INVESTIGACIÓN JUDICIAL POR EL REFERÉNDUM UNILATERAL
Interior afirma que los Mossos podrían haber evitado las cargas del 1-O
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
J. G. Albalat / Barcelona
El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, máximo responsable de la coordinación de las actuaciones policiales para evitar el referéndum unilateral del 1-O y alto cargo del Ministerio del Interior, sostiene en un informe que el día de la consulta la actuación de los Mossos fue de "absoluta pasividad", "inoperativa", "ineficaz" y de "nula colaboración". A la vez, acusa a agentes de la policía autonómica de oponerse, entorpecer y "obstruir" la intervención de la Guardia Civil y la Policía Nacional. El escrito relata que las cargas policiales que se produjeron ese día ante la concentración de decenas de personas en los puntos de votación podrían haberse evitado si los Mossos hubieran clausurado los colegios electorales en los días previos o a primera hora de la mañana del 1 de octubre.
Pérez de los Cobos es especialmente duro con la actuación de los Mossos el 1-O en el informe que entregó hace unos días a la jueza del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Mercedes Armas, que instruye la querella por desobediencia presentada contra el destituido presidente Carles Puigdemont y su Govern por la convocatoria del referéndum unilateral. Fue la magistrada quien lo solicitó.
El escrito detalla que desde primera hora del 1 de octubre, Pérez de los Cobos recibió informaciones que apuntaban a la "muy limitada eficacia" de la actuación de los Mossos en orden a impedir la ocupación y la apertura de los centros de votación, tal y como había ordenado el TSJC. Por esta razón, indica el coronel, fue necesario activar las primeras actuaciones de unidades de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Esta valoración inicial sobre la necesidad de actuar, quedó "confirmada" con la petición de apoyo por parte de la policía autonómica. El informe incide en que las acciones de los concentrados en los colegios electorales para impedir la retirada de las urnas fueron "organizadas, premeditadas, con reparto de roles" y "protagonizadas por personas que habían sido seleccionadas entra las más radicales". También había gente vigilando los movimientos de los antidistubios de la policía y otros grupos hacían colas "en falsos puntos de votación".
Actitud festiva y jocosa
La crítica a la actuación de los Mossos es contundente. El informe detalla que se constató que había agentes de la policía autonómica "compartiendo la actitud festiva e incluso jocosa de los que incumplían la ley, de una forma totalmente ajena a la gravedad de los hechos. Y relata que en un instituto los Mossos llegaron a alertar a los congregados en sus puertas de la intervención de la Policía Nacional.
Es decir, la policía autonómica, según Pérez de los Cobos, mantuvo una "inactividad generalizada" y su dispositivo estuvo orientado, "más que a dar cumplimiento al mandato judicial", a mantener la seguridad al modo de unas elecciones legales convocadas", así como a "aparentar" que seguían las órdenes del TSJC.
El dictamen concreta que, en algunos casos, la policía autonómica se incautó de las urnas una vez finalizado el recuento de los votos. "La detección de este engaño pone en entredicho a los mandos de los Mossos implicados, pero también pone en tela de juicio la legitimidad de las cifras de urnas incautadas", señala. Pérez de los Cobos insiste en que la actuación de los Mossos estuvo "apoyada públicamente por el Govern de la Generalitat". El informe relata, además, que el Ejecutivo catalán ofreció resultados del referéndum en la "mayoría" de los 99 centros donde los Mossos aseguran que impidieron la votación.
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