Amplia condena en el Consejo de Europa a la violencia policial

La condena a la violencia y la necesidad de diálogo y respeto a la ley han centrado este jueves el debate en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que ha abordado la crisis política en Catalunya. Diputados de diferentes partidos y países han hecho un llamamiento al diálogo y a la implicación de la comunidad internacional. La mayoría de intervinientes han condenado la "represión" policial del 1-O y han remarcado que la "violencia" no es el camino. Sin embargo, los representantes de España, a excepción de los de Podemos, han criticado la acción de la Generalitat, acusándola de incumplir la ley.

Sobre la "solución" necesaria, algunos diputados, como el suizo Manuel Tornare, reivindicaron que "la única salida es una hoja de ruta que conduzca a la mediación". Otros, como el británico Roger Gale, citaron el ejemplo de Escocia afirmando que un referéndum como el que se pactó en el Reino Unido "es también posible en España".

Por su parte, la suiza Elisabeth Schneider-Schneiter ha puesto el sistema federal de su país como modelo y dijo que Suiza "está a su disposición". La parlamentaria belga Pettra de Sutter ha criticado que Rajoy "continúe utilizando palabras amenazantes" y le ha avisado de que aplicar el 155 "sería lo peor que podría pasar". Algunos diputados, como Ganira Pashayeva, de Azerbaiyán, han hecho referencia a la necesidad de resolver la situación con diálogo pero "dentro del marco de la integridad territorial".

El secretario general del Consejo de Europa, Thorbjørn Jagland, rechazó en un debate previo esta semana la idea de una mediación internacional pero ofreció la ayuda del Consejo de Europa en el campo del derecho constitucional. En respuesta a preguntas de miembros de la Asamblea, Jagland enfatizó la importancia de resolver el conflicto dentro del marco constitucional español "o una versión modificada" de la constitución.

Human Rights Watch

La organización Human Rights Watch ha denunciado que la policía española "usó de manera excesiva la fuerza contra manifestantes en Catalunya" durante la jornada de votación del 1 de octubre "utilizando porras para golpear a personas que se resistían pasivamente y causando múltiples heridas". El Govern cifró en más de 800 el número de afectados.

La oenegé de derechos civiles afirma que ha recibido muchas acusaciones de un uso injustificado de la fuerza por parte de la policía durante el referéndum y "llevó a cabo investigaciones in situ después de la votación para documentar incidentes específicos". Human Rights Watch asegura que ha hablado con víctimas y testigos y ha revisado pruebas fotográficas y médicas, así como imágenes de vídeo, de la ciudad de Girona y dos municipios de las provincias de Girona y Barcelona.

Tras recordar que España pertenece al Convenio Europeo de Derechos Humanos y al Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, Human Rights Watch ha advertido al Gobierno del PP de que tiene la obligación de garantizar "una investigación efectiva sobre las denuncias" y ha considerado que, dada la "actual tensión entre las autoridades centrales y regionales y las complejas cuestiones de jurisdicción", debería solicitar la "asistencia de un organismo internacional independiente".

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, se han hecho eco del informe este miércoles en sus cuentas de Twitter.