Jordi Sànchez pide su libertad negando que se quisieran impedir los registros judiciales

El presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, ha optado por tratar de revocar su ingreso en prisión dirigiéndose directamente a la Sala de lo Penal. Niega la competencia de la Audiencia Nacional para investigarle y sostiene que "si el fin de la manifestación" ante la Conselleria de Economia del pasado 20 de septiembre "hubiese sido impedir la práctica de la entrada y registro, es obvio que lo habría conseguido fácilmente". De esta forma, niega la sedición sin ninguna referencia a una supuesta condición de "preso político", que le han atribuido muchos de los críticos con su encarcelamiento, y que directamente habría abocado al fracaso su intento.

El abogado Jordi Pina niega en el recurso que en la convocatoria realizada por la ANC, solo referida a la manifestación de la Conselleria, hubiera "un alzamiento público y tumultuario" o que los asistentes tuvieran "una actitud violenta, intimidatoria u hostil", como, a su juicio, acredita que muchos llevaran claveles y "bolsos" en las manos. Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart -que aún no ha recurrido-, hicieron todo lo posible para que la concentración fuera de forma pacífica y su papel consistió en garantizar que se desarrollara así y que los agentes pudieran cumplir con el registro ordenado, sostiene.

Sànchez pidió a los manifestantes que "protegieran unos vehículos que ya estaban dañados". Y dijo: "Dejemos que nuestra policía haga su trabajo. Es la comitiva judicial. No nos sirve para nada. Se tienen que ir, no hacen nada aquí, dejemos que se vayan".

Una manifestación no cambia el Estado

El recurso, que pide a la Sala una vista a la que asista el propio Sànchez, insiste en que la sedición no es competencia de la Audiencia Nacional, por lo que Lamela no sería la jueza predeterminada por la ley para investigar los hechos denunciados por la fiscalía que "no son idóneos para modificar la organización territorial del Estado español", porque eso no se consigue "manifestándose varios miles de personas durante algo más de 24 horas ante la Conselleria", ni "tampoco con la supuesta obstaculización de una entrada y registro".

A su juicio, Lamela ha ignorado la jurisprudencia sobre sedición del Tribunal Supremo y de la propia Audiencia Nacional, según el auto de diciembre del 2008 sobre los crímenes del franquismo en el que negó su competencia para investigar la rebelión. "Si la voluntad de modificar la organización territorial del Estado no sirve para atribuirle la competencia por rebelión, tampoco puede serlo para la sedición", dice la impugnación.

La defensa considera "absolutamente irregular" el último informe de la Guardia Civil, que habla de "una supuesta hoja de ruta para la independencia", tenida en cuenta por la magistrada para "justificar un hipotético e inexistente riesgo de reiteración delictiva". También cuestiona que la segunda citación de Sánchez y de Cuixart coincidiera con la respuesta del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al requerimiento del Gobierno sobre si había declarado o no la independencia, porque entre el día 6, cuando fueron citados por primera vez, y el 16 no se produjo un "hecho nuevo relevante" ni se "acordó diligencia de investigación novedosa" que lo justificara.