Trapero, citado por la jueza como imputado por sedición para el viernes

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decidido comenzar a instruir con contundencia la denuncia presentada por la fiscalía por sedición a raíz de las protestas que se produjeron en Barcelona los días 20 y 21. A petición del teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha citado citado a declarar el viernes como imputado al 'major' de los Mossos, Josep Lluís Trapero. [Sigue las últimas noticias sobre la independencia de Catalunya en directo.]

También interrogará por este delito a la intendente de los Mossos en el Eixample, Teresa Laplana, el mando del cuerpo durante las movilizaciones en las que se acosó a la comisión judicial que en nombre del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona asistió a los registros hechos en distintas sedes de la Generalitat y en las que se destrozaron varios vehículos de la Guardia Civil. Fue la responsable del operativo de la policía autonómica a la que se dirigieron sin éxito en varias ocasiones los guardias civiles que participaban en el dispositivo ordenado por el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, según consta en el atestado que este cuerpo envió al juzgado barcelonés.

Ambos mandos ya han anunciado que aprovecharán su declaración para aportar a la jueza toda la documentación de la que disponen sobre el dispositivo policial que realizaron ese día. Los Mossos han precisado en una nota que tanto en esa actuación como en las demás en las que han participado "han dado estricto cumplimento a las instrucciones y órdenes recibidas de la fiscalía y la autoridad judicial" y se han realizado con "máximo rigor y profesionalidad". Una afirmación que no comparten el resto de cuerpos, al menos a la hora de impedir la consulta del 1-O, lo que ha llevado a la Unión de Guardias Civiles a denunciar a Trapero por la actuación de los Mossos el día del referéndum unilateral.

Arengar a las masas

La magistrada también ha citado el viernes a los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente. La denuncia fiscal describía la actuación que tuvieron durante las protestas. De Trapero decía que el titular del juzgado número 13 le ordenó por teléfono que tomara medidas para proteger a la comisión judicial.

Según la denuncia, que relataba cronológicamente lo ocurrido en la movilización que se produjo contra el arresto de 14 personas por su vinculación con el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional, Sànchez se dirigió a los concentrados para decirles: "El 1 de octubre votaremos, si nos quitan las urnas, las construiremos", y "que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa". Cuixart pidió que la protesta continuara subido a un coche de la Guardia Civil.

La fiscalía se centraba en el acoso sufrido por la comisión judicial que participaba en el registro de la Conselleria d'Economia, por el que la letrada de la Administración de Justicia (antes, secretaria judicial) tuvo que salir por la azotea a un edificio próximo y los guardias civiles estuvieron hasta 18 horas sitiados.

La jueza Lamela sostenía en el auto de admisión que esas conductas podían encajar en el artículo 544 del Código Penal que sanciona el alzamiento tumultuario, dirigido a impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes o la actuación de autoridades en el ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales. La sedición esta penada hasta con 15 años de cárcel.