El TSJC asume el operativo contra el 1-O y ordena el cierre de los colegios electorales

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha asumido este miércoles la dirección del operativo policial para impedir el referéndum unilateral del 1-O y ha ordenado a los Mossos, la Guardia Civil y la Policía Nacional que cierre los colegios electorales previstos para la votación. En el caso de que los puntos de votación se encuentren en edificios con instalaciones compartidas de servicios públicos en funcionamiento, se precintarán solo las dependencias que se utilicen para la consulta. Con esta decisión, la fiscalía deja a partir de ahora de tener el control directo de las acciones contra la consulta y la policía autonómica pierde la exclusividad de clausurar locales electorales, entre los que hay escuelas, geriátricos, centros de salud, centros religiosos y hasta medios de comunicación.

La decisión ha sido acordada por la jueza Mercedes Armas, que instruye también la querella contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su Govern por desobediencia, prevaricación y malversación de fondos a raíz de la convocatoria del 1-O. Y no solo ordena que se impida la apertura de locales, sino que se requise el material sobre la consulta que se encontraran en los mismos, incluyendo ordenadores. También insta a los cuerpos de seguridad del Estado que impidan la apertura de dependencias públicas que se usen como infraestructura logística, como centros de procesamiento o de recuento de votos.

La magistrada subraya que se ha evidenciado “una clara inobservancia” por parte del Ejecutivo catalán de la suspensión del referéndum y de las resoluciones dictadas por ella misma, como el bloqueo de webs que informan de dónde tenían que ir a votar. “Dichas medidas cautelares han sido burladas” mediante la creación de otros dominios, detalla. Y ve previsible que esta “actitud renuente” se materialice en una jornada del 1-O en la que el Govern “facilite todos los medios a su alcance” para la consulta, por lo que es necesario tomar medidas para evitar la consulta. No recoge nada sobre la orden de la fiscalía para que se impida la votación en un radio de 100 metros de los colegios electorales, incluso en la calle.

Los cuerpos policiales deberán actuar “conjuntamente”, señala la jueza, y se contará con la colaboración de las policías locales. En este sentido, la fiscalía ha dictado nuevas instrucciones en las que ordena a las policías locales que no dejen salir las urnas propiedad del Estado confinadas en los ayuntamientos -que son las que se emplean en las convocatorias electorales-, a la vez que les requiere para que colaboren con los Mossos en el precintado de los colegios de votación, la incautación de material y el bloqueo de la constitución de las mesas electorales.

Los centros de salud

La Conselleria de Salut ha ofrecido 70 centros de asistencia primaria (CAP) como colegios electorales, de los que 67 no funcionarán ese día como servicio sanitario. Estarían cerrados. Los otros tres, son CAP de grandes dimensiones que tendrán dos puertas de acceso: una para pacientes y otra para votantes del 1-O. No todos estos centros han recibido notificación escrita sobre la obligación de sus directores de entregar las llaves del local el viernes.

El ‘conseller’ de Salut, Antoni Comín, ha asumido la presidencia de los 27 consorcios o empresas públicas vinculadas al departamento, una situación transitoria que quedará en suspenso después del 1-O. El motivo de esta acción, explica Salut, es que sea Comín quien firme el domingo las circulares que autorizarán que el personal sanitario adscrito a esos consorcios disponga de cuatro horas libres para votar.

Las trabas de los Mossos

La resolución del TSJC se ha producido pocas horas después de que el 'major' de los  Mossos, Josep Lluís Trapero, comunicara por escrito a la fiscalía de las dificultades que comporta el precintado de los colegios electorales y la necesidad de que sea un juez quien ordene la clausura. Esta advertencia la ha realizado el mando policial en la reunión celebrada en la sede de la fiscalía catalana con todos cuerpos de seguridad del Estado en Catalunya.

El documento sostiene que el cierre de estos locales supondría “impedir el desarrollo de las actividades que ordinariamente” se realizan en ellos, con la “posible afectación de derechos fundamentales”.  El 'major' indica que los Mossos actuaran bajo los  “principios de oportunidad, proporcionalidad y congruencia”.