Los Mossos critican la tutela del ministerio pero obedecerán

Nueva vuelta de tuerca del Gobierno, esta vez para tomar el control de los Mossos d'Esquadra. El fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, reunió ayer a los jefes de los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) para comunicarles que el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, asume la coordinación de las tres fuerzas de seguridad para impedir la celebración del referéndum por la independencia de Catalunya previsto para el 1-O.

El fiscal ha encargado que el Gabinete de Coordinación y Estudios del de la Secretaría de Estado de la Seguridad (Ministerio de Interior), que dirige el citado coronel Pérez de los Cobos, convoque «las reuniones» que sean necesarias entre los Mossos y el resto de policías para «requisar urnas», sobres electorales, manuales, propaganda y elementos informáticos destinados a la celebración de la consulta, órdenes recogidas en la instrucción 2/2017 del pasado 8 de septiembre. Romero de Tejada aclaró asimismo que este órgano estará bajo su «personal dirección».

Diego Pérez de los Cobos, el coronel exasesor de Fernández Díaz

Tras la comunicación, el conseller de Interior, Joaquim Forn, aseveró que los Mossos «no aceptarán esta decisión». El Govern ha encargado a sus asesores que investiguen qué «respuesta jurídica» puede darse a una orden que interpretan como «una injerencia inaceptable». El president, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, dieron pleno apoyo al titular de Interior.

Para las tareas de coordinación en Catalunya ya existe «la junta de seguridad», recordó Forn. Según el conseller, el Estado lo que pretende es «intervenir» los Mossos de la misma manera que han hecho «con las finanzas». «Pedimos tranquilidad porque los Mossos no renunciarán a sus competencias», añadió.

Simultáneamente, el major, Josep Lluís Trapero, envió un comunicado interno a sus agentes en el que matizaba las palabras del conseller. El major explicó que ha hecho saber al fiscal que «no comparte» la tutela de sus agentes por parte del Gobierno español pero aseguró que «seguirán cumpliendo con las órdenes». Trapero, en su misiva, también niega que esta orden suponga «en ningún caso» la intervención de los Mossos d'Esquadra por parte del Estado.

El fiscal justifica que ha tomado esta medida basándose en el artículo 46 de la Ley Orgánica 2/1986. Este dice que cuando las policías autonómicas «no dispongan de los medios suficientes para el ejercicio de las funciones» podrán recabar «el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». Estas fuerzas «actuarán bajo el mando de sus jefes naturales». El Govern entiende que este escenario no se ha dado y prepara un recurso jurídico.

Según la Fiscalía, la orden es pertinente «a la vista de los últimos acontecimientos acaecidos», en alusión no explícita a episodios como el ocurrido frente a la Conselleria d'Economia, cuando los Mossos tardaron en actuar contra manifestantes independentistas que impedían la salida de 18 agentes de la Guardia Civil que llevaban a cabo una operación que se saldó con 14 detenciones de cargos públicos encargados de llevar a cabo la consulta. O del poco celo que hasta la fecha han demostrado los Mossos para cumplir con la misión de impedir el referéndum, una tarea que lidera en solitario la Guarcia Civil.

PREVISIÓN / Fuentes del Ministerio de Interior remarcan que no se ha designado ningún mando porque el máximo responsable es el fiscal. Tampoco se pretende sustituir a los Mossos ni sustraer sus competencias. La medida se ha tomado ante la perspectiva de que «continúen adelante los propósitos delictivos» de los organizadores de un referéndum que ha sido declarado ilegal.

El Ministerio de Interior lleva varias semanas trasladando agentes hasta Catalunya. En total, unos 4.000. Con este refuerzo, la Guardia Civil y la Policía Nacional han aumentado su presencia hasta los 10.000 efectivos. Los Mossos cuentan con más de 17.000 agentes.