones más los correspondientes intereses de demora. Si se confirmaran las nuevas sospechas y la nueva estimación de daños se elevara al entorno de los 10 millones es posible que también fuera preciso elevar en igual proporción la fianza exigida, más los intereses de demora, bajo amenaza de embargo. De momento, no hay una conclusión definitiva.

Nuevos indicios

Casi a punto de finalizar la instrucción de la denuncia presentada por Societat Civil Catalana Abogados Catalanes por la Constitución, la delegada instructora del caso en el Tribunal de Cuentas ha encontrado nuevos indicios.

El tribunal estaba investigando el uso de la partida denominada como "Gastos de procesos electorales y consultas populares" que se había consignado en el presupuesto de la Generalitat del 2014 por un importe de 5 millones de euros.  Los denunciantes habían detallado cuantías destinadas a financiar la página web institucional, la fabricación de material empleado en la votación, la compra de ordenadores portátiles, la campaña institucional, la póliza de seguros para los voluntarios, las labores de apoyo informático, el envío de información y el centro de prensa.

Sin embargo, en la fase final de la investigación se han puesto de manifiesto unas modificaciones presupuestarias desconocidas hasta el momento, que sugieren la posible utilización de casi 10 millones de euros bajo este epígrafe.

"La puesta de manifiesto de este dato en la fase final de alegaciones puede resultar relevante para la determinación de otras posibles irregularidades contables", según el escrito remitido por la delegada instructora al Ministerio de Hacienda, firmado el 30 de octubre, tres días después de haberse hecho efectiva la intervención por parte del Estado de la Generalitat de Catalunya por aplicación del artículo 155 de la Constitución. Las nuevas sospechas han motivado la necesidad "de realizar indagaciones complementarias a las ya realizadas" hasta ahora, añade la instructora.

Interventora general

En concreto, el Tribunal de Cuentas reclama un informe de la Intervención General de la Generalitat en el que se aclare "el origen, destino y aplicación de los fondos objeto de modificación presupuestaria". Y como a raíz de la aplicación del artículo 155 el Ministerio de Hacienda es ahora el responsable político de la Consellería de Economía que dirigía Oriol Junqueras, el Tribunal de Cuentas pide al departamento que dirige Cristóbal Montoro "que garantice la remisión de los informes y la documentación solicitada" en un plazo que vence el 20 de noviembre.

Hacienda recibió este escrito el viernes 3 de noviembre y el mismo martes día 7, el Secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, remitió un escrito a la Interventora General de la Generalitat, Rosa Vidal Planella, en el que "al amparo del artículo 155 de la Constitución y en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal de Cuentas" le requiere que aporte la documentación solicitada dentro del plazo y que "remita copia de todo ello a esta Secretaría de Estado de Hacienda".

El hecho de que el Ministerio de Hacienda tenga ahora el control de la consellería sugiere la posibilidad de un cumplimiento más diligente del requerimiento de información.

Mas debe completar el depósito de 5,2 millones

El nuevo giro que adopta la investigación de las cuentas del 9-N se produce a escasos días de que se cumpla el plazo ampliado, hasta el 16 de noviembre, concedido por el Tribunal de Cuentas a Artur Mas para que complete el depósito de  5,2 millones de fianza como máximo presunto responsable de unos actos en lo que el Tribunal de Cuentas también implica a la exvicepresidenta, Joana Ortega, y a los 'exconsellers' Irene Rigau y Francesc Homs, a quienes se imputa una responsabilidad directa y solidaria entre ellos.

Mas ya ha depositado 2,4 millones de euros, con ayuda de la caja de solidaridad activada por Òmnium Cultural y de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) que ahora ha asumido la fianza de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.

La fianza de 5,2 millones fue determinada tras el acto de alegaciones y levantamiento de acta de liquidación provisional que celebró el Tribunal de Cuentas el pasado 25 de septiembre. Tras analizar aquellas alegaciones, la delegada instructora del caso dice ahora que los datos aportados ese 25 de septiembre pueden resultar relevantes para determinar "otras posibles irregularidades contables", lo que ha proporcionado un nuevo giro en la causa.