El juez investiga si la Generalitat se ha gastado 6,2 millones en el 1-O

El juez de Barcelona que ordenó el miércoles las entradas y registros en varios departamentos de la Generalitat y empresas privadas está investigando si el Ejecutivo catalán se ha gastado 6,2 millones de euros en organizar el referéndum del 1-O. El magistrado solicitó a la Guardia Civil que requisara documentación sobre las partidas presupuestarias sobre procesos electorales que fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional. Una es de la Conselleria de Governació; de 407.500 euros, y otras corresponden a los fondos interdepartamentales, que suman 5,8 millones.

Según fuentes conocedoras de la investigación, los agentes copiaron información de los ordenadores de algunas de las 'conselleries' registradas, en especial de la de Vicepresidència y Economia. En los domicilios particulares registrados también se requisaron ordenadores y teléfonos móviles, incluso de familiares de los detenidos. De los 14 arrestados, ocho han quedado en libertad. La Guardia Civil ha atribuido a algunos arrestados, entre ellos el secretario general de Hisenda, Josep Maria Jové, no solo los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, sino también el de sedición, aunque la decisión final será del juez.

Fuentes de la defensa de Jové han denunciado que se ha diseñado una “estrategia de la suspensión de las garantías de los ciudadanos” con el único objetivo de no permitir el referéndum. “No sabemos quién ha ordenado las detenciones”, han explicado, para después calificar de “desproporcionada” la operación.

Gravedad de los hechos

El juez Juan Antonio Ramírez, que investiga desde hace meses los preparativos del 1-0, acordó el pasado miércoles 41 registros por “la gravedad de los hechos”, según expone en el auto. Lo que pretendía era obtener documentación y efectos, así como recabar información de cualquier tipo que pueda resultar necesaria para las pesquisas. El magistrado tomó esta medida, destaca el texto, ante el riesgo de destrucción u ocultación de pruebas.

De ahí que el juez autorizara a la Guardia Civil a inspeccionar los despachos, archivos e, incluso, cajas fuertes si las hubiera, así como a intervenir documentación y hacer copia de información almacenada en los dispositivos informáticos, como correos electrónicos, y datos telefónicos. Los agentes también buscaron contratos de servicios que pudieran tener vinculación con el 1-O y documentación, tanto en soporte físico como informático, sobre las partidas del presupuesto de la Generalitat suspendidas por el Constitucional, en "el caso de que se destinasen a la financiación” del referéndum.