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La jueza deja libre a Trapero pero le retira el pasaporte

El jefe de los Mossos y la intendente del Eixample deberán ir al juzgado cada 15 días

Á. V.
BARCELONA

Llega a la Audiencia Nacional Trapero que declara por sedición.

Llega a la Audiencia Nacional Trapero que declara por sedición.

Horas antes de enviar a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart a la cárcel, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela tuvo que decidir qué medidas tomaba sobre el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y sobre la intendente del Eixample Teresa Laplana. El teniente fiscal de la Audiencia, Miguel Ángel Carballo, había solicitado prisión incondicional para el responsable policial y prisión eludible con fianza de 40.000 euros para su subordinada. No obstante, la magistrada acabó fijando comparecencias quincenales en el juzgado para Trapero y Laplana y les impuso además la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país. También deberán facilitar un teléfono en el que estar localizables y, en caso de incumplir alguna de las medidas impuestas, se les advirtió de que su situación sería modificada.

En el auto, la jueza explica que la causa por sedición contra Trapero se reduce a lo denunciado en su día por la fiscalía, es decir, a las protestas que tuvieron lugar en Barcelona los días 20 y 21 de septiembre, la más destacada, la concentración frente a la Conselleria d'Economia. Esos días, la actuación del mayor de los Mossos «no aparece todavía suficientemente perfilada hasta el punto de poderle vincular a hechos tan graves como los que esos días se sucedieron, sin perjuicio de lo que pueda determinarse en una fase más avanzada de la investigación», sostiene Lamela. La magistrada rehúsa tener en cuenta, al menos por el momento, el último informe de la Guardia Civil relativo a la actuación de los Mossos hasta el 1-O.

Pese a todo, añade que «existen elementos que vinculan a Trapero» con la estrategia separatista, como la hoja de ruta intervenida en el domicilio de Josep María Jové, número dos del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y «la pasividad, aún por investigar, que se atribuye a los Mossos en los hechos acaecidos el 1 de octubre o el contenido de las conversaciones» intervenidas por el Juzgado número 13 de Barcelona, en las que aparecen «contravigilancias para proteger a determinadas personas frente a posibles actuaciones de la Policía y la Guardia Civil».

En relación con la actuación de los Mossos el 1-O, la cúpula de la policía catalana ha requerido a miembros del cuerpo que participaron en el dispositivo que redacten un texto en el que expliquen en qué consistió su actuación aquella jornada. Según ha podido saber este diario de fuentes de la policía catalana, se trata de «unas fichas» en las que se les pide que describan su labor para tener información de lo que se hizo en cada centro, informan A. Baquero y J. G. Albalat.

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