El Gobierno abrirá el debate de la financiación junto al territorial

El Gobierno y el PSOE llevan semanas trabajando juntos en una doble respuesta ante la amenaza de declaración de independencia de Catalunya: la posible aplicación del artículo 155 de la Carta Magna si Carles Puigdemont no da marcha atrás (el palo) y la oferta de una revisión del modelo territorial (la zanahoria). La reforma constitucional está por fin encima de la mesa y por primera vez Mariano Rajoy ha cedido a la pretensión de los socialistas de comprometerse con un debate al que era más que reacio, por ser de difícil digestión para la organización que dirige.

Así, mientras aguardan a conocer la decisión del 'president' sobre el requerimiento recibidorequerimiento  para que aclare si hay o no secesión, el Ejecutivo central moverá ficha en el terreno económico. Aseguran fuentes consultadas por este diario que este mes de octubre se abrirá oficialmente el debate  -se da por superada la fase de evaluación de carencias del sistema- sobre la reforma de la financiación. Será en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. De hecho, Hacienda ya ha reclamado a cada comunidad autónoma un representante para participar en esta nueva fase y, según esas fuentes, todas han designado uno con excepción de Catalunya, "que no se ha pronunciado". En paralelo comenzarán los trabajos sobre financiación local.

Podemos pide implementar el derecho a decidir

Los populares son conscientes de que hay partidos que, como el PSOE y Ciudadanos, reclaman que el nuevo modelo de financiación se incluya en la Constitución, cuya reforma va a abordarse por primera vez en el Congreso en cuestión de días. En ese ámbito los de Rajoy están dispuestos a hablar de mejorar y aumentar los servicios públicos e incluso del "perfeccionamiento del autogobierno". "Podemos debatir sobre un nuevo reparto competencial o de impuestos", añade algún alto cargo del PP, sin querer ir de momento más allá. Sin embargo los socialistas, a quienes se debe que Rajoy haya aceptado que el Parlamento afronte la actualización de la Carta Magna, tienen su propuesta más perfilada y avisan de que defenderán las "aspiraciones nacionales" de Catalunya.

Medidas pactadas con PSC

El PSOE lleva defendiendo desde el 2013 un cambio de la ley fundamental que profundice en la descentralización desde un punto de vista federal y ahora se sienten satisfechos. El entorno de Pedro Sánchez insiste en que el PP ha interiorizado de verdad la necesidad de actualizar la Carta Magna, pero no se atreve a especular hasta dónde llegará. Aun así, la dirección socialista considera que sus iniciativas territoriales, plasmadas en la llamada Declaración de Barcelona de julio, ocupan la centralidad entre las del PP y las de Podemos y podrían ser el marco para el acuerdo.

Sánchez no renunciará de entrada a ninguna de sus propuestas, todas pactadas con el PSC. Cuando se constituya la comisión para la modernización del Estado autonómico, que se prevé inminente, los socialistas pondrán sobre la mesa todas sus recetas. Incluida la que más controversia causa en sus propias filas: el reconocimiento constitucional de las "aspiraciones nacionales de Catalunya". Junto a esta medida, el PSOE también defiende "nuevas reglas" para el reparto competencial que "mejoren el autogobierno de la Generalitat desde el respeto y la lealtad institucional", un nuevo sistema de financiación y la reforma del Senado.

Equipos en la sombra

Los socialistas explican que no ha sido sencillo atraer al PP a la reforma. Rajoy y Sánchez han tenido muchas reuniones en las últimas semanas, muchas más de las que han trascendido, pero también ha habido encuentros en un segundo nivel. En septiembre, los dos partidos mayoritarios formaron sendos equipos. El de los conservadores estaba formado por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; el responsable de relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y Pedro Arriola, asesor del jefe del Ejecutivo. Los socialistas eran Carmen Calvo, exministra y actual secretaria de igualdad en el partido; Meritxell Batet, líder del PSC en el Congreso, y José Enrique Serrano, diputado y exjefe de gabinete de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero.

Hubo dos largas reuniones en las que se perfiló el pacto entre el presidente y el líder del PSOE: Sánchez daba su apoyo a la hipotética aplicación del artículo 155 de la Constitución (siempre que no se suspenda la autonomía de Catalunya sino que se intervengan determinadas competencias) y Rajoy se sumaba al cambio de la ley fundamental. En esos encuentros, dicen, no se ahondó en propuestas sobre la Carta Magna. Se deja para la comisión territorial, que fue avalada también por Podemos y que pese a sus recelos contará además con C's y PDECat. En seis meses deberá aprobar conclusiones y elevarlas al Pleno del Congreso. Después se constituirá la subcomisión constitucional, de la que saldrá la esperada reforma.

"El cambio de la Constitución no se puede abordar de forma acalorada ni con prisas. Se trata de nuestro modelo de convivencia para los próximos 30 o 40 años", explica Carmen Calvo. "Pero el tema territorial es el más complejo de todos, mucho más que otras materias que debemos abordar, como los derechos civiles y el reconocimiento de la igualdad entre sexos. Es bueno que haya un trabajo previo de seis meses para que la subcomisión constitucional ya lo reciba muy peinado", continúa la exministra.