Juan Antonio Ramírez Sunyer, el juez azote del independentismo

Esta información se publicó el día 21 SEPT 2017. El contenido hace referencia a esa fecha.

El juez de Barcelona Juan Antonio Ramírez Sunyer, que el miércoles dirigió la operación de la Guardia Civil por los preparativos del referéndum del 1-O, se ha convertido en la bestia negra del independentismo. Está considerado en el mundo judicial como un magistrado discreto que no se deja influenciar. Tiene 70 años, no es miembro de ninguna asociación judicial y le gusta controlar de cerca todas las investigaciones. Es catalanoparlante. Un dato curioso: el año pasado fue condecorado por los Mossos d’Esquadra en un acto presidido por el 'president' Carles Puigdemont. Y otro: durante su trayectoria profesional ha ordenado el ingreso en prisión de militantes anarquistas y también envió a la cárcel a un joven que fue detenido por el altercado de Can Vies y que resultó absuelto.

Ramírez es un veterano magistrado con una larga trayectoria en la jurisdicción penal. Lleva más de siete meses investigando a altos cargos del Ejecutivo catalán por la preparación del referéndum independentista, pesquisas que se iniciaron por las palabras pronunciadas por el exmagistrado y exsenador de ERC Santiago Vidal, que insinuó que el Govern había obtenido datos fiscales de los catalanes de manera ilegal . Durante ese tiempo, este juez ha autorizado (que no ordenado) a la Guardia Civil a que tomara declaración a funcionarios, empleados o cargos de la Administración autonómica. En mayo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le comunicó que aceptaba su petición de permanecer en servicio hasta los 72 años.

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Tiene formación como ingeniero además de juez y entró por oposición en la carrera judicial cuando ya había cumplido los 40 años, en 1994. Sus primeros destinos fueron Terrassa, Sant Boi y Badalona. Después se convirtió en el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, organismo que en la actualidad dirige.

Polémicas actuaciones

En el 2004, el magistrado encarceló a dos vecinos de L’Hospitalet de Llobregat acusados de participar en un ataque de a una comisaría en el distrito de Sants de Barcelona. El juez consideró que existía “riesgo de fuga” por su precariedad laboral y falta de arraigo. Permanecieron en la cárcel unos dos meses. En el juicio fueron declarados inocentes, por lo que el Estado tuvo que indemnizarles por el tiempo que estuvieron entre rejas.

Un año después, Ramírez ordenó cárcel para un grupo de anarquistas que habían participado en una protesta de compañeros de Italia y en el 2006 tomó la misma medida contra otro seguidor de esta ideología por poner artefactos incendiarios en bancos. Por eso, el grupo radical Las Brigadas de la Cólera le envió un paquete bomba, que fue desactivado por los Tedax antes de explotar.

En el 2015 también ordenó el ingreso en prisión para un miembro de los Castellers de Sants por su participación en las protestas del centro okupa de Can Vies. Estuvo entre rejas 23 días. Tras el juicio quedó absuelto de causar los desórdenes. En verano de ese mismo año, el magistrado abrió diligencias contra el entonces director general de los Mossos d’Esquadra Albert Batlle por un presunto delito de omisión de perseguir delitos, ya que consideraba que al final de la Copa del Rey los silbidos al himno nacional podían considerarse injurias al Rey y ultraje a los símbolos de España.