Ir a contenido

El Gobierno invita a Puigdemont a dar la cara en el Senado

La vicepresidenta señala que la Cámara alta "tiene capacidad para adaptar" el 155 tanto a una posible DUI como a una convocatoria de elecciones

Santamaría avisa al 'president' de que no ha sido investido "por una autoridad divina" y, por tanto, cuando se publique su cese, deberá dejar su cargo

Patricia Martín

EFE / CHEMA MOYA / VÍDEO: ATLAS

Soraya Sáenz de Santamaría ha invitado este lunes a Carles Puigdemont a acudir al Senado y expresar en este ámbito las alegaciones que quiera aportar a la puesta en marcha del artículo 155. La vicepresidenta ha explicado que desde el sábado no ha habido ningún contacto con la Generalitat y, en su opinión, “llegado a este punto”, en el que el Ejecutivo central ha pedido a la Cámara alta el aval para cesar al Govern, se está en "otra dinámica" y debe ser “públicamente donde si la Generalitat quiere expresar lo que tenga oportuno, pueda hacerlo”. El 'president' ha recogido el guante y fuentes de su entorno han señado poco después que este está dispuesto a acudir a la Cámara alta

En cualquier caso, la vicepresidenta, en dos entrevistas distintas, no ha querido entrar al detalle de qué pasará si antes de que el pleno de la Cámara alta, el próximo viernes, apruebe las medidas acordadas, Puigdemont convoca unas elecciones autonómicas o el Parlament declara formalmente la independencia. Sáenz de Santamaría sólo ha señalado que el 155 está ahora en manos del Senado, que tiene “capacidad de adaptarse” a los posibles nuevos escenarios en Catalunya e incluso modificar las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros del pasado sábado “hasta el final de la tramitación” del artículo. La Cámara alta “tiene capacidad de valorar las circunstancias que se vayan produciendo e introducirlas en el acuerdo”, ha remachado. 

Más claro ha sido el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien ha señalado que tanto el Ejecutivo como las Cortes podrían cambiar las medias aprobadas el pasado sábado si se producen novedades en Catalunya. "Ante cualquier novedad, se producirán respuestas, bien por el Gobierno, o bien por el propio Senado, dentro del procediminento del 155", ha manifestado. Por su parte, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha añadido que el Gabinete de Mariano Rajoy recurrirá ante el Tribunal Constitucional una DUI que, según ha advertido, conllevaría además "una responsabilidad penal evidente".

En este sentido, fuentes gubernamentales dejan abiertas todas las posibilidades sobre la modulación del 155. Si al final se convocan elecciones, puede paralizarse su tramitación o su puesta en marcha si ya estuviera aprobado. Por contra, también cabe la posibilidad de matizarlo o endurecerlo si se cree necesario porque se acabe convocando oficialmente y sin disimulos la independencia, o una parte de los mandos de la Generalitat opten por desobedecer a las autoridades designadas por el artículo 155. Y es que existe la previsión de que cualquier grupo, incluido el PP, presente enmiendas a lo largo de su tramitación antes de su aprobación el viernes. 

Por todo ello, la vicepresidenta ha señalado que el precepto constitucional, incluso una vez aprobado, permite "una aplicación gradual" y si se observa que los altos cargos del Govern incumplen su mandato, se les puede cesar al igual que a los 'consellers'. 

La advertencia de cese

En este contexto, Sáenz de Santamaría ha advertido al ‘president’ que "dejará de serlo cuando se publique el acuerdo” en Boletín Oficial del Estado, previsiblemente el próximo sábado. Ante la eventualidad de que Puigdemont y su Govern se atrincheren e intente impedir su cese, la mano derecha de Mariano Rajoy ha avisado de que los máximos responsables de la Generalitat no están investidos “por ninguna autoridad divina” ni por la “mano de Dios”, sino porque “así lo marca la Constitución”. De ahí que, una vez de que su relevo entre en vigor, su cese será una “realidad política y jurídica […] por mucho que quieran vivir en la ficción que quieran”.

En este sentido, ha precisado que a partir de la destitución, el jefe del Ejecutivo catalán “no tendrá firma, ni podrá adoptar decisiones válidas ni ejercer sus funciones”, además de que “dejará de cobrar” y “dejará de tener lo que acompaña a un presidente autonómico”.