EL PROCESO INDEPENDENTISTA EN LOS TRIBUNALES
El TSJC afirma que ninguna declaración de independencia tiene valor jurídico
El alto tribunal admite otra querella contra Puigdemont y su Gobierno por el 1-O
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
J. G. Albalat / Barcelona
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha aprobado este miércoles un comunicado institucional en el que asegura que ninguna declaración "formal o aformal, implícita o explícita de independenia despliega efecto jurídico alguno".
De esta manera, el alto tribunal catalán, presidido por Jesús Maria Barrientos, reafirma "de forma inequívoca" que solo la norma vigente, conforme a la Constitución y a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional (TC), puede ser "fuente aplicativa del derecho y presupuesto de todas y cada una de las decisiones judiciales", a la vez que recuerda que la ley de transitorietat está suspendida por el TC
La Sala de Gobierno del TSJC, como órgano del Poder Judicial en Catalunya, también reitera su "compromiso de fidelidad y defensa del sistema constitucional" y de los "valores en los que se funda, como la "libertad, justicia, igualdad, pluralismo y convivencia pacífica". Y destaca que "la necesaria obediencia a la ley".
La demanda de Vox
Por otra parte, el TSJC ha admitido a trámite la querella presentada por el partido Vox por el referéndum unilateral y dirigida contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, su Gobierno en pleno y los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament. Los magistrados de la sala civil y penal han acordado acumular esta demanda a dos procesos ya abiertos a raíz de dos querellas de la Fiscalía Superior de Catalunya por el proceso soberanista, una contra el Ejecutivo catalán y otra contra los miembros de la Mesa, aunque limita las pesquisas por ahora a los delitos de desobediencia y prevaricación, y en el caso de Puigdemont y sus 'consellers', también de malversación.
Vox acusaba a Puigdemont y a los miembros de su Gobierno, a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los otros miembros soberanistas de la Mesa, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramon Barrufet, también de los delitos de conspiración para la rebelión, sedición y usurpación de atribuciones. No obstante, el alto tribunal catalán acota por ahora su investigación, "sin perjuicio de la comisión de otros delitos directa o indirectamente relacionados con los anteriores".
De esta manera, el partido podrá ejercer la acusación en los dos procesos incoados, aunque deberá depositar las fianzas que las juezas que se encargan de esta causa consideren oportunas. El TSJC, paralelamente, ha decidido no admitir la querella del mismo partido que iba dirigida contra los miembros de la sindicatura electoral que fueron desginados para el referéndum unilateral del 1-O y que, al final, no actuaron.
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