EL ÓRDAGO SOBERANISTA

La Audiencia Nacional rectifica y será la jueza Lamela la que decida sobre la denuncia por sedición

Los agentes de la Guardia Civil salen de la Conselleria de Economia, esta madrugada.

Los agentes de la Guardia Civil salen de la Conselleria de Economia, esta madrugada. / periodico

Ángeles Vázquez / Madrid

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La Audiencia Nacional ha rectificado. El viernes el juez decano del tribunal envió al juez Ismael Moreno por reparto la denuncia presentada a última hora de ese día por la fiscalía sedición, pero este lunes ha comprobado que como el escrito fiscal se refiere específicamente a las concentraciones que se realizaron en Barcelona los días 19 y 20 debe ocuparse de ella la magistrada que estaba de guardia entonces, que era Carmen Lamela.

Lamela, que es la juez que apreció terrorismo en la agresión a los guardias civiles de Alsasua (Navarra), se opuso a investigar las denuncias fiscales contra ayuntamientos que suscribieron la declaración soberanista del Parlament que le correspondieron.

A última hora del viernes, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo interpuso una denuncia por sedición, que no se dirigía contra nadie en concreto, pero señalaba la intervención que tuvieron en las concentraciones el presidente de la Assamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Ambos animaron a los participantes. El primero dijo: "El 1 de octubre votaremos, si nos quitan las urnas, las construiremos" y "que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa". El segundo se subió a un coche de la Guardia Civil para pedir que la protesta continuara.

El escrito relataba cronológicamente los altercados vividos en las concentraciones de los días 19 y 20. Cita los tiros al aire por parte de agentes para evitar un presunto ataque a un furgón en la sede de la CUP, los cometidos contra vehículos de la Guardia Civil y el acoso sufrido por la comisión judicial que participaba en el registro de la 'Conselleria' de Economia. 

La letrada de la Administración de Justicia (antes, secretaria judicial) tuvo que abandonar el edificio por la azotea y el juez Juan Antonio Ramírez se vio obligado a llamar al 'major' de los Mossos d'Esquadra para que se garantizase la seguridad de los agentes y funcionarios que formaban la comitiva.