Rajoy requerirá a Puigdemont que aclare oficialmente si hay DUI

■ Rajoy insta a Puigdemont a aclarar si ha declarado la independencia

Después de una tarde plagada de debate interno y con otros líderes políticos sobre si lo que había hecho Carles Puigdemont en el Parlament era o no declarar la independencia de Catalunya, el presidente Mariano Rajoy optó anoche por convocar hoy un Consejo de Ministros extraordinario para, previsiblemente, aprobar un requerimiento oficial que inste al president a especificar qué ha hecho, con qué intenciones y si está dispuesto a rectificar antes de que se pudieran adoptar medidas como la activación del artículo 155 de la Constitución, que supone la suspensión de las competencias.

El convocar a sus ministros y redactar dicho requerimiento ya son, de facto, los dos primeros pasos exigibles para poder impulsar esa vía constitucional a fin de asumir en parte las riendas competenciales de la Generalitat. Pero también es cierto que son reversibles y que, en función de la respuesta que Puigdemont ofrezca en un plazo de tiempo (horas o días) que ha de marcarle Rajoy, se adoptará una decisión sobre si el camino a seguir es definitivamente el 155 o hay otras posibilidades menos dolorosas para los catalanes.  

«Le vamos a ayudar a que se aclare», resumía una fuente gubernamental para tratar de resumir el objetivo del requerimiento. Un paso al que se llega, según fuentes de la dirección popular, tras un pacto de mínimos con los socialistas para ir de la mano en la respuesta estatal al desafío de Catalunya y bendecido, en la noche del martes, en una reunión entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, Pedro Sánchez, para analizar la situación. Y con apoyo crítico de Albert Rivera, que se queja de que no se haya actuado antes y sin tantos recelos a la hora de aplicar el mencionado artículo de la Carta Magna.

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Valoración dudosa

Rajoy, antes y después de la ambigua intervención de Puigdemont en el Parlament, ya había tenido contacto telefónico con el propio Sánchez y con Rivera, entre otros. La buscada complejidad de la alocución del president hizo que el Gobierno central fuera evolucionando de una primera interpretación tajante, esto es, que había habido declaración de independencia «implícita» en la Cámara catalana, aunque fuera suspendida de forma inmediata en pro del diálogo, a valoraciones menos tajantes o enrevesadas, como la del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que llegó a hablar de una «no declaración de independencia» que sería «no reconocida».

Cerca ya de las 22.30 horas de la noche fue la vicepresidenta y responsable de asuntos territoriales, Soraya Saénz de Santamaría, quien compareció ante la prensa. En una intervención tras la que no aceptó preguntas, confirmó que este miércoles a primera hora habría Consejo de Ministros extraordinario para estudiar los «próximos pasos» a dar. No quiso ser más explícita.

"Acto fraudulento"

«El Gobierno no puede aceptar que se dé validez a la ley catalana del referéndum porque está suspendida por el Constitucional. La Generalitat no puede asumir los resultados del 1 de octubre porque ese fue un acto ilegal, fraudulento y sin las mínimas garantías. Y no es aceptable que, además, en el Parlament se constante por parte de nadie que la mayoría de los catalanes desean un Estado independiente en forma de república», advirtió Santamaría aludiendo a algunos de los argumentos esgrimidos por Puigdemont en su discurso en el Parlament. Asimismo, lamentó que el máximo dirigente de la Generalitat intente «imponer» una mediación, porque esa mediación siempre se debe hacer «respetando las reglas de juego». 

 Hasta ahí quiso llegar el Gobierno en sus declaraciones públicas en las primeras horas tras la declaración de Puigdemont. Pero continuó trabajando en Moncloa hasta bien entrada la noche para preparar el requerimiento que ya se dispone a enviarle al president, antes de decidir si sigue adelante con la aplicación del 155.

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Si el aludido optara por recular, la respuesta gubernamental podría ser más suave. Existe un precedente con el socialista Felipe González de presidente, en los años 80, en que se requirió a Canarias una marcha atrás en un conflicto que mantenía con el Estado y no fue necesario llegar a la suspensión de competencias. Sin embargo, si no se repitiese esa circunstancia y la respuesta que ofrezca Puigdemont no es satisfactoria, el Ejecutivo podría seguir adelante con el artículo 155.

En ese escenario, el siguiente paso sería la convocatoria de un segundo Consejo de Ministros en el que se aprobaría un documento que, con vistas a ser enviado y aprobado en el Senado, recogería las medidas concretas que pretendería acometer Rajoy con la autonomía suspendida. Y los fines que persigue con ello. El plazo mínimo de toda esta tramitación, si se lleva a la práctica, serían cinco días.