La fiscalía considera que las cargas policiales "no afectaron a la convivencia" en el 1-O

La Fiscalía de Barcelona sostiene que la intervención de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir el referéndum unilateral del 1-O no afectó "en absoluto a la normal convivencia ciudadana", porque los agentes actuaron amparados en el "cumplimiento de un deber" y en "legítima defensa". También recrimina al Gobierno catalán su irresponsabilidad y "grave comportamiento" al convocar concentraciones "tumultuarias" para "desobeder y enfrentarse" al Tribunal Constitucional. 

En un escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, que ha abierto diligencias a raíz de una  denuncia de la Generalitat por las cargas policiales, la fiscalía se opone a investigar la actuación global de la Guardia Civil y Policía Nacional y pide que se indague solo la intervención de los agentes en un local de votación, la escuela Jesuitas de Sant Gervasi. Destaca el "carácter espúreo" de la denuncia del Ejecutivo catalán y  la califica de "general, indiscriminada e inconcreta".  "De ninguna manera se puede habar de violencia grave y generalizada", incide.

"Legítima defensa"

El fiscal Juan Carlos Padín entiende que en la jornada del 1-O que los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional actuaron acatando la orden del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de impedir la votación y, en alguno casos, intervinieron en "legítima defensa" frente a la intervención de "individuos no identificados" que actuaron "violentamente" en su contra. Recuerda que esta orden también las recibieron los Mossos.

Tras las cargas policiales para impedir el 1-O, la Generalitat denunció a la Policía Nacional y la Guardia Civil en el juzgado de guardia de Barcelona las acciones de los antidisturbios, al considerar que fueron "violentas y desproporcionadas" y supusieron una "manifiesta perturbación de la paz pública" y un incumplimiento de las ordenes judiciales que especificaban que las fuerzas de seguridad no podían afectar a la "normal convivencia ciudadana". "Nada más lejos de la realidad", responde el fiscal.

"Convocados de forma irresponsable"

A su entender, las medidas adoptadas por la Policía Nacional y Guardia Civil "en absoluto" afectaron a la normal convivencia ciudadana". Y agrega: "Afectaron, sin duda, a los numerosos grupos de personas que de forma irresponsable habían sido convocados por el Govern de la Generalitat, conocedor de la ilegalidad del acto y de las medidas judiciales adoptadas (para impedirlo)", incide la fiscalía. "Personas que de forma voluntaria concertada y coordinada se agolparon en determinados lugares de Barcelona, congregándose en sus puertas para de forma tumultuosa" impedir a los agentes el cumplir la resolución judicial que les ordenaba impedir el 1-O.

"La actuación de los cuerpos policiales actuantes podría estar amparada por la causa de justificación de cumplimiento de un deber y, en algunos casos, por la legítima defensa frente a las actuaciones de individuos no identificados por el momento, que actuaron violentamente contra los agentes cometiendo presuntos delitos de atentado y resistencia", sostiene el fiscal.

El fiscal ve "imposible" contestar a una "acusación genérica" como la de la Generalitat, que sostiene que la Policía Nacional y la Guardia Civil usaron la "violencia" contra personas que se concentraban "pacíficamente", al considerar que es una acusación "indiscriminada" sobre la actuación de numerosos agentes a lo largo de todo el día. Expone que como "ejercicio inteletual" y basándose en los datos proporcionados por la Generalitat, si el 1-O votaron 2.262.424 personas y 844 resultaron heridos, un 0,037 % de los votantes resultaron afectados por la "presunta violencia policial". Además, al haber un único herido grave, hubo "un 0,000042 % de individuos afectados por la presunta violencia grave policial".

No obstante, el fiscal reconoce que cada uno de los casos concretos "merece y obliga" a jueces y fiscales a aclarar lo sucedido, por lo que pide que se abra una investigación sobre la intervención policial en el centro educativo Jesuitas de Sant Gervasi, en la calle Porvenir de Barcelona.

Para el fiscal, la Generalitat pretende con su denuncia "dejar en la penumbra" el "grave comportamiento" de la Generalitat que "irresponsablemente" no dudaron en "llamar a los ciudadanos a desobedecer y enfrentarse a las decisiones del Tribunal Constitucional" y las ordenes del TSJC.