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CONSEJO DE MINISTROS

Rajoy convoca las elecciones el 21-D y agrada a PSOE y Ciudadanos

El presidente español opta por disolver ya el Parlament y "dar la voz a los catalanes" tras la DUI

La Moncloa va a una intervención mínima en tiempos para que "Catalunya se reconcilie pronto con la ley"

Gemma Robles / Pilar Santos

Mariano Rajoy, en la mesa del Consejo de Ministros, el sábado, en la Moncloa.

Mariano Rajoy, en la mesa del Consejo de Ministros, el sábado, en la Moncloa. / AP / JUAN CARLOS HIDALGO

Las elecciones en Catalunya ya tienen fecha: el 21 de diciembre. Por primera vez en democracia no las ha convocado un ‘president’, sino un presidente, Mariano Rajoy, haciendo uso del artículo 155 de la Constitución que le ha permitido primero cesar a Carles Puigdemont -además de a todo su Gobierno y muchos cargos eventuales- y después arrogarse las competencias para convocar los comicios autonómicos de forma literal “lo antes posible”, dado que se celebrarán en el plazo mínimo que marca el Estatut, esto es, 54 días después de que legalmente puedan ser impulsadas desde La Moncloa.

El anuncio de Rajoy, que llegó pasadas las 20 horas del viernes, fue sin duda la mayor sorpresa de una jornada política que será difícil de olvidar para varias generaciones. En el mismo día el Parlament votó convertir a Catalunya en una República independiente mientras el Senado, por mayoría absoluta, aprobaba dar poderes al Ejecutivo central para hacer posible la intervención de la Administración catalana. Las imágenes de fiesta independentista en las calles se iban entrelazando con los avisos desde la Fiscalía General o del Tribunal Constitucional de que habrá decisiones en breve y seguramente consecuencias serias para algunos de los protagonistas de la secesión. En medio de esa vertiginosa sucesión de acontecimientos, se puso sobre la mesa un calendario para colocar las urnas.

"El 'president' Puigdemont tuvo la oportunidad este jueves de disolver él y convocar elecciones. No quiso hacerlo. Pues el Gobierno de España toma las medidas para recuperar la legalidad y ha decidido además convocar elecciones en Catalunya. Creemos que es urgente devolver la voz a los catalanes y en condiciones democráticas para que decidan su futuro, para que nadie pueda cometer ilegalidades en su nombre. Son las urnas de verdad las que pueden sentar las bases de la necesaria convivencia entre catalanes. Catalunya necesita reconciliarse con la ley y consigo misma y el Gobierno no quiere dilatar ni un momento más esa tarea", afirmó el jefe del Ejecutivo en una declaración institucional sin preguntas.

Asimilar puntos de vista

El líder popular se había pronunciado en varias ocasiones sobre la posibilidad de que fuera él, y no Puigdemont, quien le pusiera fecha a los próximos comicios catalanes. Se había limitado a apuntar que serían "lo antes posible", pese a que había acordado con el PSOE y con Ciudadanos que no debían dilatarse. De hecho populares, socialistas y 'naranjas' llegaron a pactar un límite de seis meses desde la activación total y definitiva del artículo 155 para colocar urnas. También es cierto que el PPC había hecho llegar a La Moncloa su interés porque no fueran inmediatos (a efectos de estrategia y posibles resultados), y que varios miembros del Gobierno habían incidido en que previamente habría que instaurar "la legalidad" de nuevo en Catalunya, lo que llevaría su tiempo.

Todo eso escuchó y asimiló un Rajoy que terminó por hacer suya una decisión que garantiza una intervención mínima en tiempos, y que satisface a Pedro Sánchez, a Albert Rivera y a un Miquel Iceta que mostró su alivio en las redes sociales. Mientras el líder de Podemos, Pablo Iglesias, demandó que el proceso electoral inminente se produzca "sin represión", con todas las opciones políticas presentes, entre otras cosas.   

No fueron  los ceses y la convocatoria de elecciones las únicas decisiones adoptadas en el segundo Consejo de Ministros extraordinario que Rajoy presidió en menos de siete días, a cuenta del despliegue del 155: también vieron la luz los decretos que servirán para designar los órganos administrativos que llevarán ahora las riendas administrativas en Catalunya, y que dependerán directamente de los ministerios. Además se aprobó la extinción de las embajadas en el exterior, salvo Bruselas, y la intervención en los Mossos con el cese de su director general (y la sugerencia de que su 'major', Josep Lluís Trapero, dejará de serlo en cuanto el ministro de Interior se haga con los mandos de la 'conselleria').