El hermano de Aznar, símbolo de la politización del Tribunal de Cuentas

Manuel Aznar, hermano del expresidente del Gobierno José María Aznar, es uno de los 12 consejeros del Tribunal de Cuentas que reclama a Artur Mas 5.251.948 euros por la consulta del 9-N. La politización ha puesto en la picota a este organismo en el que los designados por el PP son mayoría y que no depende del Poder Judicial. Del tribunal, que preside Ramón María Álvarez de Miranda García (exdiputado de la UCD e hijo del expresidente del Congreso), también forma parte Margarita Mariscal de Gante, exministra de Aznar.

La extitular de Justicia en el primer mandato aznarista (1996-2000) y exvicepresidenta del Congreso fue la encargada de revisar en primera instancia si el 'expresident' Mas, Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega cometieron malversación contable en la consulta soberanista del 2014. Carles Puigdemont ya tildó de "indecente" en su momento la decisión de este órgano fiscalizador de abrir un procedimiento por el 9-N. 

El 'president' ha sido solo una de las muchas voces que han puesto en duda la imparcialidad de un tribunal muy criticado por su politización. Se da la circunstancia de que el organismo que debe controlar la financiación de los partidos está dirigido por los grandes partidos. Sus miembros son elegidos a propuesta del Congreso y del Senado. Después de su última remodelación, en el 2012, cuenta con siete integrantes propuestos por el PP y cinco por el PSOE. El hermano mayor de Aznar y el resto de consejeros cobran 112.574 euros anuales, 33.000 más que el sueldo, sin dietas ni complementos, de Mariano Rajoy (78.967).

A Manuel Aznar le gustaba destacar en su currículum que en 1996, el año en que José María llegó a la Moncloa, renunció a ser nombrado adjunto segundo del Defensor del Pueblo, cargo al que había sido propuesto por el PP. Lo hizo, aseguraba, para que no hubiera dudas sobre su "independencia por razones de parentesco". Pero las razones de parentesco parecen primar mucho en la conformación del Tribunal de Cuentas, donde las denuncias de enchufismo entre sus más de 700 trabajadores han sido recurrentes.

Uno de los primeros escándalos fue la elección en 1993 de María José Molinuevo para codirigir la fiscalización de las cuentas de las autonomías. Según las denuncias llegadas al Parlamento, Molinuevo pertenecía al cuerpo técnico de la Administración de la Seguridad Social, especialidad sin relación alguna con el control externo de las autonomías. Pero había un elemento que igual ayudaría a entender su designación. Era la mujer de Federico Trillo, en aquel entonces vicepresidente del Congreso, que posteriormente sería ministro y hombre fuerte del 'aznarismo'.

Denuncia del Supremo

El Tribunal Supremo denunció en una sentencia en el 2013 que ya había más funcionarios nombrados por los partidos que de carrera; en esta línea este año, tras cuatro sentencias y dos autos, el Supremo logró forzar que se convocara con garantías la plaza que ocupa a dedo desde el 2013 Enrique Medina, hermano de Javier Medina (presidente de la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas). Entre las asalariadas de este órgano se encuentran también María Asunción y María Eugenia de la Fuente Asprón, hijas del exministro de Franco Licinio de la Fuente y primas de María José de la Fuente, otra consejera elegida a propuesta del PP.