IMPUTADO

El fiscal pide ampliar el caso por sedición contra Trapero

Los imputados volverán a ser citados por la magistrada, momento en que la fiscalía pedirá medidas cautelares

El 'major' de los Mossos sostiene que se enteró de los arrestos de Barcelona por los medios y no pudo planificar el dispositivo

Ferran López, Josep Lluís Trapero y Juan Carlos Molinero acuden a declarar a la Audiencia Nacional, en octubre del año pasado.

Ferran López, Josep Lluís Trapero y Juan Carlos Molinero acuden a declarar a la Audiencia Nacional, en octubre del año pasado. / DAVID CASTRO

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Ángeles Vázquez

Un atestado de la Guardia Civil aportado este mismo viernes en la Audiencia Nacional puede hacer que la causa en la que está imputado por sedición el 'major' de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, se amplíe a hechos "anteriores y posteriores" a las protestas del 20 y 21 de septiembre en Barcelona para abarcar también la votación del 1-O. Al menos eso es lo que quiere la fiscalía, que para evitar indefensiones o nulidades pidió a la jueza Carmen Lamela la suspensión de las declaraciones previstas. Aunque se mantuvieron, la magistrada volverá a citar al responsable policial, la intendente de los Mossos Teresa Laplana y a los presidentes de Òmnium Cultural y la Assamblea Nacional Catalana (ANC), aunque difícilmente será antes del día 16. 

La nueva documentación, que no es el informe que la magistrada había ordenado a la Guardia Civil sobre las protestas que se produjeron en Barcelona tras los arrestos y registros ordenados por el Juzgado de Intrucción número 13 de esa ciudad y que afectó especialmente a la comisión judicial que hacía la diligencia en la 'Conselleria' de Economía, son alrededor de 300 páginas, además de audios y vídeos. 

Fuentes fiscales explicaron que incluyen hechos nuevos que afectan a los cuatro investigados actuales y a otras personas, cuya imputación podrían solicitar tras estudiar el atestado. Además, han advertido de que tras esa declaración decidirán qué medida cautelar piden contra ellos. El ministerio público añade que en caso de que no comparezcan "serán conducidos por la fuerza pública al juzgado". Por la supuesta inactividad de los mossos a la hora de cerrar colegios el 1-O varios juzgados catalanes tienen diligencias abiertas, aunque ninguna incluye el delito de sedición investigado en la Audiencia Nacional.

Sin tiempo para reaccionar

Pese a todo, Trapero quiso declarar ante la magistrada para negar las conclusiones del atestado de la Guardia Civil que denunciaba haber requerido hasta en seis ocasiones la intervención de los mossos sin éxito. La policía autonómica sostiene, según los servicios jurídicos del Departamento de Interior, que "no fueron avisados con suficiente antelación para poder planificar el dispositivo" ordenado por el juez Juan Antonio Ramírez, ya que lo conocieron por los medios.

El 'major' aseguró que no ha cometido ni colaborado en un delito de sedición ni en ningún otro. Los Mossos, defiende, tienen una forma de afrontar problemas de orden público distinta a otros cuerpos y durante los registros gestionaron el dispositivo como habitualmente suelen hacer "independientemente del motivo y colectivos que los provoquen".

La intendente Teresa Laplana no declaró por problemas de salud, pese a que se había previsto una videoconferencia para evitarle venir a Madrid. El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart se negó a contestar preguntas, y el de ANC, Jordi Sànchez, sólo contestó a su abogado. Sostuvo que la manifestación fue "pacifica" y se mostró convencido de que "en ningún momento en el ánimo de ninguno de lo más de 50.000 manifestantes estaba el de alterar, como dice la fiscalía", el orden constitucional.

Aplausos y gritos de "traidor"

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Tras declarar, Trapero abandonó el tribunal entre los aplausos de los diputados de PDECat, ERC, En comú Podem, PNV y Bildu, que acudido a apoyarle, y los gritos de "traidor" de una decena de personas que se encontraba al otro lado de la calle Génova. Pero en ningún momento se produjo un problema de seguridad, ya que la Audiencia había extremado las medidas habituales, lo que obligó a los cargos electos a hacer sus declaraciones en un parque anexo a la plaza donde se encuentran parte de las instalaciones del tribunal. 

En su denuncia, la fiscalía apuntaba a Sànchez y Cuixart y reproducía sus palabras para animar a la concentración que acosó a la comisión judicial enviada por el juzgado 13 para registrar la ‘Conselleria’ de Economía. La letrada de la administración de justicia (antes secretaria judicial) tuvo que salir por la azotea a un teatro cercano y algunos de los guardias civiles del dispositivo estuvieron hasta 18 horas en el interior del edificio. En esa protesta también se destrozaron vehículos de la Guardia Civil.