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SANCIÓN ADMINISTRATIVA

Artur Mas deposita 2,2 millones al Tribunal de Cuentas por el 9-N

El 'expresident' pide ampliar el plazo para abonar los tres millones restantes

J. G. Albalat / Barcelona

El expresidente de la Generalitat Artur Mas, en la tribuna de invitados del Parlament.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas, en la tribuna de invitados del Parlament. / FERRAN NADEU

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha depositado en una entidad bancaria los 2,2 millones de euros reclamados por el Tribunal de Cuentas por la organización de la consulta soberanista del 9-N del 2014. Así lo ha comunicado este lunes el abogado defensor de Mas, Rafael Entrena, en un escrito dirigido al organismo fiscalizador en nombre de todos los afectados. Además, el exjefe del Ejecutivo catalán ha solicitado al Tribunal de Cuentas que amplíe el plazo fijado (hasta el 20 de octubre) para sufragar el resto de la fianza, que asciende a un total de 5,2 millones.

El letrado presentó un recurso contra esta liquidación provisional que aún no ha sido resuelto, por lo que precisa en su escrito que esta cantidad "no tiene carácter de reintegro", al entender que la liquidación provisional es "absolutamente injustificada". Los 2,2 millones de euros coincide con la cantidad que había recaudado la Assemblea Nacional Catalana (ANC) para hacer frente a el dinero que el Tribunal de Cuentas reclama tanto a Mas, como a la exvicepresidenta Joana Ortega y a los 'exconsellers' Irene Rigau y Francesc Homs, que ya fueron condenados a penas de inhabilitación por la justicia por delitos de desobediencia y prevaricación por impulsar el 9-N.

El resto de dinero hasta los 5,2 millones correspondería en parte al gasto de los ordenadores que fueron utilizados por la consulta alternativa (unos tres millones de euros)  y que después fueron repartidos por la Generalitat entre las escuelas. Esta partida  deben afrontarla solidariamente Rigau y Mas.

Homs y los demás

A Homs se le atribuye la responsabilidad por 2.127.580,09 euros por varias partidas (publicidad, elaboración del soporte informático, envío de información, centro de información y centro de prensa). A Ortega, por las partidas relativas al registro de la página web, material para la votación, seguros para los voluntarios, soporte informático y campaña informativa se le exigen 839.520,26. Aparte de Mas y los 'exconsellers' Homs, Rigau y Ortega, el Tribunal de Cuentas atribuye responsabilidad a los cargos y excargos de la Generalitat Lluis Beltran, Josefina Valls, Ignasi Genovés, Jordi Vilajoana y Jaume Domingo.

Mas, a través de su abogado, ha presentado una recurso por la liquidación provisional y ha alegado ante el Tribunal de Cuentas indefensión para pedir la anulación de la decisión que le obliga a pagar 5,2 millones de euros. El escrito sostiene que se han cometido irregularidades en la tramitación del expediente y que, incluso, se ha vulnerado la Constitución. El abogado subraya que a los cuatro exaltos cargos del Gobierno catalán no se les ha notificado ninguna de las actuaciones que el Tribunal de Cuentas ha realizado, lo que les ha provocado "indefensión", y que se ha vulnerado el derecho de defensa consagrado en la Carta Magna.

El recurso destaca que "no es admisible" que en un procedimiento que se inicia el 18 de mayo del 2017 a raíz de la acción de diversas entidades "guiadas por una más que evidente y reconocida voluntad política" no se haya notificado a los afectados las diligencias que se han efectuado, ni se les haya dado copia de nada hasta un par de días antes de la práctica de la liquidación provisional. "En lógica consecuencia debería haberse preservado la defensa de sus intereses desde la fase inicial del procedimiento", señala el letrado.